Más de 32.700 personas murieron esperando una resolución del sistema de la dependencia en 2025, según el Observatorio Estatal para la Dependencia, que eleva la lista de espera hasta 258.167 personas, de las cuales 109.260 están pendientes de una valoración y 148.907, de prestaciones y servicios que tienen reconocidos.
“Casi dos de cada tres personas fallecidas residían en Cataluña (9.116), Andalucía (6.995), Comunidad Valenciana (3.103) o Canarias (2.202)”, detallan los profesionales de los servicios sociales. Algo que la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha calificado como un “drama silencioso”. Sin embargo, el Ministerio de Derechos sociales reduce la lista de espera oficial únicamente a aquello que llevan más de seis meses esperando. Según los datos del organismo, son 152.693 personas las que a día de hoy esperan plaza en una residencia.
“Parece cruel no tener en cuenta parte de estas 258.167 personas, que no solo son una cifra, sino personas reales, junto a sus familiares, que están esperando durante meses una respuesta de la Administración”, critican desde la Asociación. Según sus cálculos, a este ritmo se tardarán 21 años en atender la demanda completa.
Avances reales vs realidad diaria
El Ministerio de Derechos Sociales destaca un aumento histórico de beneficiarios: 1.635.462 personas atendidas en 2025, un 9,4% más que en 2024. “Los últimos datos muestran el máximo histórico de personas atendidas en el sistema y consolidan la tendencia de mejora en todos los indicadores de gestión y atención”, subrayó la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.
El timepo medio de resolución de solicitudes se redujo de 349 días a 341 en diciembre de 2025. Ceuta (82 días), Castilla y León (113) y País Vasco (129) presentan los plazos más bajos. Sin embargo, la Asociación denuncia que los avances se logran a costa de servicios de bajo coste: “Es lógico que, mientras haya decenas de miles de personas en las listas de espera, cada vez aumente más el número de beneficiarias. Aunque sea con servicios ‘low cost’”.
Del mismo modo, el informe alerta sobre una tendencia creciente: el aumento de personas con derecho reconocido sin acceso efectivo a prestaciones o servicios, conocido como el “limbo de la dependencia”. Las comunidades más afectadas son Canarias (28,6%), País Vasco (15%), Cataluña (13,4%) y Murcia (13,3%). “Más de la mitad (casi 56%) de las personas que se encuentran en el limbo de la dependencia residen en Cataluña, Andalucía y Canarias”, señala el Observatorio.
El peso de los cuidadores informales
La mayoría de los cuidados sigue recayendo en los familiares. La gran mayoría con un marcado perfil femenino: el 72,3%. El entorno comunitario se consolida como el marco preferente de atención. El 57% de las prestaciones se dan en este contexto. La teleasistencia creció un 19,9% y la ayuda a domicilio un 10,6% respecto al año anterior. Además, la combinación de servicios ha aumentado de 1,27 prestaciones por persona en 2020 a 1,43 en 2025.
“Es urgente simplificar los procesos administrativos. La reducción de los plazos debe ser un desafío acompañado de un acceso más justo y adaptado a las necesidades de cada persona, reforzando la asistencia personal y los programas de vida independiente”, insistió Martínez.
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