El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a una senda de déficit con condiciones idénticas a la aprobada el pasado 18 de noviembre, después de que el Congreso de los Diputados rechazase el pasado jueves el texto con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN. Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública el periodo 2026-2028, que concretan el llamado ‘techo de gasto’ (el límite en el gasto no financiero para el conjunto de las administraciones), serán enviados por segunda vez a las Cortes para que estas decidan si permiten que salga adelante, pese a no contar de momento con los apoyos necesarios para ello.
Si la propuesta del Gobierno no logra el respaldo del Congreso por segunda vez, se aplicarán de forma automática los límites de déficit contemplados en el plan fiscal estructural remitido en 2024. Aunque estos topes coinciden en términos globales con los objetivos rechazados, introducen una diferencia clave: las autonomías deberán culminar sus ejercicios presupuestarios en perfecto equilibrio, suprimiendo la posibilidad de incurrir en una décima de porcentaje de déficit. De acuerdo a las estimaciones avanzadas, la entrada en vigor de esta regla más estricta supondría para las comunidades autónomas un recorte total de 5.485 millones de euros en margen de gasto durante el periodo 2026-2028.
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Completado este segundo paso en las Cortes, independientemente del resultado, el Ejecutivo da por cumplidos los trámites necesarios previos al planteamiento del proyecto de presupuestos generales para 2026 y pasará a la siguiente fase del procedimiento parlamentario.
Hacienda espera tener presupuestos en abril o mayo
María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha asegurado que el Gobierno pretende que el proyecto de Presupuestos Generales para 2026 esté aprobado en torno a principios o mediados del segundo trimestre del año. La funcionaria ha explicado su intención de presentar la propuesta presupuestaria en el Congreso durante los tres primeros meses del próximo año, buscando agilizar el proceso legislativo y permitir la entrada en vigor de las nuevas cuentas públicas cuanto antes.
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Respecto a los objetivos de estabilidad presupuestaria, el Gobierno había presentado un plan para reducir progresivamente el déficit público. La hoja de ruta establecía pasar de un déficit del 2,1% en 2026 para el conjunto de las Administraciones Públicas, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. Esta senda fiscal, no obstante, fue la rechazada por la Cámara Baja.
Qué proponía la senda rechazada
El documento concretaba además la distribución por subsectores: las comunidades autónomas deberían situar su déficit en el 0,1% del PIB en 2026, 2027 y 2028, y los ayuntamientos tendrían como objetivo alcanzar el equilibrio presupuestario en esos mismos años. Para la Administración General del Estado, la reducción del déficit quedaba prevista en un 1,8% para 2026, bajando al 1,5% el año siguiente y llegando al 1,4% en 2028. En cuanto a la Seguridad Social, la previsión era de un déficit del 0,2% tanto en 2026 como en 2027, disminuyendo hasta el 0,1% en 2028.
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Como parte del marco presupuestario, el Gobierno propuso un techo de gasto récord de 216.177 millones de euros para 2026, cifra que subraya la apuesta por asegurar la financiación de las políticas públicas y los servicios esenciales.
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