El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la elevación del techo de gasto en 2026 hasta los 212.026 millones de euros, colocando en máximos históricos el límite de lo que puede gastar el Estado en partidas no financieras, excluyendo el pago de deuda. Esta nueva cifra supone una subida del 8,5% en el tope que se utiliza como referencia para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
En la misma sesión, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a una senda de estabilidad 2026-2028 que contempla una reducción progresiva del déficit público al 2,1% del PIB en 2026 y al 1,8% y el 1,6% en los dos años posteriores, en línea con el plan fiscal estructural. El Congreso votará la próxima semana si ratifica esta hoja de ruta para las cuentas nacionales, un paso necesario para que el Consejo pueda aprobar el proyecto de ley para los presupuestos.
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“Cumplimos con el primer hito fundamental de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del año 2026, que vamos a presentar porque van a ser buenos para el conjunto de la ciudadanía”, ha recalcado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior a la reunión. La política socialista ha señalado también que el nuevo máximo en la capacidad de gasto no financiero incluye los 4.151 millones de euros correpsondientes a fondos europeos.
Objetivos de déficit por administraciones
La nueva senda fiscal también reparte objetivos específicos entre los distintos niveles de la administración. Las comunidades autónomas deberán limitar su déficit al 0,1% del PIB en los años 2026, 2027 y 2028, mientras que para los ayuntamientos se mantiene la exigencia de estabilidad presupuestaria durante ese mismo periodo. En contraste, la Administración General del Estado (AGE) asumirá la mayor carga del ajuste: el objetivo para 2026 será del 1,8% del PIB, por debajo del 2,2% fijado para 2025. Para los ejercicios siguientes, la meta es aún más estricta: 1,5% en 2027 y 1,4% en 2028.
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En relación con la Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda ha establecido el déficit previsto será del 0,2% en 2026 y 2027, para reducirse al 0,1% en 2028. Esta previsión incorpora el efecto de una significativa transferencia desde la Administración Central: 22.881 millones de euros que permitirán cumplir con la recomendación máxima del Pacto de Toledo. Montero enfatizó: “Esta transferencia se asume íntegramente por la Administración central, lo que tiene su impacto en la senda de déficit de nuestro subsector de la AGE”.
Hoja de ruta para la reducción de deuda
En cuanto a la deuda pública, los nuevos límites también contemplan una reducción sostenida: 100,9% del PIB en 2026, 100% en 2027 y 99,1% en 2028. Montero destacó el esfuerzo reciente por disminuir los niveles de endeudamiento tras el máximo histórico registrado durante la pandemia, subrayando: “Vamos a seguir reduciendo el pasivo de nuestro país, algo que llevamos haciendo con éxito los últimos años, tras haber alcanzado la deuda pública a su pico máximo durante la pandemia”. A nivel de disciplina presupuestaria, la regla de gasto experimentará ligeros ajustes, situándose en 3,5% para 2026, 3,4% en 2027 y 3,2% durante 2028.
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Por otro lado, la vicepresidenta confirmó que se está trabajando activamente para que los próximos presupuestos sean identificados por la mayoría parlamentaria como una “necesidad” que llegue a los hogares españoles. Además, Montero insistió en que las cuentas públicas serán “expansivas y responsables”. La ministra subrayó que la hoja de ruta definida con la actual senda de estabilidad funcionará como guía tanto para la Administración General del Estado como para las comunidades autónomas, las entidades locales y la Seguridad Social durante el diseño y la ejecución de los próximos presupuestos.
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