Palma prohíbe crear nuevas plazas de alquiler turístico en viviendas: “Los pisos son para vivir”

El consejo de la Gerencia de Urbanismo de Palma ha aprobado este martes la prohibición total de nuevas plazas de alojamientos turísticos en viviendas en todo el municipio. Así lo ha anunciado Óscar Fidalgo, concejal de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, quien ha subrayado que “no existe ningún tipo de excepción” y que la decisión afecta a la totalidad del término municipal, según ha detallado este martes en una rueda de prensa.

Dicha medida implica la declaración de Palma como una “zona única” no apta para la comercialización de estancias turísticas vacacionales (ETV), blindando por completo el territorio frente a la creación de nuevas plazas. El alquiler turístico en edificios plurifamiliares ya estaba vetado en la ciudad desde 2018. Sin embargo, el nuevo acuerdo refuerza el marco regulatorio con una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 2023.

En concreto, la modificación elimina cualquier previsión de crecimiento que contemplaba hasta 374 plazas potenciales (231 en Palma ciudad y 143 en suelo rústico), suprimiéndolas de manera definitiva. Además, impide la renovación de las ETV de carácter no permanente, así como la transferencia de plazas existentes entre diferentes municipios.

Actualmente Palma dispone de 4.473 plazas de ETV distribuidas en 632 inmuebles, repartidos de la siguiente forma: 381 en el núcleo urbano, 76 en la zona de Playa de Palma y Can Pastilla y otras 175 en suelo rústico. La nueva normativa, según ha recalcado Fidalgo, garantiza que no se incremente esta cifra y “abre el camino a un decrecimiento progresivo de esta oferta, a medida que se vayan produciendo bajas definitivas de plazas”.

Medidas complementarias para contener el fenómeno turístico

El responsable de Urbanismo ha enmarcado esta restricción dentro de una estrategia municipal más amplia, que también ha incluido en los últimos meses decisiones como la suspensión de la apertura de nuevos albergues turísticos, la petición formal a la Autoridad Portuaria de Baleares para prohibir los conocidos como ‘partyboats’ en todo el Paseo Marítimo y la intensificación de la vigilancia policial en Playa de Palma.

Respecto a las viviendas turísticas ilegales que operan en Palma, Fidalgo ha reconocido la dificultad de calcular su número exacto. Al repasar la evolución reciente en el conjunto balear, ha destacado que entre 2015 y 2023 las licencias de alquiler turístico en Baleares han experimentado un aumento del 165%, según los datos oficiales.

Además, ha matizado que, aunque este tipo de alquiler representa “un factor estadísticamente menor” respecto a la subida de los precios de la vivienda, sí ejerce un impacto relevante sobre la convivencia vecinal en los barrios afectados: “Los pisos son para vivir y que concilien eso con la convivencia ciudadana”.

MÁS por Palma ve una propuesta tardía e insuficiente

El grupo municipal MÁS por Palma ha confirmado que votará a favor de la prohibición, considerando positiva la medida y remarcando que responde a una demanda que el partido lleva planteando desde hace años. No obstante, la formación ha advertido de que la propuesta impulsada por el Partido Popular “llega tarde” y peca de falta de ambición.

Su portavoz, Neus Truyol, ha recordado que entre 2015 y 2023 el PP “ha votado siempre sistemáticamente en contra de cualquier limitación, moratoria o prohibición del alquiler turístico”. Según Truyol, “el PP ha estado siempre del lado de quienes hacen negocio millonario con la vivienda. Mientras tanto, muchos vecinos de Palma son expulsados de la ciudad. La situación es totalmente insostenible”.

La portavoz de la agrupación turística ha indicado también que “con esta prohibición el PP llega dos años tarde”, señalando que no es “ambiciosa ni valiente”. Truyol ha considerado que son necesarias “medidas para reducir el alquiler turístico, no basta con no dar más licencias. Y con esta propuesta sólo desaparecerá el 2% del alquiler turístico de la ciudad. Es un número totalmente irrisorio”.

Además, la agrupación ha remarcado que el informe oficial que sirve de base al gobierno municipal para justificar la nueva normativa confirma de forma explícita los diagnósticos que tanto ellos como los movimientos sociales sostienen desde hace años: el alquiler turístico incrementa los precios de la vivienda y conlleva perjuicios medioambientales. “Es un modelo insostenible. Damos la bienvenida al PP a nuestras posiciones. Ahora se ven forzados a reconocer el desastre que ellos mismos han contribuido a crear”, ha señalado Truyol.