
La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare) ha denunciado en un comunicado los perjuicios que presenta para las personas dependientes el nuevo decreto planteado por la Comunidad de Madrid. El proyecto, que regula el procedimiento y acceso al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en la región, establece un plazo máximo de 6 meses para responder las solicitudes de los afectados, cuando actualmente tarda 346 días (más de 11 meses), y considerará aquellas no contestadas como rechazos.
La Comunidad de Madrid anunció el proyecto de decreto el pasado 22 de octubre. Según el Ejecutivo autonómico, el objetivo de la reforma era reducir los plazos de tramitación, personalizar la atención en función de las necesidades y preferencias del ciudadano, mejorar las cuantías de las ayudas económicas en determinados supuestos y ofrecer apoyo a los cuidadores familiares. Pladigmare denuncia que el decreto publicado consigue todo lo contrario: “Varios de sus artículos perjudican gravemente a las personas dependientes y sus familias, aumentando la burocracia, retrasando la atención y generando situaciones injustas y deshumanizadoras“.
Entre sus críticas está el establecimiento del silencio administrativo como desestimación. En el artículo 25.2 del proyecto de decreto, la Comunidad de Madrid se da un plazo máximo de 6 meses (180 días) para “resolver el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia)“. Esto supondría una mejora respecto a los plazos actuales: los últimos datos del Imserso reflejan que la capital tarda una media de 221 días entre la presentación de la solicitud y la resolución del grado de dependencia, y 346 días hasta la resolución de la prestación. Lo que preocupa a Pladigmare es que, una vez vencido el plazo de 6 meses, las solicitudes no respondidas se considerarán desestimadas.
“Nos lleva a la desestimación simplemente con el curso normal que vemos ahora”, señala Fernando Flores, presidente de Pladigmare, a Infobae España. “Pero además, cualquier error técnico que pueda haber, cualquier descuido, hará que los casos sean desestimados”, añade. La asociación propone justamente lo contrario: que el silencio administrativo se entienda como que el caso ha sido aceptado. “La mayoría de la gente que solicita estos recursos no tiene la capacidad de defenderse de la desestimación”, dice Flores, que resalta que la mayoría de colectivos de personas dependientes “no están preparados para tratar con la Administración”.
Si Madrid lograse cumplir su objetivo de reducir a 6 meses el tiempo medio de resolución, estos problemas se reducirían, pero la confianza de Pladigmare no es mucha, pues las demoras no han hecho más que crecer. Entre 2024 y 2025, el tiempo medio de resolución ha aumentado 48 días. “Los números son los que son y tienen que demostrar que se puede mejorar, cosa que no ha ocurrido en los últimos años”, lamenta.
Medidas “crueles e inhumanas”

No es el único punto al que Pladigmare ha presentado alegaciones. La asociación ve fallos también en el protocolo para el acceso a residencias de parejas, que pueden solicitar su ingreso conjuntamente para continuar su vida en común. El nuevo proyecto de decreto establece que, en caso de ingreso conjunto, se tendrá que evaluar el grado de dependencia de ambos y no solo del miembro más grave. “Esto implica que una persona dependiente podría ver retrasado su acceso porque su pareja tiene un grado inferior o ninguno”, explican desde Pladigmare.
Para Flores, es una medida “cruel e inhumana” que hace que la persona que tenga el menor grado de dependencia se sacrifique por el bien de su pareja. Además, considera que va a jugar en contra del propio sistema de dependencia, pues las parejas pueden suponer una ayuda a la hora de tratar a los residentes más graves. “Significa la crueldad de tratar de separar parejas y además perder una colaboración clara”, señala.
Infobae España ha consultado a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales al respecto, pero a la fecha de publicación de este artículo no ha obtenido respuesta.
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