La plataforma de alquiler de alojamientos turísticos Airbnb ha recibido una sanción de más de 64 millones de euros por parte del Ministerio de Consumo, tras detectarse la publicación de anuncios de viviendas para uso turístico sin licencia, entre otras infracciones. Esta multa, considerada de carácter grave, ha quedado firme después de que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, haya resuelto el recurso administrativo de alzada presentado por la compañía. Así lo ha comunicado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Bustinduy, en una resolución que agota la vía administrativa.
La decisión del Ministerio implica, además de la sanción económica, la imposición de dos medidas accesorias: Airbnb deberá rectificar los incumplimientos detectados, eliminando los anuncios ilícitos de su plataforma, y hacer pública la multa recibida. Según la información facilitada por el Ministerio, la investigación ha identificado un total de 65.122 anuncios en Airbnb que vulneraban la normativa de Consumo, lo que ha motivado la resolución sancionadora.
Como contraataque, Airbnb ha anunciado que presentará un recurso a la sanción del Ministerio de Consumo, y sostiene que siempre ha respetado la legislación española que regula los alquileres de corta duración. En un comunicado recogido por EFE, asegura que la multa contraviene el marco normativo tanto nacional como europeo, y que, desde la entrada en vigor de las últimas reglas sobre alquileres turísticos el 1 de julio, ha colaborado con el Ministerio de Vivienda para facilitar la implementación de los cambios. Además, la plataforma argumenta que debe regularse como servicio digital y no como agencia inmobiliaria, puesto que solo intermedia entre anfitriones y huéspedes.
Anuncios ilegales
Entre las prácticas consideradas desleales por el ministerio se encuentra la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin la correspondiente licencia, incumpliendo así las exigencias de la mayoría de normativas autonómicas, que obligan a incluir el número de registro en la publicidad. Asimismo, se ha constatado la publicación de anuncios con números de licencia o registro incorrectos, así como la difusión de información no veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que constituye una práctica de publicidad engañosa.
Por estos hechos, el Ministerio ha impuesto una sanción grave de 64.055.311 euros, cuantía que equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb durante el periodo en que los anuncios permanecieron activos tras el apercibimiento oficial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había respaldado previamente la orden de retirada de estos anuncios, dictada por el ministerio, en diferentes autos.
La resolución recoge otras infracciones: el incumplimiento de las obligaciones de los contratos celebrados a distancia, al omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión, ha sido sancionado como infracción leve con 10.000 euros. La negativa de la plataforma a suministrar datos o facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección durante la instrucción del expediente ha supuesto otra infracción leve, también sancionada con 10.000 euros. Por último, el incumplimiento de las órdenes o medidas provisionales dictadas para evitar riesgos o lesiones a los consumidores durante la tramitación del expediente ha sido calificado como infracción grave, con una sanción de 55.000 euros.
Las agencias inmobiliarias, en el punto de mira
Consumo también ha detallado en un comunicado que mantiene abiertos otros expedientes sancionadores a agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas en la gestión del alquiler, en el marco de su objetivo de combatir la crisis de la vivienda en España. Según ha declarado Bustinduy, “hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”. El ministro ha defendido que “ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley”.
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