El desafío tras la reubicación desde Canarias de los 877 menores migrantes no acompañados: “Necesitan un entorno seguro, ser escuchados”

Tras el anuncio del Gobierno central el pasado viernes sobre la culminación del proceso de reubicación de 877 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a diferentes comunidades autónomas, organizaciones como Unicef y Amnistía Internacional advierten de que ahora el principal reto es garantizar la protección de estos niños, niñas y adolescentes, quienes en su mayoría se han visto obligados a dejar sus países por situaciones de pobreza, violencia, falta de oportunidades, inestabilidad política o incluso conflictos armados.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que calificó de “hito” este traslado, aseguró que el Ejecutivo cumple así con la modificación del Artículo 35 de la Ley de Extranjería y con el requerimiento del Tribunal Supremo para mejorar las condiciones de estos menores migrantes, que se encontraban hacinados en los territorios frontera. También precisó que el Gobierno ya ha integrado a los 693 menores migrantes solicitantes de asilo, identificados por el Supremo, en el Sistema Nacional de Protección Internacional. De este grupo, 567 son menores y 126 ya alcanzaron la mayoría de edad, aunque continúan en el sistema. De los menores, 436 fueron trasladados a la Península y 131 permanecen en recursos estatales en Canarias.

Desde Amnistía Internacional, que recuerda que el Tribunal Supremo determinó que al menos 1.000 menores solicitantes de asilo en Canarias debían recibir atención directa del Gobierno central, critican la demora en el proceso de traslado y “la falta de una acogida adecuada” en algunos destinos, además de la lentitud de la respuesta y los obstáculos presentados por algunas comunidades autónomas. La organización sostiene que el interés superior del menor debe guiar cada decisión administrativa, considerando sus circunstancias y opiniones, y exige que todas las autoridades garanticen condiciones dignas en el lugar de destino y trabajen en soluciones duraderas que protejan sus derechos.

Unicef, por su parte, remarca que todos los niños, niñas y adolescentes cuentan con los mismos derechos, “incluidos quienes se encuentran bajo medidas de protección” y destaca la necesidad de escuchar sus voces para “comprender sus necesidades reales y su situación”. Por ello, la ONG considera clave ofrecerles información clara y adaptada sobre cada proceso y decisión.

“Es importante reducir al mínimo su incertidumbre, por lo que dar información y generar una buena rutina es fundamental para que se sientan estables y seguros. Es fundamental que los sistemas de protección les cuenten qué va a pasar, dónde van a estar y qué recursos tienen cercanos”, señala en conversación con Infobae la responsable de incidencia nacional de Unicef España, Lucía Losoviz. Los menores migrantes no acompañados que llegan a un centro residencial o a una nueva comunidad autónoma, añade la experta, necesitan encontrar “un entorno seguro y protector, donde reciban atención individualizada y el compromiso de apoyar su desarrollo personal, educativo, sanitario y su inclusión sociolaboral”.

Servicios de salud mental y apoyo psicosocial especializados

Además, Unicef advierte sobre la urgencia de tramitar la documentación de los menores, muchos de los cuales están cerca de la mayoría de edad, para proteger sus derechos presentes y futuros.

La organización también recomienda que los centros residenciales estén integrados en barrios y ciudades, facilitando el acceso a servicios esenciales, educación, salud, actividades deportivas y espacios de esparcimiento, al tiempo que destaca la necesidad de que haya servicios de salud mental y apoyo psicosocial especializados en infancia y con perspectiva transcultural, así como la formación del personal para detectar y atender situaciones de trauma.

“Estos niños han vivido experiencias traumáticas que necesitan de un acompañamiento. Por eso también es fundamental que haya personal formado que pueda comprenderles para tomar medidas que garanticen ese bienestar emocional", concluye Losoviz.

El riesgo que afrontan los menores no acompañados al migrar hacia España se enmarca en una realidad más amplia y dramática. Según el balance publicado por la ONG Caminando Fronteras, entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025 un total de 3.090 personas migrantes fallecieron en su intento de alcanzar las costas españolas. Aunque la cifra representa un descenso respecto a 2024, la travesía sigue siendo extremadamente peligrosa, especialmente para niños y adolescentes que viajan sin sus familias.

La ruta argelina, que conecta la costa de Argelia con las islas Baleares, fue la más transitada y dejó 1.037 víctimas, el doble que el año anterior. Sin embargo, la más letal continúa siendo la ruta atlántica hacia las islas Canarias, donde murieron 1.906 migrantes.