El exministro de Transportes y ex secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, ha interpuesto un recurso de apelación contra su encarcelación provisional ordenada por el Tribunal Supremo en el marco del caso mascarillas.
Así lo ha anunciado Ábalos en un mensaje publicado este jueves en X, que coincide con la revisión de lo magistrados a puerta cerrada de los recursos contra el auto de procesamiento. En su petición, el exministro ha argumentado que “no hay indicios” ni “riesgo de fuga” para que se lleve a cabo su encarcelamiento preventivo, como sí apreció en su auto el juez instructor Leopoldo Puente. El exministro ha alegado una vulneración a su derecho a la tutela judicial efectiva, recogidos en los artículos 17 y 24 de la Constitución, y ha defendido que su privación de libertad vulnera los derechos básicos comunes a toda medida cautelar. Ha añadido además que se ha hecho uso de ella para “fines ajenos a la institución procesal”.
El pasado 27 de noviembre, el juez instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, decretó su encarcelamiento provisional y sin fianza por el riesgo “extremo” de fuga de ambos, ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario, y la elevada petición de penas: hasta 30 años de cárcel. Sobre el exministro pesan presuntos delitos como organización criminal, cohecho o malversación.
Ábalos ve vulnerado el derecho de representación política
Su ingreso en prisión marcó una situación inaudita en la democracia Española, ya que fue la primera vez que un diputado nacional en ejercicio entra en prisión. El exdiputado socialista todavía conserva su acta (hasta que se produzca una sentencia firme), pero no puede votar. Así, entiende que su encarcelamiento vulnera también el derecho de representación política. “Seguiré luchando no solo por mis derechos, sino en defensa de los derechos ganados para todos y todas en nuestra democracia”, ha escrito.
El exministro defendió en su pasada visita al Supremo que no tiene ningún lugar al que ir, ni el dinero suficiente para escapar. Y de nuevo, como así afirmó antes de entrar en la cárcel en una entrevista para la Cadena Ser, considera que su encarcelamiento es “una decisión política” que busca “conseguir una declaración colaborativa”.
En el marco de esta trama, el magistrado también aplicó este jueves medidas cautelares contra empresarios que, considera, tuvieron un papel clave en la trama. En este sendio, prohibió salir del país a Justo Vicente Pelegrini, quien fuera director de Acciona Construcción de España, y a Tomás Olarte, exdirector de la zona norte de la compañía, al tiempo que les ha retirado el pasaporte y les ha impuesto la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial por su presunta vinculación en los amaños de obra pública que se investigan en el ‘caso Koldo’.
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