Cuando el agresor sexual y su entorno hostigan a la víctima tras la denuncia: “No solo te enfrentas a un pederasta, sino a la poderosa institución de la Iglesia”

Si hay algo en lo que coinciden las víctimas que han sufrido abusos sexuales en la infancia son las consecuencias psicológicas que dejan de por vida este tipo de agresiones. A Juan Cuatrecasas, un joven que fue abusado entre 2008 y 2010 por el pederasta José María Martínez Sanz, miembro y profesor de un colegio del Opus Dei en Bilbao, le costó mucho poner nombre a lo que le había ocurrido y a día de hoy, con 27 años, aún trata de recomponer su vida. A veces le cuesta dormir, otras comer, mientras los episodios de depresión vienen y van hasta el punto de que ha intentado suicidarse en varias ocasiones.

Juan reconoce que ahora está mejor o que al menos tiene “etapas en las que se siente más seguro”, pero sigue habiendo momentos “bastante jodidos” aunque hayan pasado 15 años. Los abusos sexuales ocurrieron en el colegio Gaztelueta en Leioa, Bizkaia, cuando tenía 12 años. Con la excusa de la tutoría, su profesor le llamaba al despacho una media de tres veces por semana y cada reunión duraba casi una hora, a diferencia del resto de los alumnos, que acudía una vez por semana durante unos 15 minutos. La actitud del numerario del Opus Dei, recuerda el joven, era especialmente perversa, pues contaba detalles de algunas conversaciones a otros estudiantes de la clase que a su vez aprovechaban para hacer bullying a Juan, que no entendía cómo alguien que “supuestamente debe protegerte puede hacer algo así”.

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“Si [a este profesor] le preguntaban por qué salía con tanta frecuencia de clase, simplemente podía decir que yo necesitaba más ayuda con alguna asignatura que el resto, porque no había ningún control por parte de sus superiores”, relata Juan a Infobae España, que explica que aunque era algo que le causaba rechazo, tampoco tenía capacidad de decidir si quería o no hacerlo: “Era una imposición”.

Informe del Defensor del Pueblo

Juan es tan solo una de las 440.000 víctimas -el 1,3% de la población- que ha sufrido abusos sexuales en el ámbito religioso en España, según reveló el pasado mes de octubre el informe del Defensor del Pueblo sobre pederastia en la Iglesia católica tras el encargo de hace un año y medio por parte del Congreso de los Diputados.

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Las cifras, que son incluso más elevadas que las 330.000 víctimas que registró Francia en 2021 sobre las últimas décadas, contradicen la versión que la iglesia española ha dado durante años, pues aseguraba que el país era una excepción y siempre se ha negado a permitir una investigación para media el alcance real de los casos. De hecho, aunque tras el informe del Defensor del Pueblo la iglesia ha pedido perdón a las víctimas, también ha cuestionado la veracidad de que esos abusos estén tan extendidos.

Pese a todo, los supervivientes de abusos sexuales durante la infancia no se rinden ni en España ni en otros lugares de Europa y siguen buscando justicia y reparación, tal y como mostraron la semana pasada acudiendo a Bruselas junto a organizaciones y activistas para entregar al Parlamento Europeo una petición con más de 540.000 firmas en la que reclaman la aprobación de la ley contra el abuso sexual infantil (CSAM).

La legislación propuesta, señalan las organizaciones, obligaría a las empresas a tomar medidas para prevenir los daños contra los niños en sus plataformas y, en caso necesario, a detectar, denunciar y eliminar eficazmente los contenidos que muestren abusos sexuales a menores.

Juan también estuvo presente en Bruselas, donde contó las secuelas que le han dejado los abusos sexuales, pues han afectado sus relaciones sociales, especialmente con gente de su edad, además de haberle generado “un retraso de unos cinco años” a nivel académico. No hace mucho que terminó sus estudios en Derecho y, tras varios intentos fallidos, ahora está estudiando un máster.

Como tantas otras víctimas, Juan tenía miedo a que nadie le creyera, y guardó silencio durante unos tres años, un periodo muy difícil en el que una y otra vez repetía que no quería acudir al colegio, pero no podía dar más explicaciones. De hecho, fue el acoso escolar que sufría por parte de sus compañeros lo que le hizo hablar en primer lugar y, a partir de ahí, “explotó” y empezó a contar los abusos sexuales a los que le sometía su profesor de religión. “Se me hacía un mundo hablar del acoso y de los abusos, así que iba contando lo que cada día era capaz de contar”, recuerda ahora.

El agresor arremete contra la víctima

El joven considera que cualquier institución que cometa delitos “contra una persona inocente tiene que repararla” y, como la Iglesia católica no lo hace, “se retrata a sí misma”. En este caso, además, su agresor le tildó de “mentiroso” tanto a él como a su familia en un blog que escribió específicamente para ello, a pesar de que fue condenado a dos años de prisión por haber abusado sexualmente de su alumno. En primera instancia Martínez Sanz recibió una condena de 11 años de prisión, pero tras recurrir, el Tribunal Supremo la rebajó a dos años por considerar que se vulneró su presunción de inocencia en la sentencia dictada por la Audiencia de Bizkaia.

“Fue otro jarro de agua fría”, explica la madre de Juan, Ana Cuevas, una de las fundadoras de la asociación Infancia Robada, que asegura que “ya no solo se trata de un cura pederasta, sino de toda una institución poderosa que lo protege” como en tantos otros casos. “Está claro que a nivel judicial algo falla en el sistema cuando la mayor parte de las víctimas no pueden demostrar sus abusos y, por tanto, muchos procesos terminan siendo archivados y eso permite a los pederastas poner una demanda a las víctimas por difamación”, sostiene.

Una vez denuncian las agresiones, muchas víctimas sufren un “abuso continuado en el tiempo por parte del pederasta y su entorno”, explica Cuevas, lo cual “es tan grave o peor” que la propia agresión, ya que la revictimización impide a los supervivientes rehacer sus vidas.

Este tipo de actuaciones, añade Cuevas, “son las que hay que parar” porque realmente “nadie se mete en este berenjenal si no es verdad”. “El daño es infinito y no dejan a las víctimas ni tan siquiera recuperarse”. Y es que además de los propios supervivientes, quienes también saben el sufrimiento que provocan las agresiones sexuales son sus familiares. “Todo el mundo entiende a día de hoy lo que puede ser sufrir un abuso sexual, el momento, pero muy poca gente conoce lo que hay el día después, el día a día de cada víctima, porque tienen que aprender a vivir con ello el resto de su vida y no es fácil”, aclara.

Además, las víctimas deben afrontar gastos como las terapias con psicólogos o tomar medicación “de por vida”.

Avances importantes, pero aún queda por hacer

Cuevas considera que España ha logrado avances importantes en los últimos años en materia de derechos de la infancia con la aprobación de la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia y con el informe del Defensor del Pueblo, al que califica como una “respuesta necesaria” sobre la pederastia en el ámbito de la Iglesia católica. Sin embargo, añade, “hay que seguir trabajando amparados en el interés superior de los niños y niñas”, pues hay informes preocupantes como el último del Centro Reina Sofía Fad Juventud, que indica que seis de cada diez jóvenes en España (62,5%) consumen pornografía y, de estos, casi la mitad admite que ve demasiado (45,8%) y que ha intentado reducirlo pero no ha podido (45,7%). “Tenemos la obligación de reaccionar”, asegura

La fundadora de Infancia Robada recuerda que aunque el reconocimiento del daño causado y la reparación del mismo es fundamental para los supervivientes de abusos sexuales, “pues de lo contrario no hay curación”, también es importante destacar que cada víctima tiene una serie de necesidades, dependiendo de cómo y cuándo hayan sucedido los hechos. Ayudarles por ejemplo a que “mantengan una estabilidad laboral” o que puedan acceder a una terapia es clave para que “puedan vivir más tranquilos”, concluye.