El Govern de Cataluña implementará la obligación de indicar si la propiedad en alquiler pertenece a un gran tenedor en todos los anuncios inmobiliarios. Esta medida forma parte de las modificaciones incluidas en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2026, remitida al Consell de Treball Econòmic i Social de Cataluña (CTESC) y a la que ha tenido acceso EFE. El objetivo principal es reforzar la transparencia del mercado del alquiler y facilitar la aplicación de recargos fiscales en viviendas vacías.
La ley de haciendas locales ya permite a los ayuntamientos imponer un recargo de hasta el 50% sobre la cuota líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en aquellos inmuebles residenciales que permanezcan desocupados durante más de dos años sin justificación. El Ejecutivo catalán busca ahora estrechar el control sobre los pisos vacíos y dar herramientas a los consistorios para aplicar estas medidas fiscales, facilitando los procedimientos de inspección y control del tributo.
Nuevas obligaciones para propietarios en los anuncios de alquiler
Entre las novedades que recoge el texto, la Generalitat de Cataluña suprime 19 tasas y crea tres nuevas, dentro de una estrategia de ajuste fiscal y simplificación administrativa. Sin embargo, el foco de la reforma se sitúa en el ámbito de la vivienda, donde se pretende reforzar la seguridad jurídica tanto para las administraciones como para los arrendatarios.
La ley de acompañamiento introduce un conjunto de modificaciones a la normativa autonómica del derecho a la vivienda, vigente desde 2007. Una de las claves es la clarificación de los requisitos mínimos obligatorios en la publicidad de las viviendas de alquiler. Así, los anuncios deberán incluir el precio máximo permitido conforme al sistema de contención de rentas, la cédula de habitabilidad, el certificado de eficiencia energética y, de manera destacada, la mención expresa sobre si el propietario es considerado un gran tenedor.
En la actualidad, la práctica de informar sobre el índice de referencia del precio del alquiler ya se aplica en los nuevos contratos firmados en Cataluña. No obstante, el Govern recalca la obligatoriedad de adjuntar el documento que acredita el precio conforme al índice oficial junto a los contratos de arrendamiento. Esta exigencia busca evitar irregularidades y fortalecer la prueba documental en caso de procedimientos sancionadores.
Nuevas sanciones y más viviendas de protección oficial
El texto también intensifica la obligación de registrar tanto el contrato de alquiler como el certificado del precio de referencia en el Registro de Fianzas. De este modo, la Agencia de la Vivienda de Cataluña podrá automatizar la inspección y acceder directamente a la documentación necesaria para detectar posibles infracciones. “El régimen sancionador se refuerza, incorporando sanciones específicas por la falsificación de información y exigiendo la correspondencia estricta entre la renta contractual y la normativa vigente”, recoge la ley de acompañamiento.
Otra de las medidas incluidas en la reforma permite incrementar el número de viviendas de protección oficial sin necesidad de aumentar la edificabilidad, lo que implica preservar el precio de los inmuebles resultantes. Además, en los llamados “ámbitos tensionados”, es decir, aquellas zonas donde el mercado residencial está sometido a una presión especial, se habilita la posibilidad de destinar suelo calificado como de uso terciario a proyectos de protección pública de vivienda, conforme a la normativa urbanística actual.
El objetivo declarado por la Generalitat es facilitar la aplicación de recargos fiscales sobre las viviendas vacías y dotar a los municipios de más recursos para combatir la desocupación injustificada. Al mismo tiempo, se pretende aumentar la transparencia y la seguridad en el mercado del alquiler, informando a los inquilinos potenciales sobre la condición del propietario y las condiciones legales asociadas a la vivienda.
Con información de EFE.
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