La regularización histórica de Zapatero que transformó la economía: cada migrante legalizado en 2004 aportó 3.504 euros en cotizaciones sociales

En 2004, el sistema de Seguridad Social de España experimentó uno de los mayores saltos en recaudación de su historia reciente, impulsado por una decisión política inesperada tras los atentados del 11 de marzo en Madrid. El entonces recién elegido gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha una regularización masiva que permitió a cerca de 600.000 inmigrantes obtener la documentación necesaria para trabajar legalmente. Esta medida implicó que toda esta cantidad de personas que hasta el momento no cotizaban empezaran a hacerlo. El flujo de recursos en las arcas públicas se benefició de esto.

El impacto fiscal inmediato de esta amnistía migratoria se refleja en una cifra clave: cada inmigrante recién legalizado aportó, en promedio, 3.504 euros en concepto de cotizaciones sociales, según un estudio elaborado por la Universidad de Barcelona y la de Copenague en 2027 titulado Understanding the Effects of Legalizing Undocumented Immigrants (Entendiendo los efectos de la legalización de inmigrantes indocumentados).Este dato, extraído del análisis de las estadísticas oficiales de la Seguridad Social y de una amplia batería de encuestas y registros administrativos, permite dimensionar el alcance económico de una de las regularizaciones más significativas que ha habido en España.

La legalización masiva de 2004 no era parte del guion político habitual. El gobierno de Zapatero llegó al poder tras una secuencia de acontecimientos trágicos y sorpresivos: los atentados del 11-M, que costaron la vida a casi 200 personas, alteraron el resultado de unas elecciones que las encuestas daban por ganadas al Partido Popular. Como consecuencia de ese vuelco, una de las primeras leyes del nuevo Ejecutivo fue el lanzamiento de un proceso de regularización dirigido a los migrantes que ya residían y trabajaban en España, muchos de ellos en situación irregular.

El procedimiento, que se extendió entre febrero y mayo de 2005, permitió que más de 578.000 solicitudes fuesen aprobadas en un corto periodo, incrementando de manera abrupta el número de trabajadores inscritos en la Seguridad Social. El efecto fue inmediato: la proporción de inmigrantes registrados en el sistema pasó del 6 al 9 % de la fuerza laboral en apenas tres meses, con aumentos especialmente pronunciados en provincias como Alicante, Baleares, Girona, Madrid y Málaga.

El caso de los servicios domésticos y los salrios

La consecuencia más directa y medible de la regularización fue el aumento de los ingresos por cotizaciones sociales. En las provincias con mayor presencia de migrantes, la recaudación de impuestos sobre la nómina creció un 2% solo en el primer año tras la medida, mientras que en las regiones con menor inmigración el alza fue de alrededor del 1%, según recoge el citado estudio. Sectores como el de los servicios domésticos, donde la presencia de trabajadores extranjeros era especialmente alta, registraron subidas de hasta el 100% en la recaudación.

Sin embargo, el análisis revela que la contribución media de 3.504 euros por migrante legalizado equivalía solo al 49% de lo que se habría esperado si se considerara únicamente el número de nuevos afiliados. Esta diferencia se explica, en parte, porque los migrantes regularizados tendían a ocupar empleos de menor remuneración respecto al promedio del mercado laboral, y también porque la entrada masiva de nuevos cotizantes afectó el empleo de otros trabajadores, especialmente los menos cualificados.

El estudio recalca que, aunque los beneficios fiscales fueron notables, el impacto no fue homogéneo: mientras algunos colectivos laborales se vieron favorecidos, otros experimentaron pérdidas de empleo y, en menor medida, de salario. Según el análisis, “la política tuvo importantes consecuencias distributivas: tanto los nativos como los nuevos trabajadores legalizados de baja cualificación fueron perjudicados, mientras que los trabajadores nativos e inmigrantes altamente cualificados se beneficiaron”.

La regularización generó importantes movimientos en el mercado de trabajo. Por cada 10 migrantes que obtuvieron la legalidad, seis nativos poco cualificados y tres inmigrantes también poco cualificados perdieron su empleo, una señal clara de competencia en los segmentos laborales de menor formación. En contraste, los trabajadores con mayor cualificación —tanto nativos como extranjeros— experimentaron una mejora en sus oportunidades de empleo y, en el caso de los inmigrantes cualificados, un aumento salarial significativo.

Este cambio en las dinámicas laborales se reflejó también en la movilidad interna de los inmigrantes. La investigación detalla que, tras la regularización, por cada migrante legalizado, 0,43 inmigrantes poco cualificados se desplazaron de las regiones con alta inmigración a otras con menos presencia extranjera, en búsqueda de mejores oportunidades o menor presión competitiva.

El valor fiscal real y las complejidades del cálculo

Más allá del dato directo de 3.504 euros por inmigrante, los autores del estudio profundizan en las dificultades para cuantificar el impacto fiscal neto de la medida. Si bien la recaudación aumentó de forma visible, el efecto en el mercado laboral y los movimientos internos de la población migrante generaron un cálculo más complejo.

Al ajustar las estimaciones para tener en cuenta que los nuevos cotizantes percibían salarios inferiores y que parte de los inmigrantes desplazados continuaban contribuyendo en otras regiones, la aportación media por migrante legalizado se elevó hasta los 4.398 euros. Este ajuste, un 26 % superior a la cifra original, evidencia que los programas de amnistía pueden tener beneficios fiscales incluso mayores de lo que indican los datos brutos, especialmente en contextos donde los inmigrantes ya accedían a servicios públicos como sanidad y educación antes de la regularización.