Sobrevivir sin luz y bajo la amenaza de desalojo en la Cañada Real: “Dejarnos abandonados es una estrategia política de desgaste y expulsión”

Mientras Madrid ha celebrado la Navidad bajo un despliegue de luces y festejos, unas 1.300 familias de la Cañada Real han vuelto a pasar estas fechas sin suministro eléctrico y afrontan ahora su sexto invierno consecutivo sin calefacción, dependiendo de estufas, bombonas, generadores y baterías. En este barrio ubicado a tan solo 14 kilómetros del corazón de la capital, la oscuridad, el frío y el miedo constante a incendios o accidentes forman parte de la rutina diaria desde que en octubre de 2020 Naturgy cortó el suministro eléctrico alegando conexiones ilegales. A esto se suma que, en los últimos meses, muchos vecinos enfrentan el derribo de viviendas, realojos forzosos y cambios en los límites municipales.

“Durante más de cinco años, nuestra lucha en la Cañada Real ha estado marcada por el corte de suministro eléctrico. Cinco años viviendo sin luz, denunciando una vulneración grave y continuada de derechos humanos que afecta a miles de personas, especialmente a mujeres, a niñas y niños y a personas mayores. Pero hoy queremos decir que algo ha cambiado y, tras estos años de resistencia, hemos entendido que la lucha no puede centrarse solo en la electricidad. La lucha real es por el territorio”, explica a Infobae España la mediadora intercultural Houda Akrikez, presidenta de la Asociación Cultural de Mujeres Tabadol, y también vecina de este barrio madrileño.

Según la activista, ese cambio de enfoque tiene responsables identificables. El pasado 2 de octubre, más de una veintena de familias recibieron cartas de derribo firmadas por Julio César Santos, jefe de disciplina urbanística del Ayuntamiento de Madrid que fue condenado en julio de 2025 por la Audiencia Provincial de Madrid a nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos relacionados con el urbanismo por un delito de prevaricación administrativa, tras ordenar la demolición de una infravivienda en la Cañada Real en 2022. Sin embargo, a pesar de esa sanción, Santos continúa enviando notificaciones de derribo y comunicados que, según Akrikez, amenazan a familias que siguen viviendo en la Cañada Real.

La activista sostiene que la presión sobre los vecinos de la Cañada Real no se limita a acciones aisladas, sino que responde a una estrategia sostenida para expulsar a los residentes del barrio y atribuye esa responsabilidad tanto al Ayuntamiento de la capital y a la Comunidad de Madrid como al Gobierno central.

“Esto no ocurre de forma aislada. Ese contraste entre una ciudad llena de luz y un barrio abandonado a oscuras no es casual, es una decisión política. Es el resultado de una estrategia sostenida de desgaste y expulsión en la que el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Gobierno central llevan años mirando hacia otro lado o actuando de forma coordinada para empujar a las vecinas y vecinos fuera de sus hogares. Cortan la luz, permiten que se viva en condiciones indignas y después señalan a las familias como un problema urbano. Pero no lo somos. La Cañada Real es un barrio de Madrid y quienes vivimos aquí tenemos derecho a quedarnos", reivindica Akrikez.

Para esta madre de tres hijas menores de edad las Navidades han sido especialmente duras y, aunque las han celebrado “como han podido, desde la comunidad y el apoyo mutuo”, la oscuridad lo atraviesa todo, asegura. Y ahora, con temperaturas gélidas, afrontan un nuevo invierno sin luz “con mucha dificultad y mucho desgaste”, pues la falta de suministro eléctrico supone “vivir en una situación de inseguridad permanente”, ya que la energía también es esencial para el lavado, la cocina y la refrigeración.

Modificación de límites territoriales

Cabe recordar que a principios de 2025, Madrid y Rivas-Vaciamadrid iniciaron un proceso para modificar sus límites territoriales, un reajuste aprobado por la Comunidad de Madrid que ha entrado en vigor el 1 de enero de este año. El acuerdo implica que el Ayuntamiento de Madrid transfiere a Rivas cerca de un millón de metros cuadrados, mientras que el municipio cede algo más de medio millón de metros cuadrados a la capital. Con este cambio, ambas administraciones cumplen lo pactado en el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, firmado en 2017 por la Delegación del Gobierno, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada.

El objetivo, según explicaron las autoridades, es favorecer la integración de ambos territorios y optimizar la prestación de servicios públicos para que sean más efectivos. Sin embargo, los vecinos de la Cañada Real sostienen que ese cambio de administración “forma parte de un plan para realojarles o expulsarles definitivamente del barrio" y tampoco soluciona los problemas del corte de suministro eléctrico.

El Consejo de Europa condena a España

Los vecinos de los sectores 5 y 6, los más afectados por los cortes de luz y en los que viven unas 4.500 personas —1.800 de ellas son menores—, lamentan que las administraciones tomen decisiones “sin tener su opinión en cuenta”. Esa falta de participación ha sido señalada incluso por el Comité Europeo de Derechos Sociales, que en febrero de 2025 concluyó que España vulnera la Carta Social Europea al mantener a la población sin acceso a la electricidad, y al mismo tiempo este órgano subrayó que las familias y las asociaciones que las representan deben poder expresar su opinión y participar en las decisiones que les afectan. Sin embargo, los residentes aseguran que nada de eso ha ocurrido.

Fue el 2 de octubre de 2020 cuando Naturgy, la empresa responsable de la distribución eléctrica en la Cañada Real, interrumpió el suministro alegando la existencia de numerosas conexiones ilegales y el uso de la red para actividades ilícitas, como el cultivo de marihuana. Pero para los vecinos “esa excusa” ha perdido validez con el paso del tiempo, ya que los supuestos responsables de esas conexiones podrían haber sido identificados y procesados.