El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 trabaja en una modificación de la actual normativa para aumentar la protección de los consumidores ante incrementos de precios abusivos en situaciones de vulnerabilidad para los usuarios. Esta nueva regulación limitaría los incrementos denunciados por los clientes en el coste de billetes de transporte alternativo tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y la consecuente interrupción de vario servicios entre Andalucía y Madrid.
Según ha explicado la cartera de Pablo Bustinduy, el Gobierno busca introducir medidas para monitorizar las fuertes subidas en los precios dinámicos con los que algunas compañías de transporte fijan sus tarifas en momentos de demanda disparada, como ha ocurrido tras la tragedia que se ha cobrado 41 vidas desde este domingo. Consumo también apunta que esta inicitaiva ya estaba contemplada en la última versión del Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, presentado en diciembre del pasado año y que el Ministerio pretende aprobar en segunda vuelta en el Consejo de Ministros.
La normativa obligará a las empresas de informar por adelantado sobre la evolución prevista de sus tarifas. Las compañías deberán comunicar previamente el precio del producto o servicio mientras esté disponible, y se les prohibirá cobrar más que la cantidad anunciada para esa fecha. Así, Consumo espera evitar que circunstancias imprevistas o catástrofes sirvan como justificación para aplicar incrementos abusivos en los precios.
Facua pide modificar la ley par ampliar la protección
La asociación de consumidores Facua ya había denunciado la falta de protección a los viajeros explicando que estas alzas son abusivas. Este martes, ha urgido al Gobierno a modificar la normativa vigente para impedir que las empresas se beneficien en estas situaciones, en las que Rubén Sánchez, portavoz de la organización, considera que “se están aprovechando de forma miserable”.
Actualmente, la ley solo prohíbe los incrementos automáticos de precios en contrataciones online cuando existe una emergencia de protección civil declarada oficialmente, dejando fuera casos como el siniestro de Córdoba. Facua reclama una reforma que amplíe la prohibición de subidas abusivas a cualquier situación de urgencia, tanto en contratos presenciales como digitales, y sin necesidad de declaración oficial de emergencia.
Derecho a reembolso o nuevo billete
En el comunicado, el Mnisterio también ha recordado los derechos específicos con los que cuentan los viajeros ante esta situación. Según Consumo, las personas que tenían viajes contratados con trenes interrumpidos pueden exigir a la compañía operadora un transporte alternativo que les permita continuar el trayecto cuanto antes, o bien en una fecha que les resulte conveniente, sin que esto implique un coste adicional.
Cuando la empresa no ofrece esa alternativa y el pasajero debe buscar otra opción por cuenta propia, existe el derecho al reembolso de los gastos razonables originados por el cambio. El Ministerio recomienda conservar todos los comprobantes para facilitar este trámite. En los casos en que el viajero decida cancelar su desplazamiento, la normativa establece que la operadora debe reintegrar el importe total del billete en un plazo máximo de treinta días desde la solicitud, siempre y cuando la reclamación se presente dentro de los tres meses posteriores a la fecha del viaje frustrado.
Las reclamaciones por cancelaciones o retrasos deben dirigirse de forma directa a las compañías a través de los canales habilitados. Asimismo, el Ministerio pide que no se utilicen para estos fines los canales de emergencia reservados para la comunicación con familiares de pasajeros afectados por el accidente.
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