Más de 1,5 millones de inquilinos se enfrentan a subidas medias de 1.735 euros en el alquiler por la revisión de contratos en 2026

El aumento proyectado de los alquileres plantea un escenario de incertidumbre para más de un millón y medio de inquilinos en España, mientras se acerca la fecha de expiración de sus contratos en 2026. Un total de 632.369 contratos de alquiler finalizarán en los próximos 12 meses, muchos de ellos firmados en 2021 coincidiendo con la reactivación posterior a la pandemia y la sensación de protección por la nueva legislación sobre vivienda, que limitaba las subidas de rentas durante los cinco años de duración de un contrato.

Según estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la renovación de estos contratos supondrá un incremento promedio de 1.735 euros anuales para los arrendatarios afectados. No obstante, existen grandes diferencias regionales: en Baleares, la subida media podría alcanzar los 4.615 euros al año, situando a ese archipiélago como el territorio más afectado.

Al extender el cálculo a quienes también podrían ver finalizar su contrato en 2027, el ámbito de impacto escala casi a 2,7 millones de personas. Este dato resulta de un análisis realizado a partir de la última Encuesta de Condiciones de Vida, que ha sido utilizada por el Ministerio para cuantificar la potencial exposición de la población a incrementos de renta significativos en el corto y medio plazo.

Por regiones, la Comunidad Valenciana se sitúa tras Baleares en cuanto al impacto de las renovaciones (2.686 euros de media al año), seguida por Canarias (2.267 euros) y Madrid (2.042 euros). Otras regiones donde el alza anual supera los mil euros incluyen Cantabria (1.969 euros), Andalucía (1.952 euros), La Rioja (1.408 euros), Castilla-La Mancha (1.131 euros), Asturias (1.087 euros) y Murcia (1.013 euros).

Las cifras, sin embargo, omiten la situación de Cataluña, País Vasco y Navarra. Cataluña no aparece en el cálculo debido a la existencia de zonas tensionadas con fuertes restricciones que cubren el 80% de su población. En el caso de las otras dos comunidades, el régimen foral y la ausencia de datos comparables en el Panel de Hogares impiden su inclusión.

Los afectados se concentran en Madrid y Cataluña

El análisis sobre la distribución territorial muestra que Madrid lidera el número de contratos cuya finalización se prevé para 2026, con 145.881 contratos y 404.090 personas afectadas. Le siguen Cataluña, con 112.728 contratos y 300.984 personas; Andalucía, con 85.491 contratos y 213.728 personas; y, nuevamente, la Comunidad Valenciana, con 62.523 contratos y 155.057 afectados. Estos datos proceden del Panel de Hogares elaborado por la Agencia Tributaria en colaboración con el INE y el Instituto de Estudios Fiscales.

A estas tensiones se suma la aceleración experimentada por las rentas de alquiler en los últimos años. Según el portal inmobiliario Idealista, entre octubre de 2020 y octubre de 2025 el precio medio del alquiler subió un 34,3%, elevando el costo de un piso de ochenta metros cuadrados a 1.160 euros mensuales, lo que implica 300 euros más que hace cinco años. Además, el 36,42% de los hogares arrendatarios destina más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler y más de 2,5 millones de personas viven en condiciones de vulnerabilidad financiera.

Posibilidad de prorrogar las contratos vigentes

En este contexto, se han intensificado las presiones políticas sobre el PSOE para frenar la escalada de precios y proteger a los arrendatarios. Sumar exige renovar automáticamente los contratos que vencen en los próximos meses, limitando la subida al IPC y extendiendo la prórroga los contratos que expiran en 2026, en el marco de una negociación para adoptar estas medidas mediante un real decreto ley antes de fin de año. “Prorroguemos los contratos, aprobemos el real decreto que tienen encima de la mesa hace ya demasiado tiempo”, instó la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, insistiendo en la urgencia de actuar para evitar subidas del 20 al 50% que amenazan a más de un millón de inquilinos.

La falta de consenso en la negociación, según fuentes cercanas, radica en la negativa del PSOE a prorrogar los contratos “en bloque”, defendiendo en su lugar la aplicación de tramos diferenciados. A su vez, Podemos, por voz de Javier Sánchez, reclama la extensión de la moratoria de desahucios, que vence el 31 de diciembre y afecta a 60.000 familias vulnerables, y advierte al Gobierno de que no deje caer una de las pocas medidas sociales en pie del ciclo anterior.