El Ejecutivo recurre el cierre definitivo de un centro de refugiados en Pozuelo e insta a su alcaldesa a garantizar la atención de los 125 migrantes

El Gobierno ha presentado un recurso ante la Justicia para frenar el cierre definitivo del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, según informa la Agencia EFE. Actualmente, las instalaciones acogen a 125 personas, entre ellas mujeres ucranianas beneficiarias de protección temporal, algunas acompañadas de sus hijos, así como mujeres latinas y afganas a quienes se ha concedido protección internacional junto a sus familias.

El edificio, cedido en 2022 por Seguridad Social al Ministerio de Migraciones, fue habilitado para responder a emergencias derivadas de conflictos armados, como la guerra en Ucrania. En la actualidad, hay cuatro centros CREADE distribuidos por España que atienden a refugiados ucranianos, según consta en la web del Ministerio de Migraciones: además de en Pozuelo de Alarcón, en Málaga, Barcelona y Torrevieja.

Desde su apertura, el recinto ha prestado asistencia a más de 100.000 personas que requerían protección internacional o temporal. No obstante, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, bajo el gobierno de Partido Popular (PP) con Paloma Tejero a la cabeza, decretó el cierre del centro el 31 de julio de este año. Ahora, el Ejecutivo, también ha solicitado medidas cautelares que garanticen la atención de los refugiados desalojados.

El argumento subyacente a la decisión de Tejero fue la falta de licencia para su actividad y la decisión se produjo después de que trascendiera la posibilidad de trasladar a las instalaciones a cerca de 400 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias. Pese a presentar alegaciones y un recurso de reposición, el consistorio madrileño ratificó el cierre definitivo del centro el 15 de septiembre, lo que llevó al Ejecutivo a recurrir a la vía judicial para evitar la clausura.

Desalojadas 400 personas en Badalona

La noticia del centro en Pozuelo llega tras el desalojo de centenares de migrantes que vivían en un instituto abandonado de Badalona. La decisión, impulsada por el alcalde popular de la ciudad catalana, Xavier García Albiol, fue avalada por una jueza que instó al primer edil a ofrecer una alternativa para las 400 personas afectadas. La resolución judicial data del pasado 12 de diciembre y autoriza al consistorio a recuperar la propiedad para el posterior derribo.

No obstante, el alcalde Badalona ha recriminado al Gobierno que “ahora le corresponde a Pedro Sánchez buscarles vivienda” porque no quiere gastar “un solo euro” en las personas desalojadas. Tras la negativa de Albiol a la reubicación de los migrantes, la portavoz del PP y compañera de partido, Esther Muñoz, le ha expresado su apoyo. Desde Génova, han aprovechado para anunciar que si el PP accede al Gobierno, impulsará una ley ‘antiokupación’, cuyo objetivo es el desalojo en menos de 24 horas.

Muñoz ha destacado que el Partido Popular ya logró la aprobación en el Senado de una ley similar hace un par de años, pero la iniciativa permanece paralizada en el Congreso. Además, la dirigente ha recordado que hace dos, semanas el Senado aprobó otra ley para eximir a los propietarios del pago de suministros en viviendas ocupadas, una medida que fue rechazada por el PSOE. Muñoz ha criticado la postura socialista a raíz del desalojo de Badalona, asegurando que “entre las víctimas y los delincuentes siempre se sitúan del lado de los delincuentes, muchas veces los suyos propios”, según ha recogido Europa Press.