La firma del acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia católica el pasado 8 de enero, que creará una nueva vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de víctimas de abusos sexuales en el entorno eclesiástico, ha supuesto un punto de inflexión para muchas víctimas y cada vez son más quienes deciden dar el paso y buscar justicia. Tras años de silencio, a raíz de este pacto asociaciones de supervivientes de estos abusos han recibido nuevos testimonios.
“En 15 días han llegado once casos nuevos a la asociación, lo que evidencia que había gente que estaba a la espera de que se produjera un acuerdo así, de ser reparados y reconocidos, y no tengo duda de que en los próximos meses nos llamará más gente para para exponernos su casuística”, explica a Infobae el presidente de la Asociación Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas.
La mayoría de los testimonios, que corresponden a hombres que sufrieron abusos durante su infancia por parte de sacerdotes y miembros de órdenes religiosas, ya se habían presentado ante el Defensor del Pueblo, aunque las víctimas no habían contactado directamente con ANIR. No obstante, aclara Cuatrecasas, tres de esos casos no habían sido trasladados al organismo dirigido por Ángel Gabilondo.
Mientras recopilan todos los casos recibidos, las asociaciones de víctimas permanecen a la espera de que las autoridades expliquen con detalle el funcionamiento y criterios de actuación del nuevo plan de atención y asesoramiento acordado entre el Estado y la Iglesia. “Sabemos que había un mes de plazo para firmar el convenio. Iremos recabando todas las llamadas que nos trasladen para luego poder asesorarles convenientemente”, señala Cuatrecasas, cuyo hijo sufrió abusos sexuales por parte de José María Martínez Sanz, miembro y profesor de un colegio del Opus Dei en Bilbao, entre los años 2008 y 2010.
El presidente de ANIR hace un llamamiento a quienes hayan sufrido abusos sexuales en el ámbito eclesiástico para que se animen a dar su testimonio. Insiste en que este es un momento clave para las víctimas, ya que, si no hablan ahora, “probablemente no puedan llegar a dar nunca testimonio de un delito prescrito”. Subraya asimismo que se trata de un derecho y no de una concesión. “Es una gran oportunidad, están exigiendo sus derechos y tienen la posibilidad de iniciar un camino para poder liberar todo su dolor y su drama humano. Esto no es una limosna, como pretenden muchos miembros de la Iglesia”, concluye.
La Iglesia pagará las indemnizaciones
El acuerdo firmado el pasado 8 de enero entre el Ministerio de Justicia, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos, que salió adelante tras una compleja negociación y “gracias al impulso del Vaticano”, establece un mecanismo extrajudicial de atención, reconocimiento y compensación para quienes sufrieron abusos en el entorno de la Iglesia y se han visto privados de acceso a la justicia penal, principalmente por la prescripción de los delitos.
El Defensor del Pueblo revisará cada caso y propondrá una forma de reparación, bien sea simbólica, restaurativa, espiritual o económica, de acuerdo con lo solicitado por la persona afectada. Si la propuesta es aceptada por ambas partes, la Iglesia realizará la indemnización. En el caso de que no haya conformidad, una comisión integrada por víctimas, Iglesia y Estado buscará una solución. Si tampoco se llega a un acuerdo en esa comisión, prevalecerá la decisión del Defensor del Pueblo, según informó el Gobierno.
El Ejecutivo también ha confirmado que las indemnizaciones a las víctimas serán abonadas por la Iglesia. Estas compensaciones estarán exentas del impuesto sobre la renta y tendrán carácter retroactivo.
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