Detienen a dos funcionarios de la cárcel de Palma por favorecer a presos a cambio de dinero: introducían móviles y objetos de lujo en la prisión

Dos funcionarios del Centro Penitenciario de Palma y una mujer del entorno de un interno han sido detenidos esta semana por su presunta implicación en una trama de corrupción dentro de la prisión mallorquina. La investigación apunta a un sistema sostenido de introducción de objetos prohibidos y concesión de beneficios penitenciarios a determinados reclusos a cambio de dinero, sin que, según las fuentes consultadas, se haya detectado tráfico de drogas en el interior del penal.

Las detenciones se produjeron tras una investigación iniciada a instancias de Instituciones Penitenciarias, que detectó irregularidades en el funcionamiento interno del centro. La dirección de la cárcel puso los hechos en conocimiento del Grupo I de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, que asumió las pesquisas en colaboración con la Inspección Penitenciaria.

Los investigadores constataron la existencia de un trato de favor reiterado hacia algunos internos, materializado tanto en beneficios dentro del régimen penitenciario como en la entrada ilegal de objetos no autorizados. Entre los artículos introducidos se encontraban teléfonos móviles y productos considerados de lujo, cuya presencia en el centro penitenciario está expresamente prohibida por la normativa vigente.

Un sistema de favores a cambio de dinero

La investigación policial permitió identificar la participación directa de dos funcionarios del centro, uno de ellos con categoría de jefe de servicios, así como de una mujer allegada a varios reclusos. Según las diligencias, esta última actuaba como intermediaria entre los internos y los empleados públicos, facilitando el pago de determinadas cantidades a cambio de favores concretos.

Los agentes documentaron que las introducciones ilegales de objetos se produjeron en más de una ocasión y que los beneficios concedidos no respondían a criterios reglamentarios, sino a acuerdos económicos previos. Las familias de algunos internos habrían participado en estos pagos, de acuerdo con fuentes próximas a la investigación.

Tras recabar pruebas suficientes, la Policía Nacional procedió a la detención de los dos funcionarios y de la mujer. Una vez puestos a disposición judicial, el juzgado de guardia decretó el ingreso en prisión provisional del jefe de servicios y de la supuesta cómplice, mientras que el otro funcionario quedó en libertad con cargos. De forma especialmente significativa, el funcionario de mayor rango ingresó en la misma cárcel en la que había desempeñado su trabajo hasta pocos días antes.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas diligencias para determinar si existen más personas implicadas o si el alcance de las irregularidades fue mayor del inicialmente detectado. Fuentes policiales subrayan que, hasta el momento, no se ha hallado indicio alguno de que la trama estuviera relacionada con la introducción de estupefacientes en el penal.

Un antecedente reciente en el mismo centro

El caso tiene un precedente inmediato en la misma prisión. El pasado 21 de julio de 2024, un jefe de servicios del centro —el mismo que ahora ha ingresado en prisión— fue suspendido de empleo y sueldo durante 45 días por un expediente disciplinario vinculado a un presunto caso de corrupción interna. En aquella ocasión, la investigación administrativa se centró en el trato de favor dispensado a una interna de nacionalidad rumana condenada por delitos de estafa.

Según se acreditó entonces, la reclusa habría recibido artículos de lujo prohibidos en el interior del penal a cambio de pagos económicos. La investigación se inició tras detectar la dirección del centro que la interna disfrutaba de privilegios no justificados. Inspección Penitenciaria recabó testimonios y documentación hasta concluir que existían indicios suficientes para sancionar al funcionario, aunque la causa penal siguió su propio curso.

La mujer cumplía condena por estafar cerca de 400.000 euros a un ciudadano alemán residente en Mallorca y a otras víctimas, a las que engañaba haciéndoles creer que procedía de una familia adinerada y que atravesaba una situación personal delicada. Su caso había generado una notable atención mediática en la isla.

La detención actual se produjo después de que el jefe de servicios no acudiera a su puesto de trabajo. Tras varias gestiones internas, sus compañeros confirmaron que había sido arrestado por la Policía Nacional. Desde entonces, agentes judiciales y policiales han acudido de forma reiterada al penal para entrevistarse con responsables del centro y recabar información adicional sobre los hechos investigados.

En el pasado también fue juzgado en relación con el denominado caso Cursach, tras una denuncia presentada por el hijo de la narcotraficante conocida como ‘La Paca’, que le acusó de haberle obligado a firmar una carta cuando se encontraba en prisión. Aquella causa concluyó con la absolución del funcionario y de un policía local de Palma. También llegó a estar privado de libertad en otra etapa por delitos contra la salud pública y obstrucción a la justicia.