
Aunque el futuro de Andrés de Inglaterra cada vez es más oscuro, parece que el hermano de Carlos III ha tenido alguna alegría dentro de toda la tormenta en la que lleva envuelto desde septiembre de este año. Y es que la Policía Metropolitana de Londres ha decidido no abrir una investigación penal tras las recientes informaciones que señalaban a Andrés Mountbatten-Windsor por un supuesto uso indebido de recursos públicos para desacreditar a Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes del entramado de abusos sexuales vinculados a Jeffrey Epstein.
La decisión se produce después de que la fuerza policial analizara el contenido de los reportajes publicados por el Mail on Sunday, en los que se afirmaba que el exduque de York habría pedido a su escolta personal —financiado con fondos públicos— que recopilara información comprometedora sobre Giuffre en 2011. Según la información, el hijo de Isabel II habría facilitado a su agente datos personales sensibles de la mujer, como su fecha de nacimiento y su número de la Seguridad Social, con el objetivo de lanzar una campaña de desprestigio contra ella. Sin embargo, tras una “evaluación adicional”, Scotland Yard ha concluido que no existen pruebas suficientes que permitan sostener la existencia de un delito o una conducta inapropiada de carácter penal.
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En un comunicado oficial, la Policía Metropolitana ha subrayado que, hasta el momento, no ha recibido nuevos elementos que justifiquen reactivar la investigación. No obstante, deja la puerta abierta a revisar su postura si en el futuro se aportan datos relevantes, incluidos aquellos que puedan surgir de la publicación de documentos en Estados Unidos relacionados con el caso Epstein.
El ente público defiende su actuación y recuerda que las denuncias relacionadas con Epstein y Maxwell fueron evaluadas en profundidad desde 2015. En aquel momento, los agentes entrevistaron a Giuffre y contactaron con otras posibles víctimas, además de analizar los hechos ocurridos tanto en el Reino Unido como en el extranjero.
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La policía ha explicado que la mayoría de los presuntos delitos se habrían producido fuera del territorio británico y que los principales implicados no residían en el Reino Unido. Tras consultar con la Fiscalía de la Corona y coordinarse con las autoridades estadounidenses, se ha concluido que otras jurisdicciones estaban mejor situadas para investigar las acusaciones.
Un caso marcado por la polémica
Virginia Giuffre, fallecida el pasado mes de abril a los 41 años, aseguró durante años haber sido víctima de una red de trata sexual liderada por Jeffrey Epstein y su entonces pareja, Ghislaine Maxwell. Entre sus acusaciones más graves, sostuvo que fue llevada a Londres cuando era menor y presentada a Andrés Mountbatten-Windsor en el club nocturno Tramp, donde, según su testimonio, mantuvo relaciones sexuales con él. También afirmó que Epstein le pagó 15.000 dólares tras ese encuentro.
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El hermano del rey Carlos III ha negado reiteradamente todas las acusaciones. En una entrevista concedida en 2019 al programa Newsnight de la BBC, el expríncipe aseguró no recordar haber conocido a Giuffre y rechazó de plano su versión de los hechos. Desde entonces, ha mantenido su negativa de forma constante. Pero esta nueva decisión de Scotland Yard ha provocado una profunda indignación en el entorno familiar de Virginia Giuffre.

Sus allegados se han declarado “profundamente decepcionados” y han criticado que la Policía Metropolitana adoptara esta resolución sin informarles previamente ni consultarles. Según recoge el Sunday Times, la familia ha tenido conocimiento del anuncio de manera inesperada, a pesar de que días antes un detective les había solicitado si disponían de pruebas adicionales que quisieran aportar.
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En un comunicado, los familiares han expresado su sorpresa ante el hecho de que la policía no haya esperado a la posible publicación de nuevos documentos vinculados a Epstein en Estados Unidos, especialmente tras la aprobación de la llamada Ley de Transparencia de Epstein por parte del Congreso. A su juicio, la decisión transmite la sensación de que el sistema continúa protegiendo a figuras poderosas frente a las víctimas. “Seguimos cuestionando un sistema que protege a los abusadores”, señalaba la familia, que también ha reivindicado la memoria de Giuffre y el derecho de los supervivientes a que se haga justicia.
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