Los diez protagonistas que han marcado la agenda de tribunales en el 2025: de Santos Cerdán a Cristóbal Montoro, pasando por Álvaro García Ortiz

La actualidad informativa de este 2025 ha estado marcada por un ámbito muy claro: la Justicia y los tribunales. Desde la corrupción en el Gobierno y el PP, las nuevas normativas impulsadas por el Ministerio de Justicia o casos mediáticos de acoso, nadie se ha librado de leer o ver alguna noticia que haya pasado por los juzgados de España.

De esta manera, el año ha dejado una serie de protagonistas, que por unas cosas u otras, han marcado el año. Infobae recoge una lista de los diez principales y su importancia en la actualidad judicial.

1. Álvaro García Ortiz

Quizás el caso más sonado del año haya sido el juicio al que se ha visto sometido el que hasta hace unos meses era el fiscal General del Estado: Álvaro García Ortiz. Investigado por revelación de secretos, bajo la acusación de haber filtrado el correo del abogado de Alberto González Amador, fue procesado este verano y su juicio se celebró en tiempo récord, convirtiéndose en el primer fiscal general en España en ser juzgado mientras se mantenía en el cargo.

Hasta ese momento no tomó la decisión de dimitir, defendiendo su inocencia en todo momento, pero tras el juicio de dos semanas, fue condenado siete días más tarde. Sin embargo, el suceso no se libró de la polémica. El 9 de noviembre se le condenaba por un delito de revelación de datos reservados a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización a la pareja de Ayuso de 10.000 euros, pero esta no vino acompañada de la argumentación que llevaba a este fallo. En ese momento García Ortiz dimitió, como “un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”

Hubo que esperar 19 días para que la Sala Segunda del Tribunal Supremo publicara la sentencia completa, en la que cinco jueces le consideraban a él “o alguien de su entorno”, el autor de la filtración del correo al periodista de la Cadena Ser, Miguel Ángel Campos, y por haber emitido una nota de prensa al día siguiente con textuales del email, cuando ya había sido publicado por varios medios. Dos de las juezas, las progresistas, emitieron un voto particular considerando que no había suficientes pruebas para condenarle.

2. Alberto González Amador

Toda esta historia tiene un segundo protagonista y no es otro que Alberto González Amador. Novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es el origen de toda la causa. Tras una negociación por parte de su abogado con la Fiscalía para admitir la comisión de dos delitos fiscales, presentó una denuncia contra García Ortiz por considerarle el origen de la filtración, teniendo en cuenta que él mismo compartió los correos con el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez y filtró el segundo de ellos horas antes que el primero.

Tras declarar en el juicio y jugar el papel de la víctima, llegando a declarar que por culpa del fiscal se había convertido “en el delincuente confeso del reino de España” y que “o “me voy de España o me suicido”, consiguió su victoria. Donde todavía sigue en ascuas en el proceso en su contra por el presunto fraude de 355.000 euros a Hacienda que lo inició todo, en cuya causa fue finalmente procesado este 7 de noviembre y no se espera su juicio hasta finales de 2026.

3. Santos Cerdán

Si hay un hecho que ha marcado este año en los juzgados es la corrupción y quizás no hay representante más claro que Santos Cerdán. El ex secretario de organización del PSOE y persona muy cercana a Pedro Sánchez, se convirtió en la tercera pata del caso Koldo en la que ya estaban imputados Koldo García y José Luis Ábalos.

Tras un contundente informe de la UCO en la que se apuntaba que Cerdán habría sido la cabeza pensante en la trama de ‘mordidas’ con dinero público en la que habrían participado los investigados. Por esta razón, entró en prisión el 30 de junio, como prisión preventiva, en la que estuvo durante 142 días, tras desaparecer el riesgo de destrucción de pruebas.

El papel que le atribuyen en la investigación es el de encargado de gestionar las cantidades de dinero presuntamente adeudadas por las empresas beneficiarias de adjudicaciones de obra pública, actuando como intermediario entre las constructoras adjudicatarias y los otros dos investigados, sin embargo, su defensa está versando por poner en duda los audios grabados por Koldo, que pusieron el foco sobre él, y defender su inocencia, queriendo mostrase como una víctima de una persecución política.

4. Leire Díez

Otro de los nombres que ha irrumpido con fuerza en los tribunales este año es Leire Díez, la exmilitante del PSOE conocida como “la fontanera socialista”.

Su nombre salió a la luz por una investigación en su contra de un juzgado de Madrid por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia, en un procedimiento que se abrió tras denuncias relacionadas con audios en los que supuestamente buscaba intercambiar información judicial comprometida sobre mandos de la Guardia Civil y fiscales por favores o ventajas procesales, algo que el juez calificó de “actuación delictiva continuada y coordinada”.

Sin embargo, su protagonismo no terminó ahí y este 10 de diciembre fue detenida por la Guardia Civil. Aunque fue puesta en libertad a los pocos días, si que consta como una de las investigadas en la causa que dirige el juez Antonio Piña en la Audiencia Nacional, en la que se sitúa a Díez en el centro de un presunto entramado que habría intervenido en amaños y concesiones de contratos públicos por un valor total de más de 130 millones de euros, junto al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, y al empresario Antxon Alonso, señalados por la UCO por supuestas comisiones ilegales vinculadas a adjudicaciones de entidades públicas como Mercasa, Sepides y Enusa.

5. Juan Carlos Peinado

El círculo más cercano de Pedro Sánchez se ha visto directamente afectado por las causas judiciales y a parte de los casos dentro del PSOE su hermano se enfrentará a juicio en mayo de 2026 tras casi un año de instrucción y Badajoz y sigue abierta la investigación contra su mujer, Begoña Gómez.

Sin embargo, en esta última el protagonismo le ha sido arrebatado por otra pieza fundamental que suele mantenerse en un casi anonimato: el juez. En este caso es Juan Carlos Peinado, que sus actos durante el 2025 han dejado más de una polémica.

Empezó pidiendo la imposición de multas a varios abogados de la causa, incluido el de la propia Gómez, por hacer declaraciones ante los medios relacionadas con la investigación que acabaron siendo anuladas por el Tribunal Superior de Justicia, ha sugerido que la parte que investiga el delito de malversación fuera juzgada ante un jurado popular, ha llevado a cabo declaraciones en domingo, ha escrito fallos con faltas graves de ortografía y con extractos copiados de una revista jurídica y mató por error a Begoña Gómez en un auto, para acabar el año teniendo que archivar la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, tras ser solicitado por la Audiencia de Madrid al entender que solo se basaba en “especulaciones”.

Y mientras continúa con esta causa, a principios de año se conoció que este mismo magistrado dejó pasar el plazo en otra causa en la que se investigaba a uno de los hombres fuertes del Gobierno de Almeida, Alfonso Sánchez Vicente, director de la EMT, por presunta malversación, forzando así su archivo y que haya quedado en nada.

6. Cristóbal Montoro

Sin embargo, la corrupción no es solo cosa del PSOE y el PP también ha tenido sus golpes durante este 2025. El caso mascarillas en Almería, la investigación de las residencias en Madrid, que por fin ha comenzado su recorrido por los tribunales, pero ninguno alcanza el nivel de gravedad que el caso Montoro.

Su protagonista queda claro por el nombre: el exministro del PP de Hacienda Cristóbal Montoro. El 19 de junio saltaba la noticia de que estaba investigado por delitos continuados de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos por hechos ocurridos entre 2011 y 2018, su segundo mandato en el Gobierno.

El juzgado de instrucción número 2 de Tarragona investiga la supuesta trama sobre unas presuntas reformas legislativas realizadas desde el Ministerio para que empresas gasísticas recibieran beneficios fiscales a cambio de pagos millonarios al despacho de abogados del propio Montoro, Equipo Económico.

Aunque la investigación se mantiene en un estado de pausa mientras los juzgados deciden sobre los recursos presentados por los 28 acusados, el conocimiento de esta causa ha supuesto un duro golpe para la administración llevada a cabo por el PP cuando ocupaban el poder en España.

7. Jordi Pujol

Otro de los nombres que ha reaparecido gracias a los tribunales es el de Jordi Pujol. El expresidente de la Generalitat catalana se sentó por fin en el banquillo este año, más de una década después de que confesara la existencia de fondos sin regularizar en el extranjero, en un juicio que investiga una presunta trama de corrupción y blanqueo de capitales vinculada al patrimonio familiar, arrancó en la Audiencia Nacional con Pujol y varios de sus hijos como acusados.

El inicio de la vista oral ha estado marcado por los problemas de salud del exmandatario, de 95 años, que obligaron al tribunal a adaptar el ritmo de las sesiones. Los informes médicos aportados por su defensa señalaron un deterioro cognitivo leve y un estado físico delicado, lo que llevó a limitar su tiempo de declaración y a permitirle permanecer sentado durante gran parte de las vistas. Aun así, Pujol compareció ante el tribunal y no se ha librado de ser juzgado, como pedía su defensa.

8. Félix Bolaños

No todos los protagonistas judiciales de 2025 lo han sido por participar en un juicio. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha ocupado un lugar central gracias a las reformas que ha impulsado desde su departamento y que han recibido todo tipo de respuestas.

Durante este año, el Ministerio de Justicia ha aprobado la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal, con cambios en el modelo de oposiciones, un sistema público de preparación y la ampliación de becas para aspirantes, con el objetivo declarado de reducir barreras económicas. A ello se ha sumado la implantación de los tribunales de instancia, que eliminan los juzgados unipersonales para reorganizar la planta judicial, así como avances en la digitalización, la limitación de los plazos de instrucción y una redefinición del papel del Ministerio Fiscal en el proceso penal.

Estas medidas, defendidas por el Gobierno como necesarias para modernizar y agilizar la Justicia, provocaron una reacción sin precedentes en la judicatura. En primavera las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las progresistas, convocaron una huelga histórica en protesta por unas reformas que consideraban impuestas, carentes de consenso y potencialmente lesivas para la independencia judicial.

Las asociaciones convocantes defendieron un seguimiento de hasta el 75%, mientras que el Gobierno solo fue notificado de un 31%. Sin entrar en estas diferencias, si que marcó un hito importante en el año, mostrando una vez más la brecha entre Gobierno y la judicatura española.

9. Salomé Pradas

Otra de las causas que ha marcado este 2025 es la que investiga la gestión de la DANA que azotó la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024 y dejó 230 víctimas mortales. Durante el año no ha hecho más que avanzar gracias al liderazgo de Nuria Ruiz Tobarra, instructora del juzgado número 3 de Catarroja, y el nombre que más ha salido no ha sido otro que Salomé Pradas, la exconsellera de Justicia, Interior y Emergencias y principal investigada.

Su imputación se comunicó este 10 de marzo junto a su segundo, Emilio Argüeso, después de que la magistrada viera en sus actuaciones “indicios abrumadores de negligencia” por el retraso en las alertas y la gestión de los barrancos durante la emergencia.

La defensa defensa de Pradas intentó a principios de año que la causa fuera archivada, calificando de “catástrofe de magnitud imprevisible” los hechos y reclamando que la responsabilidad se abordara en sede administrativa, no penal. A partir de ahí ha mantenido una estrategia de asegurar que no dirigía las emergencias y que no tenía experiencia en su gestión, descargando la responsabilidad en técnicos y sistemas organizativos. Hasta el momento sigue defendiendo a su antiguo jefe, Carlos Mazón, asegurando que el retraso del Es-Alert no se debió a ninguna orden del expresident.

Su protagonismo ha ido más allá de los juzgados, y en estos últimos meses ofreció una entrevista en el programa de la Sexta, Salvados, donde lo único relevante que sacó a la luz fue los WhatsApp que compartió ese trágico día con Mazón (y que ya han sido solicitados por la jueza de Catarroja) y su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso, donde, tras asegurar que no iba a responder preguntas, pidió perdón a las víctimas y se enzarzó en una pelea verbal con Gabriel Rufián, al que llegó a llamar “machista”.

10. Jenni Hermoso

De entre todo el ruido y noticias constantes que se han vivido este año, quizás se haya olvidado uno de los juicios más relevantes que marcaron el principio del año y con una protagonista muy alejada del mundo judicial. La futbolista de la Selección Española, Jenni Hermoso, consiguió sentar en el banquillo al expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, por el beso no consentido que le dio durante la celebración de su victoria en Sídney.

Unos hechos que ocurrieron en 2023 y que desde ese momento despertaron un gran rechazo por asociaciones feministas y una gran parte de la sociedad y que Hermoso, fuera de achantarse, acabó llevando ante los tribunales. En un juicio de dos semanas, la futbolista consiguió mantener un relato claro y conciso de lo ocurrido y desmontó la versión de Rubiales y todos sus seguidores de la RFEF y se tuvo que enfrentar a las consecuencias de enfrentarse directamente a la directiva, perdiendo su puesto en la Selección durante 2024 y 2025.

La sentencia fue dictada por la Audiencia Nacional el 20 de febrero y en esta se condenó a Rubiales a una multa de 10.800 euros, la prohibición de acercarse a Hermoso a menos de a menos de 200 m y de contactarla durante un año por un delito de agresión sexual. Un fallo que no fue aceptado por el condenado, pero que marco un antes y un después en los límites del consentimiento, demostrando que no todo vale.