No hace mucho tiempo, el exministro y ex secretario de Organización socialista José Luis Ábalos sacaba pecho desde la tribuna del Congreso de los Diputados, erigiéndose como el azote de los corruptos: “Nosotros no tenemos ningún caso así. No tenemos ningún cargo público al que decirle que se vaya, porque ya lo ha hecho”. Se dirigía entonces a la bancada popular que lideraba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, momento antes de lanzar una moción de censura que tumbó ese Ejecutivo. Ahora, el mismo que exigió explicaciones debe hacer lo propio ante el Tribunal Supremo para responder sobre las presuntas mordidas que le han llevado a su encarcelamiento preventivo, y que podrían hacer caer al Gobierno que levantó.
El gabinete de Pedro Sánchez continúa conmocionado con la noticia, pero insiste en acotar la supuesta corrupción en un diputado que, defienden, ya “nada tiene que ver con el PSOE” desde hace 20 meses, porque se le echó desde un primer momento, cuando se conocieron los primeros indicios. “Absoluta contundencia ante cualquier atisbo de corrupción que se haya podido producir, desgraciadamente, en mi Gobierno”, es el argumentario al que recurre Sánchez.
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Pero Ábalos, que hasta ahora había optado por el silencio, no está dispuesto a ser el único que se calla mientras otros hablan para ahorrarse su pasaje a la cárcel de Soto del Real. De ahí que en las últimas horas se haya dedicado a disparar a discreción contra varios miembros del Gobierno, deslizando la idea (sin presentar pruebas) de que conoce entresijos que hasta ahora habían pasado desapercibidos.
¿Un pasaporte para ahorrarse la cárcel?
Y esto no quiere decir que la antigua mano derecha de Sánchez se atreva a acusar directamente a su entonces jefe de algún tipo de vínculo con el Caso Koldo. Se trata más bien de sacar trapos sucios que, si bien no son delictivos, castigan al Gobierno de cara a la opinión pública. El ejemplo más claro es la presunta reunión entre Sánchez y el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en un caserío en País Vasco para pactar la moción de censura contra Mariano Rajoy. El exasesor de Ábalos, Koldo García, adelantó al diario El Español esta información y más tarde fueron Sánchez y el líder abertzale los que salieron al paso para desmentirlo: “Eso es mentira”, contestó el socialista. Y 24 horas antes de conocer si su destino sería la cárcel, el exministro, a golpe de tuit, repitió lo dicho por García, “según le contaron fuentes presenciales”. Esa reunión “existió”, dijo.
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El exministro de Transportes también ha arremetido contra la líder de Sumar, Yolanda Díaz, insinuando que hacía un uso irregular de su vivienda oficial en el Ministerio, después de que ella le llamara “golfo”. “Y ya que nos ponemos tan estupendos, quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello”, añadió Ábalos.
La vicepresidenta primera de Gobierno, María Jesús Montero, aseguró que el Ejecutivo central y el PSOE “no se iban a dejar chantajear por nadie” y que las declaraciones del exministro José Luis Ábalos, en prisión por el caso Koldo, incluyen “mentiras y bulos” y responden “más a una actitud de defensa”. “Aquellas personas que tienen un pie en la cárcel se dedican a intentar implicar con mentiras y bulos a personas inocentes porque creen que van a llegar a un mejor acuerdo sobre su propia sentencia”, sentenció.
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Desde el Gobierno admiten “preocupación” porque Ábalos pretenda usar estas declaraciones como un pasaporte para ahorrarse cárcel por la trama de las comisiones para la compra de mascarillas durante la pandemia, como ya hizo el presunto conseguidor de esta red ilícita, Víctor De Aldama, a quien la Fiscalía ya le aplicó un atenuante de confesión. Anticorrupción pidió para él siete años, por los más de una veintena que solicita para Ábalos.
Incomodidad entre los socios del Gobierno
Esta cuestión es incómoda para los socios parlamentarios. “Las costuras del Estado se están tensando mucho [...] No solo es la entrada en prisión de Ábalos”, afirmó el líder del PNV, Aitor Esteban. En un intento desesperado, el Ejecutivo ha llegado a describir a Ábalos más como un “trastornado” que como lo que realmente ha sido: una persona de máxima confianza de Pedro Sánchez.
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El bloqueo parlamentario dificulta todavía más las cosas, principalmente porque deja al Gobierno incapaz de imponer la agenda política y así poner el caso Koldo en un segundo plano. El rechazo a la senda de estabilidad encajado el jueves —mismo día en el que se decidió encarcelar a Ábalos— obliga al Gobierno a repetir un previsible fracaso en febrero, momento en el que debe presentar de nuevo su proyecto. Y si el Gobierno encaja derrota tras derrota en el Congreso, ¿podrá llegar hasta 2027 como es su intención?
Sus socios de Podemos lo ven difícil —si no imposible— y manifiestan que Sánchez en realidad ya ha dado por “muerta” la legislatura y puede usar los Presupuestos como excusa para calentar unas elecciones anticipadas. De hecho, ya se ha podido comprobar un cambio en la estrategia comunicativa del presidente del Gobierno, más enfocado en sus apariciones con influencers que en ruedas de prensa al uso.
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El PP llama a la movilización en las calles... otra vez
Mientras, el PP trata de pescar en aguas revueltas, pero sabe que no le queda mucha pólvora para hacer saltar por los aires al Gobierno: en el primer día de legislatura ya gastó la carta de pedir elecciones —el mayor arma política que puede emplear un líder de la oposición—; y no tiene los apoyos para llevar a cabo una moción de censura en el Congreso.
En su lugar, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intenta calentar las calles. Tras el encarcelamiento de Ábalos, ha convocado una manifestación “sin signos ni partidos” para que los ciudadanos se manifiesten “contra los corruptos y contra aquellos que los sostienen”. Se trata de una jugada arriesgada para Génova, ya que, de repetirse el fracaso de la anterior manifestación en la capital, corre el riesgo de perder fuerza de movilización en las calles cuando llegue el momento de la verdad.
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