
Julio Iglesias ha puesto su defensa en manos de uno de los penalistas con mayor influencia en la Audiencia Nacional. El cantante ha contratado al exmagistrado José Antonio Choclán para afrontar las acusaciones de agresión sexual formuladas por dos extrabajadoras y que están siendo analizadas de forma reservada por la Fiscalía de ese tribunal, según ha adelantado El País y confirman fuentes jurídicas.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional está examinando si es competente para investigar unos hechos que, según las denuncias, habrían ocurrido en el extranjero, en países como República Dominicana y Bahamas. Esa verificación, todavía en una fase preliminar, es la que determinará si la causa puede avanzar en España o si debe quedar fuera del ámbito de este tribunal. En paralelo, Iglesias ha optado por uno de los abogados con mayor experiencia en este tipo de procedimientos y con un conocimiento directo del funcionamiento interno de la Audiencia Nacional, donde Choclán fue magistrado de la Sala de lo Penal antes de incorporarse a la abogacía privada.
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El movimiento del artista se produce días después de que una investigación de elDiario.es y Univision destapara testimonios de trabajadoras de sus residencias que relataban episodios de “maltrato físico, psíquico y sexual”. Tras la publicación de esas informaciones, Iglesias, de 82 años, aseguró a la revista Hola que “todo se va a aclarar” y que estaba preparando su defensa. Según fuentes jurídicas citadas por El País, Choclán ya ha firmado el encargo para representarlo en España.
Un abogado con peso en la Audiencia Nacional
José Antonio Choclán es socio fundador de Choclán Abogados, un despacho especializado en derecho penal en el que trabajan otros ocho letrados y que es habitual en los grandes procedimientos de corrupción y criminalidad económica. En su propia página web se define como “uno de los abogados más cotizados en el mercado legal español”. Su perfil profesional está marcado por su pasado como juez de la Audiencia Nacional, una trayectoria que le ha permitido mantener una relación fluida con la Fiscalía y un profundo conocimiento de la práctica de ese tribunal.
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Fuentes jurídicas subrayan a El País que una de las razones de su alta demanda es su capacidad para negociar con el ministerio público y explorar salidas pactadas en procedimientos complejos. Esa habilidad ha quedado reflejada en varios de los casos más conocidos que ha llevado su despacho durante la última década.

Entre los clientes más relevantes de Choclán figura el futbolista Cristiano Ronaldo, al que defendió en un procedimiento por fraude fiscal que terminó con un acuerdo con la Fiscalía. El jugador aceptó una condena que no implicaba el ingreso en prisión y el pago de una multa de 18,8 millones de euros. El despacho también ha representado a Corinna Larsen durante la investigación del caso Villarejo, que afectó al rey emérito Juan Carlos I.
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Más recientemente, Choclán se ha hecho cargo de la defensa del magnate venezolano Alejandro Betancourt, propietario de la marca de gafas de sol Hawkers. Como contó El País, Betancourt está siendo investigado en la Audiencia Nacional por una presunta red de blanqueo de capitales procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
La lista de clientes del abogado incluye también a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, a la que consiguió la absolución por un delito de posible falsificación del título de su máster; a Francisco Correa, considerado el cerebro de la trama Gürtel; y a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, que contrató sus servicios para declarar ante el Tribunal Supremo cuando fue acusada en una investigación por blanqueo de dinero vinculada a la campaña valenciana de 2015.
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El peso específico de Choclán ante la Fiscalía se ha visto reforzado por su intervención en el denominado ‘caso Koldo’. El abogado representa al empresario y comisionista Víctor de Aldama, señalado por la Guardia Civil como el “nexo corruptor” de la trama de contratos fraudulentos de mascarillas. En noviembre de 2024, el letrado consiguió que su cliente realizara una declaración de confesión que llevó a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar de inmediato su salida de prisión provisional.
Días antes, Choclán había acudido a la sede de Anticorrupción mientras Aldama permanecía en la prisión de Soto del Real para iniciar una colaboración con el ministerio público. El fiscal jefe, Alejandro Luzón, ha reducido los años de cárcel que solicita para Aldama en comparación con los que pide para el resto de implicados del caso: siete años frente a los 24 reclamados para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y los 19 años y cinco meses para el exasesor Koldo García. En sus escritos, Luzón ha destacado de forma expresa la cooperación del empresario.
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Una causa en fase preliminar
Las acusaciones contra Julio Iglesias se encuentran todavía en una fase embrionaria en España. A partir de la investigación periodística de elDiario.es y Univision, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió diligencias para analizar si los presuntos delitos de agresión sexual pueden ser investigados por este tribunal. La clave reside en la localización de los hechos, que las denunciantes sitúan fuera del territorio español.
En este contexto, la elección de Choclán dota a la defensa del cantante de un perfil jurídico con experiencia en causas complejas, dimensión internacional y alto impacto mediático, justo cuando la Fiscalía decide si las denuncias contra una de las figuras más conocidas de la música española pasan del ámbito preliminar a un procedimiento penal formal.
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