La UCO se persona en Correos y en sedes de los ministerios de Transición Ecológica y de Hacienda por la trama Leire Díez

La investigación en torno a la presunta trama de corrupción con epicentro en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) avanza con nuevos movimientos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Desde primera hora de este viernes, agentes del instituto armado han desplegado una intensa actividad en varias sedes y organismos de la administración central. El foco: la recopilación de documentación sobre contratos y subvenciones bajo sospecha de haber sido amañados.

Fuentes cercanas a la investigación, citadas por EFE, señalaron que se han requerido documentos en entidades como Correos, dependencias del Ministerio de Hacienda y de Transición Ecológica y Reto Demográfico, incluyendo la Dirección General de Patrimonio del Estado y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. También se ha acudido a Cofivacasa, sociedad dependiente de la SEPI. El seguimiento documental se ha extendido a diversas direcciones generales de Transición Ecológica.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica, han informado a Europa Press que todos los documentos requeridos han sido facilitados a los uniformados “con total colaboración”. “Los expedientes aportados fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos”, han añadido.

Fiscalía Anticorrupción investiga delitos de corrupción y organización criminal

Estas nuevas diligencias se suman a otros registros realizados en los últimos días en la propia sede de la SEPI y en empresas participadas como Mercasa, ENUSA Industrias Avanzadas y la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides).

Los agentes también han pasado por las oficinas de la empresa de renovables Forestalia, en Madrid y Zaragoza, por un inmueble en la calle Diego de León donde la exconcejal socialista Leire Díez - detenida este miércoles por la Guardia Civil - mantenía encuentros con empresarios, por el despacho de abogados SDP Estudio Legal en Sevilla, y por la firma Servinabar 2000, relacionada según la investigación con el exdirigente del PSOE Santos Cerdán. Algunas de estas ubicaciones ya habían sido registradas en una fase anterior de la causa, el pasado junio.

La operación, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y dirigida por el juez Antonio Píña, de la Audiencia Nacional, se mantiene bajo secreto de sumario. La instrucción investiga posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Este sábado está previsto que comparezcan ante el magistrado los tres arrestados en la operación: Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el empresario vasco Joseba Antxon Alonso, a quien los investigadores relacionan como socio de Santos Cerdán en Sevinabar.

En los próximos días serán llamados a declarar otros investigados, entre ellos José Vicente Berlanga, presidente de ENUSA hasta 2021 y persona próxima al exministro José Luis Ábalos. Tanto Díez como Berlanga habían trabajado en empresas públicas como ENUSA o Correos, organismos en los que ahora se centra la atención de la UCO con el fin de recabar información sobre contratos públicos que están bajo sospecha de haber sido irregulares por artificio de los arrestados.

El operativo del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional contemplaba la práctica de 19 registros y diligencias de requerimiento repartidas entre sedes públicas y empresas vinculadas a la trama. La investigación, en plena fase operativa, sigue sumando registros y recogida de pruebas para esclarecer el alcance de los contratos y subvenciones bajo la lupa judicial.