Los conservadores europeos piden a Bruselas evaluar la regularización masiva de migrantes en España: “Desencadenará un ‘goteo’ imparable de movimiento por todo el continente”

La posibilidad de una regularización masiva de migrantes en situación irregular en España ha encendido las alarmas para los conservadores en Bruselas. En una carta enviada a la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al comisario de Interior Magnus Brunner, el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) advierten de las consecuencias que tendría la regularización de 500.000 migrantes anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el espacio Schengen.

Para los miembros de este grupo, entre ellos los eurodiputados españoles Diego Solier y Nora Junco, que abandonaron Se Acabó la Fiesta y se pasaron al grupo de Meloni, esta iniciativa “socava la credibilidad del control migratorio de la Unión Europea” y genera efectos que trascienden las fronteras españolas, por lo que piden que se evalúe dicho impacto, como recoge la misiva, a la que ha tenido acceso The Objective y Europa Press.

“En pocos años -tan solo cinco, o incluso dos para ciertas nacionalidades-, estas 500.000 personas serán elegibles para la ciudadanía española y, por tanto, europea. Esto desencadenará un “goteo” constante e imparable de movimiento por todo el continente, haciendo de la falta de rigor fronterizo de España una responsabilidad permanente para cada Estado miembro", escriben.

Además, subrayan que una regularización de esta magnitud “no puede tratarse como puramente doméstica” y advierten de que estas medidas erosionan la confianza entre los Estados miembros en materia de gestión eficaz de fronteras y migración, dificultando tanto la aplicación de retornos efectivos como el uso de la condicionalidad en la política de visados para garantizar la cooperación de países de origen y tránsito.

Ante este escenario, los eurodiputados plantean a la Comisión, entre otras medidas, la elaboración y publicación de una evaluación formal sobre el impacto que una regularización masiva tendría en el área de libre circulación que comprende a 29 países europeos, incluyendo sus efectos sobre los movimientos secundarios, la presión fronteriza, la capacidad operativa y los controles de seguridad interior.

También reclaman que Bruselas aclare cómo encaja una medida así con el derecho comunitario y con los objetivos de la política europea de retorno y readmisión, así como qué salvaguardas serían necesarias para evitar que decisiones nacionales minen las estrategias comunes. A ello suman la petición de reforzar las consecuencias para los terceros países que no cooperen en la readmisión de sus nacionales, utilizando de forma más coherente la política de visados y otros instrumentos de presión.

Por último, instan a la Comisión a proponer medidas concretas para “restaurar el control”, con un enfoque operativo más sólido en materia de retornos, criterios claros de evaluación y una mejor coordinación entre Estados miembros. “La credibilidad de Schengen y la confianza pública en la capacidad de Europa para gestionar la migración dependen de políticas coherentes y aplicables”, concluye la carta, en la que los firmantes se ofrecen a debatir el asunto con la Comisión “a la mayor brevedad posible”.

Corresponde a los Estados decidir cómo gestionar la migración

El comisario de Interior, Magnus Brunner, señaló la semana pasada que corresponde al Gobierno español determinar las soluciones legales para los migrantes en el país, dado que se trata de una competencia nacional. Brunner indicó que la regularización extraordinaria representa una opción legal viable para responder a las necesidades del mercado laboral español.

Respecto a las personas que ya se encuentran en un Estado miembro de la Unión Europea, Brunner subrayó que corresponde a los Estados decidir cómo gestionar la migración legal y la mano de obra necesaria en sus territorios. “Eso es lo que está haciendo España”, afirmó durante una rueda de prensa, según informó Europa Press.