El PSOE pide a Europa lo que rechaza en España: aire a los fondos buitre para que sigan comprando vivienda y un nuevo problema con Sumar

El ingreso en prisión de José Luis Ábalos es una bomba para el Gobierno, pero este jueves ayudó a ensordecer una decisión que de haberse producido en otra fecha habría tenido un impacto muy diferente. Ni siquiera tuvo primer plano en el Congreso, donde la votación clave fue la senda de déficit, paso previo a los Presupuestos. PP, Vox y Junts la tumbaron.

El orden del día incluía una proposición de Sumar a fin de que empresas y fondos no puedan adquirir viviendas con un fin exclusivamente especulativo. PP, Vox y Junts se opusieron, como cabía esperar. La sorpresa vino en la izquierda, entre la que solo sumó 44 votos a favor. Además de Sumar, apoyaron ERC, Bildu, Podemos y BNG. Abstención tanto del PSOE como del PNV.

El menor de los signos es la ruptura en el seno de la coalición, o que se trate de una grieta en el asunto capital de la legislatura. Lo que ocurrió en el Congreso es que el PSOE ha tirado por el camino de en medio teniendo sobre la mesa una iniciativa que cooperaría en el acceso a la vivienda para quien la necesita. Y ha comprometido su relato.

La proposición de Sumar

La premisa de Sumar es que cerca de dos años después de la aprobación de la Ley de Vivienda, los problemas que se propuso solucionar no han hecho sino agravarse: “El derecho sigue sin ser efectivo, comprometiendo la emancipación de los jóvenes, provocando situaciones de exclusión e imposibilitando el desarrollo de una vida digna y segura a una parte importante de la ciudadanía”.

Recuerda el partido de Yolanda Díaz que el incremento sostenido de los precios -de un 12,3% interanual en vivienda nueva y un 11,1% en segunda mano, según el INE- y la “subida imparable” de los alquileres -un 11,5% más- “sigue siendo consecuencia del peso que en la dialéctica entre bien de uso versus bien de inversión tiene este último”.

“En consecuencia -expone la formación- es necesario seguir regulando en favor del derecho constitucional a la vivienda frente al derecho de propiedad y su infinitud, cuando este último impide de facto la efectividad del primero. (...) Por definición, las personas jurídicas de carácter mercantil tienden a la maximización de beneficios”.

La mitad de las viviendas desde 2008

Así -termina Sumar-, en esta proposición de ley se limita el derecho de transmisión de propiedad tanto a título oneroso como gratuito de viviendas a las personas físicas, reservando a las jurídicas el derecho de propiedad de aquellos inmuebles que no tengan carácter residencial, sino afección a actividades económicas de carácter primario, secundario o terciario".

La iniciativa señalaba a personas jurídicas, pero con excepciones, como los agentes económicos y sociales, las organizaciones sin ánimo de lucro, las ONG y las entidades religiosas. El portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, aseguró en el estrado que fondos buitre y empresas multipropiedad han comprado desde 2008 la mitad de los inmuebles en España.

Ante todo lo anterior, y a tenor del botón que apretó desde sus escaños, el PSOE presenta objeciones. Se trataba solo de un primer escalón no vinculante, ya que consistía simplemente en dirimir si comenzaba a tramitarse. Por delante quedarían largos meses de trabajo y compleja negociación hasta un debate y votación ya sí definitivo.

El “modelo” de Pedro Sánchez

Para ERC, Bildu, Podemos y BNG no solo se trataba de un texto adecuado, sino que lo consideraron “de mínimos”. Podemos quiso ir más allá, abogando por “expropiar a los acaparadores, en lugar de buscar consensos imposibles”. Lo hizo tras enumerar las propiedades inmobiliarias de varios diputados de PP y Vox.

Desde PP y Vox, también Junts, consideran que vetar la compra a empresas y fondos agravaría la crisis porque, arguyen, reduciría aún más la oferta y subiría más los precios. “Es un disparate, una medida para señalar culpables para justificar que nada de lo que hacen funciona”, sostuvo Carlos Gil, del PP. En Junts están “hartos del festival de inventos y propuestas estrafalarias”.

¿Y qué dijo el PSOE? Su portavoz en este debate, Gabriel Blanco, mostró a su grupo “abierto a debatir y trabajar en cualquier medida para combatir la especulación, siempre que se haga desde el rigor y la seguridad jurídica”. Concluyó que su “modelo” es el de Pedro Sánchez, pidiendo medidas en Europa para frenar la compra de vivienda para uso no residencial.

La nota de Moncloa

Frenar la compra de vivienda para uso no residencial es precisamente lo que contenía la proposición malograda. Justo este jueves, Moncloa emitió una nota en la que informaba de la “apuesta” de la ministra Isabel Rodríguez “por que Europa permita a los Estados miembros prohibir la compra especulativa de viviendas”.

En la nota, se lee textualmente: “La ministra de Vivienda apuesta por que Europa permita a los Estados miembros actuar en zonas tensionadas afectadas por la subida descontrolada de los precios y la tensión turística. Entre esas medidas, están que se prohíba la compraventa especulativa de viviendas y la venta a fondos buitre de vivienda protegida”.

El Gobierno subraya que ha destinado una inversión récord en vivienda. El presidente anticipó que la presente sería la legislatura propicia para dar la vuelta a la situación, con “buenas leyes” que recojan “el sentir mayoritario”. En marzo pronunció: “La ciudadanía pide que actuemos y no opere la ley de la selva, y evitar que fondos buitre y especuladores hagan y deshagan a su antojo”.

Ábalos pronunció en febrero de 2021 unas recordadas declaraciones: “La vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado”. Cerca de media década después, la realidad ha cambiado para el socialista, hoy en una prisión con piscina y gimnasio, pero no para los españoles que siguen ahogados en busca de un lugar para vivir.