Vivienda ordena retirar más de 86.000 anuncios de pisos turísticos y de temporada ilegales de las plataformas digitales

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado a las principales plataformas online la existencia de 86.275 viviendas turísticas y de temporada ilegales, cuyos anuncios deberán ser retirados de forma obligatoria. Se trata de inmuebles que solicitaron el número de registro exigido por la normativa, pero que no lo han obtenido al no cumplir los requisitos establecidos.

Esta actuación se enmarca en la puesta en marcha del registro único de alquileres de corta duración, una herramienta clave para controlar el mercado y perseguir prácticas irregulares. España se ha convertido así en el primer país de la Unión Europea en adaptar la normativa comunitaria que obliga a crear este registro, con el objetivo de aumentar la transparencia, combatir la ilegalidad y proteger el mercado del alquiler residencial.

Desde el pasado mes de julio, todos los propietarios que quieran ofrecer una vivienda turística o de temporada deben contar con un código obligatorio, que otorgan los Registradores de la Propiedad. Este identificador se comparte posteriormente con las plataformas digitales a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, lo que permite cruzar datos y detectar anuncios que no cumplen la ley.

Una vez el Ministerio comunica la irregularidad, las plataformas que operan en el sector están obligadas a retirar los anuncios correspondientes, incluso aunque el inmueble se esté comercializando simultáneamente en varias webs. El objetivo es cerrar el cerco a un fenómeno que, según el Gobierno, ha contribuido de forma notable al encarecimiento de la vivienda y a la expulsión de vecinos de los centros urbanos.

Más de 412.000 solicitudes

Desde la entrada en vigor del registro obligatorio, se han presentado 412.253 solicitudes. De ellas, 320.620, el 78%, corresponden a alquiler turístico, mientras que 91.608, el 22%, se refieren a alquileres no turísticos, es decir, de temporada.

Sin embargo, los datos revelan una importante anomalía en la Comunidad de Madrid, donde el peso del alquiler de temporada es muy superior a la media nacional. En esta región, el 83% de las solicitudes corresponden a viviendas de temporada. En concreto, de las 26.355 solicitudes recibidas, 21.978 son de este tipo, frente a solo 4.377 de alojamientos turísticos.

Este fenómeno ha despertado la atención del ministerio, que considera que en muchos casos el alquiler de temporada puede estar utilizándose de forma fraudulenta para esquivar las restricciones impuestas al alquiler turístico tradicional.

Madrid y Barcelona, a la cabeza de las solicitudes revocadas

En el ranking de municipios con mayor número de solicitudes de registro revocadas para viviendas turísticas, Madrid encabeza la lista, con 5.344 solicitudes denegadas. Le siguen Barcelona (5.005), Marbella (2.993) y Sevilla (2.659).

También figuran entre los diez primeros València (1.874), Málaga (1.845), Torrevieja (1.240), San Bartolomé de Tirajana (1.056), Adeje (1.019) y Arona (942). Resulta especialmente llamativo el caso de la provincia de Málaga, que concentra hasta siete municipios entre los veinte con mayor número de peticiones rechazadas, lo que evidencia la fuerte presión del alquiler turístico en zonas de alta demanda.

En el ámbito autonómico, Andalucía lidera con claridad el número de solicitudes revocadas, con 21.872 registros denegados. Le siguen la Comunitat Valenciana (14.387) y Canarias (13.726), tres territorios donde el impacto del turismo sobre el mercado de la vivienda es especialmente intenso.

Proteger el alquiler residencial y frenar la gentrificación

Desde el Ministerio de Vivienda subrayan que el registro obligatorio ya está plenamente operativo y constituye una pieza clave para poner fin al fraude en los alquileres de corta duración. Al mismo tiempo, el Gobierno confía en que esta medida permita redirigir parte de estas viviendas hacia el mercado de alquiler residencial, ayudando a aliviar la escasez de oferta.

El Ejecutivo defiende que la proliferación de alojamientos turísticos ilegales ha provocado una subida desproporcionada de los precios, además de la expulsión de familias de sus barrios, una mayor gentrificación y la pérdida de identidad en muchas zonas urbanas.

Con estas actuaciones, el Ministerio de Vivienda busca preservar la función social de la vivienda, reforzar la seguridad jurídica y garantizar que el derecho a una vivienda digna no quede subordinado a usos especulativos. La ofensiva contra los pisos turísticos ilegales marca así un nuevo capítulo en la política de vivienda del Gobierno, que promete intensificar los controles en los próximos meses.