
El PSOE está pasando por un fin de año convulso y, depende de lo que tenga que esconder -o no- el inicio de 2026 se vaticina también movidito. El juez de la Audiencia Nacional que lo investiga, Ismael Moreno, decidió este martes abrir una pieza separada, y secreta, con toda la documentación que ha aportado el PSOE en relación a todos los pagos metálicos que se hicieron entre 2017 y 2024, todo ello concentrado en un pendrive. Solo la Fiscalía Anticorrupción y el propio juzgado podrán examinar el contenido en este primer tramo de la instrucción.
Lo que pretende el magistrado es esclarecer si existieron irregularidades en los pagos en metálico efectuados por el PSOE entre los últimos siete años y determinar si estos movimientos esconden actos de financiación ilegal, blanqueo de capitales o desviación de fondos. Es decir, aclarar si tienen justificación dentro de la forma de organizarse del partido -como hacen muchas empresas- o si forman parte de un esquema utilizado para canalizar dinero de forma opaca, favorecer a determinadas personas o financiar actividades al margen de la ley. De momento, es tan solo una hipótesis.
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El secreto decretado sobre esta documentación es una peticiónque llega desde Ferraz. El motivo es simple: proteger la investigación, evitar filtraciones y asegurar que la Fiscalía pueda analizar a fondo los datos antes de que sean públicos o utilizados por otras partes. En su auto, Moreno fundamenta la declaración de secreto por la sensibilidad de los datos, la relevancia legal de las diligencias y la protección de derechos de los afectados.
El contenido del pendrive no se limita a dirigentes o cargos de relevancia, sino a toda persona vinculada al partido, con el objetivo de trazar el flujo de dinero y su posible relación con operaciones opacas. El auto refleja las dudas persistentes sobre el “procedimiento y la persona” encargados de validar los justificantes presentados por los receptores del dinero, según las pesquisas reflejadas por el Tribunal Supremo.
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Preocupación por lo que pueda trascender
Existe preocupación entre los socialistas de que pueda trascender información sensible sobre el funcionamiento interno del partido y que partidos como PP y Vox, que participan formalmente en el procedimiento judicial como partes interesadas, puedan emplearla en su contra de manera partidista. Y es normal. La resolución judicial reconoce la “especial naturaleza” de los posibles delitos. “Resulta racional, lógica y fundada la necesidad de evitar que trasciendan datos que podrían ser empleados con fines ajenos a la investigación”, expone el escrito el magistrado.
“Resulta racional, lógica y fundada la necesidad de evitar que trasciendan datos que podrían ser empleados con fines ajenos a la investigación”
La investigación conecta las prácticas financieras internas del partido con el caso Koldo, en el que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García, enfrentan acusaciones de corrupción en la gestión de contratos sanitarios durante la pandemia, actualmente ambos en prisión preventiva y señalados como responsables de una red destinada a obtener comisiones ilícitas vinculadas a contratos públicos.
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Incógnita sobre el origen de los fondos
El magistrado ya abrió una pieza separada con el objetivo de determinar si los pagos en efectivo efectuados por el PSOE pudieron haber sido empleados por Ábalos y Koldo para operaciones de blanqueo de dinero de origen supuestamente irregular o ilícito. Esta decisión se adoptó después de que el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, a cargo de la investigación sobre Ábalos ySantos Cerdán, entre otros, manifestara sospechas alrededor de estos movimientos.
Tanto los magistrados como la Fiscalía consideran que no ha quedado esclarecido el procedimiento, ni quién era el responsable de validar las facturas presentadas por personas vinculadas al PSOE, quienes recibían pagos en efectivo como compensación por gastos declarados en el ejercicio de sus funciones.
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En sus declaraciones como testigos ante el Supremo, el exgerente socialista Mariano Moreno y una empleada del partido no lograron disipar las dudas del juez Puente, quien subrayó que persisten incógnitas sobre la naturaleza de estos pagos y el origen del dinero entregado en metálico. Por su parte, la Fiscalía apunta a conductas que podrían llegar a ser calificadas como presunto blanqueo de capitales o posible desfalco contra el partido, junto a otras irregularidades bajo investigación.
Sánchez, convencido de que no hay financiación ilegal
La revisión exhaustiva de las cuentas socialistas fue uno de los puntos destacados por Pedro Sánchez durante su balance gubernamental anual, celebrado en la Moncloa. El presidente del Gobierno remarcó que la transparencia del PSOE quedará aún más demostrada en los próximos meses, al estar sometidas sus finanzas no solo al escrutinio del Tribunal de Cuentas, sino también a una auditoría externa anunciada tras la aparición de informes de la UCO que vinculaban a Santos Cerdán con una presunta red de comisiones ilegales relacionadas con adjudicaciones de obra pública.
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“Las cuentas de mi partido son públicas y transparentes y están auditadas por el Tribunal de Cuentas”, apuntó. Recordó que la decisión de someter las finanzas socialistas a una revisión independiente responde al compromiso de pulcritud y rendición de cuentas ante los recientes señalamientos judiciales.

El caso conocido como caso Koldo sirvió también para que el líder socialista destacara la reacción del partido ante cualquier sospecha de ilegalidad. Sánchez aseguró que el PSOE ha respondido de manera inmediata y contundente, “apartando a las personas señaladas”, incluyendo aÁbalos y Koldo García, en una decisión que, según el mandatario, obedece a su “responsabilidad como presidente del Gobierno y como secretario general del Partido Socialista”.
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Sobre la posibilidad de abandonar su cargo en caso de comprobarse financiación ilegal en el PSOE, Sánchez fue categórico: desechó la hipótesis bajo el argumento de que “no la hay, y por tanto no puede ponerse en esa tesis”. El presidente socialista concluyó ratificando su confianza en la limpieza de la financiación de su organización, a la espera de que los informes venideros, según sus palabras, permitan comprobar la “pulcritud” de las cuentas del partido.
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