Un grupo de 18 militares españoles que trabajan para la OTAN ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y coacciones. Según informó Europa Press, denuncian que habría denegado de forma irregular la concesión del pase a la situación de servicios especiales, un estatus que solicitaron al empezar su empleo para la Alianza.
Según señala la agencia, los querellantes ocupan actualmente puestos en diversas agencias de la OTAN bajo la condición de personal estatutario. Todos ellos son también militares de carrera y se encuentran en situación de excedencia por interés particular o de servicios especiales. La representación legal del grupo sostiene que la subsecretaria Mateos ha denegado, de forma contraria a la normativa vigente, el pase a la situación de servicios especiales a quienes han sido contratados como personal civil por la organización internacional.
Los militares recibieron ofertas de contratación o renovación en la OTAN y solicitaron el paso a esta categoría aportando los certificados oficiales sobre el carácter estatutario de sus nuevos puestos. Subrayan que a varios de ellos ya se les había concedido previamente el pase a servicios especiales por parte de la subsecretaria Mateos.
La representación legal sostiene que la subsecretaria ha rechazado reiteradamente estas solicitudes, contraviniendo la normativa vigente. Los abogados argumentan que en el pasado sí se concedieron estos pases, lo que demostraría el carácter arbitrario de las negativas actuales. Los denunciantes alegan que la justificación de Defensa, basada en la supuesta necesidad de una autorización previa del Estado español, carece de respaldo legal.
Ante la perspectiva de que sus solicitudes principales fueran denegadas, los militares solicitaron la excedencia por interés particular, una alternativa que consideran más perjudicial tanto en términos profesionales como económicos. Según la querella, la negativa de Defensa obliga a elegir entre renunciar al puesto en la OTAN o asumir una situación administrativa menos favorable.
El escrito presentado ante el Supremo sostiene que la actuación de la subsecretaria responde a criterios políticos y no jurídicos. Añade que el uso del poder público para imponer esta decisión constituye una forma de coacción, al situar a los afectados ante una elección forzada que limita sus derechos y afecta la representación española en la organización internacional.
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