El Gobierno eliminará los anuncios de alquiler que no informen del precio anterior o superen el límite en zonas tensionadas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha informado de la apertura de una investigación en los grandes portales inmobiliarios para detectar y eliminar los anuncios de viviendas en alquiler que ofrezcan contratos con precios superiores a los permitidos por la ley para los grandes tenedores en zonas tensionadas, así como aquellos que no incluyan información sobre la renta que pagaba el anterior inquilino del inmueble en caso de propietarios particulares.

Según ha explicado la cartera de Pablo Bustinduy en un comunicado difundido este viernes, el Gobierno puede considerar estos comportamientos como “prácticas desleales por engañosas” y, por lo tanto, infracciones de la normativa de consumo. Además, el documento señala que el Ejecutivo podría imponer a los infractores distintas multas en función de la gravedad de la situación o incluso sanciones que pueden alcanzar “de cuatro a seis veces el benficio ilícito” obtenido por las empresas mediante estos métodos.

El refuerzo a la vigilancia en el mercado del alquiler responde a las nuevas obligaciones que establece para los portales inmobiliarios la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Esta norma, aprobada por el Congreso el pasado 11 de diciembre, busca garantizar que los usuarios dispongan de manera clara y accesible de información fundamental, también en la búsqueda de vivienda.

Consumo identifica posibles infracciones

En la rueda de prensa de presentación de la medida, Bustinduy ha recalcado que su Ministerio pretende ”hacer valer los derechos de la ciudania" frente a “cualquier tipo de abuso o fraude”. Además, se ha comprometido a actuar “con toda contundencia” ante las vulneraciones del derecho del consumidor. “Es lo que hemos hecho con las aerolíneas lowcost, operadoras de juego online y grandes plataformas de comercio eléctronico”, ha añadido, al mismo tiempo que ha actuado las actuaciones del Ejecutivo contra prácticas abusivas en grandes inmobiliarias y plataformas de pisos turísticos que han tenido como resultado una sanción histórica a la multinacional Airbnb.

Consumo también ha recalcado que la decisión de abrir una investigación para perseguir estas infracciones llega después de que los técnicos del departamento detectaran que algunos anuncios podrían no estar cumpliendo con los nuevos criterios de transparencia que exige la ley. Los principales portales inmobiliarios ya recibieron el pasado 29 de diciembre una comunicación oficial de la mano de Andrés Barragán, secretario general de Consumo y Juego, en la que se alertaba a estas plataformas digitales y a las asociaciones inmobiliarias acerca de sus renovadas obligaciones legales.

Bustinduy carga contra las ayudas a caseros

Durante su comparecencia ante los medios, el ministro de Consumo ha aprovechado para recordar también la posición de su departamento y de Sumar, la formación política de la que es miembro, sobre la reciente propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de introducir incentivos fiscales para los caseros que no aumenten el precio del alquiler al renovar los contratos. Esta medida, con la que el PSOE pretende aliviar las fuertes subidas que se esperan en las rentas de los más de 2,7 millones de españoles cuyos contratos expirarán entre 2026 y 2027, beneficiaría según Bustinduy a “una clase rentista formada en su gran mayoría por fondos de inversión, fondos buitre internacionales y grandes tenedores”. Tras esta justificación, el político ha garantizado que ni su cartera ni su partido “van a apoyar nunca” este enfoque.

“La solución existe y se llama prórroga de los contratos”, ha aseverado el ministro, asegurando que el resto de actores sociales en el mercado de vivienda también defienden esta posición. Sobre las dudas jurídicas en torno a la viabilidad de esta iniciativa, desde Consumo han recordado que los gobiernos de coalición han tomado esta misma decisión “hasta en ocho ocaciones” desde 2021. Asimismo, Bustinduy ha hecho un llamamiento a abordar la emergencia habitacional “mediante un decreto-ley de intervención” por la urgencia de la crisis de vivienda.