Las deudas de la sanidad pública con sus trabajadores: salarios atrasados y pagas extra recortadas desde hace más de una década

La crisis económica de 2008 supuso un duro revés para la economía española. Para limitar el golpe en los mercados —en un momento en el que todo el mundo hablaba de la ‘prima de riesgo’, que se había disparado—, el Gobierno liderado por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero anunció en junio de 2010 numerosos recortes en los servicios públicos. Para los enfermeros, médicos y fisioterapeutas, supuso una disminución “temporal” de sus pagas extraordinarias, con la promesa de recuperarlas con el tiempo. 15 años después, siguen sin ellas.

Unos años antes de esta crisis, España se preparaba para adaptar su sistema educativo al Espacio Europeo de Educación Superior y ajustaba licenciaturas y diplomaturas a la actual estructura de Grado, Máster y Doctorado. El cambio educativo debía replicarse en la clasificación de los empleados públicos: licenciados y diplomados entrarían en el grupo A, mientras que los técnicos superiores quedarían como grupo B y aquellos con título medio se agruparían en el C1. La adaptación en el Sistema Nacional de Salud (SNS) debía hacerse de forma progresiva para ajustar la clasificación y salarios como correspondía. Una vez más, el Gobierno incumplió sus promesas.

La ordenación de las profesiones sanitarias sigue sin tocarse después de 18 años, lo que supone una pérdida retributiva y un obstáculo para la carrera laboral de los trabajadores. Pagas extra y clasificación se han convertido ya en dos deudas históricas que, pese al empuje de los sindicatos de todas las categorías, siguen sin resolverse.

Hasta 20.000 euros perdidos para enfermeros y facultativos

La justificación para los recortes estaba en la crisis, pero esta acabó oficialmente en 2014, primer año en que se volvió a registrar un crecimiento económico significativo. Desde entonces, ni los gobiernos del Partido Popular ni del Partido Socialista han derogado el Real Decreto-Ley 8/2010, que mantiene los recortes en vigor. Según el sindicato SATSE, las enfermeras y fisioterapeutas pierden de media unos 700 euros al año en sus dos pagas extraordinarias. Cada mes de junio y diciembre, estos profesionales perciben entre 321 y 366 euros menos, en función de su antigüedad, lo que representa un recorte del 27% respecto a lo que deberían recibir.

Para los médicos, la pérdida es ligeramente superior, de unos 800 euros cada paga extra. De hecho, pese a pertenecer a un grupo funcionarial superior (A1), los recortes hacen que sus pagas extraordinarias sean menores que las de un técnico o un enfermero. En total, habrían dejado de percibir unos 20.000 euros en estos 15 años.

“Ahora el Gobierno dice que la economía va como un cohete, pero lo que recortó en la crisis no lo ha devuelto. Y se ha planteado hacer ahora un aumento de las retribuciones al personal funcionario, sin haber repuesto antes los recortes que hizo y que afectan al colectivo médico y al colectivo de enfermeros”, denuncia Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM). Pedrera añade que desde los grupos parlamentarios todo son buenas palabras, pero sin unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, sin renovar desde 2023, reinstaurar la paga completa es imposible. “Es totalmente incoherente”, denuncia, y recuerda que el recorte “es una irregularidad y tenía un carácter excepcional”.

Una clasificación anticuada

El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) es claro: los titulados universitarios deben encuadrarse en el grupo A, los técnicos superiores en el grupo B y los técnicos medios en el grupo C1. Pero la clasificación no se replica todavía para los sanitarios, que mantienen la clasificación antigua desde 2008.

Esto supone que graduados de FP superior cobren como si no hubiesen obtenido ese título y que los técnicos medios reciban el mismo salario que algunos graduados de la ESO. El desajuste se ha mantenido 18 años, con pérdidas económicas de hasta 50.000 euros para los profesionales sanitarios. “Nos han estafado el sueldo durante todos estos años”, critica Paco Montero, secretario general del sindicato SIETeSS, que a finales de octubre convocó una huelga nacional de cuatro días en protesta contra esta situación.

El mismo EBEP incluía una disposición transitoria, “la más larga de la historia”, valora Montero, pues 17 años después continúa sin aplicarse para la sanidad pública. En 2022 llegó otra promesa: el Ministerio de Hacienda pactó con Comisiones Obreras y UGT el Acuerdo para una Administración del siglo XXI, que prometía adaptar por fin la clasificación. Tres años después, sigue sin implementarse.

Una situación similar viven las enfermeras. Aunque pasaron de ser diplomadas a graduadas, su salario no lo reconoce. Sindicatos y el Consejo de Enfermería reclaman desde hace ya dos décadas subir al grupo A1, pues son las únicas graduadas universitarias que se encuentran por debajo. “Seguimos enclavados en el grupo A2 y eso es una discriminación”, denuncia Diego Ayuso, consejero del Consejo General de Enfermería, desde donde reivindican que “a misma formación universitaria, tengamos el mismo grupo funcionarial”.

¿Habrá nuevo Estatuto Marco?

Han pasado tres años desde que comenzaron las negociaciones para reformar el Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y que no cambia desde el año 2003. Entre las mejoras planteadas, el último borrador incluye una nueva clasificación profesional siguiendo el Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU) y el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES).

El objetivo es recoger de forma más equitativa “la diversidad de titulaciones y las especiales características de la formación sanitaria especializada”, indican desde el Ministerio de Sanidad. La nueva clasificación implica que los grupos del EBEP no se aplicarán en el ámbito del personal estatutario, sino que se incluirá una disposición transitoria para establecer las nuevas retribuciones básicas.

“Es lo que nosotros pedimos, un trato justo”, considera Ayuso, que esperará a las negociaciones con Hacienda para ver si la reclasificación se traduce en mejoras salariales. Los técnicos sanitarios no serán reclasificados, sino que pasan de grupo B a grupo 5, sin saber cómo se reflejará eso en la nómina. “Estamos planteando ese tema a través de la Unión Europea, porque no puede ser que durante 18 años se nos haya estado mermando un sueldo que ya es bastante justo de por sí”, indica.

La propuesta de salarios básicos deberá elaborarse en un plazo máximo de seis meses tras la aprobación del Estatuto Marco, pero la norma todavía no está establecida. Los sindicatos del Ámbito de Negociación, único órgano legítimo y legalmente constituido para la negociación colectiva del SNS, han adoptado un preacuerdo con el Ministerio de Sanidad para sacar el texto adelante. Pero los sindicatos médicos CESM y SMA se han desmarcado del consenso y han acusado al Ministerio de “dinamitar” el diálogo. Ambas organizaciones mantienen su convocatoria de huelga para mediados de enero.