La Agencia Tributaria ha exigido a un jubilado el pago de 104.138,09 euros tras determinar que, pese a haber fijado su residencia en Andorra a finales de 2017, su centro de intereses económicos y familiares permanecía en España, informa Digital Andorra. El caso comenzó cuando la oficina de Hacienda en Lleida detectó que el contribuyente no había presentado la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2018, a pesar de haber percibido ingresos sujetos a tributación en territorio español.
El afectado alegó que desde finales de 2017 residía en Andorra, donde primero alquiló y posteriormente adquirió una vivienda. Sin embargo, los inspectores comprobaron que mantenía inmuebles tanto en España como en el Principado, lo que llevó a la administración a considerar que su vida económica seguía vinculada principalmente a España.
El jubilado defendió que su traslado a Andorra era efectivo, aportando como prueba el alquiler y posterior compra de una vivienda en ese país. No obstante, Hacienda sostuvo que la mera tenencia de un inmueble en el extranjero no es suficiente para acreditar un cambio de residencia fiscal si persisten lazos económicos y familiares en España.
Centro de intereses vitales
La investigación reveló que el contribuyente disponía de vivienda permanente en ambos países, lo que motivó a la Agencia Tributaria a profundizar en el análisis de su situación personal y patrimonial.
Durante el proceso, Hacienda argumentó que el jubilado no solo mantenía propiedades en España, sino que también su actividad económica y relaciones familiares más estrechas seguían localizadas en territorio nacional. La administración aplicó el criterio del centro de intereses vitales, que prioriza la localización de la familia, el patrimonio y la fuente principal de ingresos para determinar la residencia fiscal.
El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña respaldó la posición de Hacienda, señalando que el afectado no acreditó tener intereses económicos de mayor importancia en Andorra ni relaciones familiares o personales más estrechas con ese país.
La Justicia avala a Hacienda
El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña confirmó la deuda tributaria de 60.864,23 euros y una sanción adicional de 43.273,86 euros al jubilado. En su resolución, el organismo subrayó que, aunque el contribuyente disponía de una vivienda en Andorra, “no acreditó tener intereses económicos de mayor importancia en Andorra, ni relaciones familiares ni personales más estrechas con ese país”.
Ante la confirmación de la deuda y la sanción, el jubilado recurrió a la vía judicial, argumentando que su interpretación de la normativa era razonable y solicitando la anulación de la sanción impuesta.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ratificó la decisión de Hacienda, aplicando el criterio de centro de intereses vitales para determinar la residencia fiscal. Según la sentencia, este criterio se basa en la localización de las relaciones personales y económicas más estrechas, como la familia, el patrimonio y los ingresos.
Pensión y cuatro inmuebles
El tribunal detalló que el jubilado percibía una pensión de la Seguridad Social española superior a 34.000 euros, había rescatado planes de pensiones por casi 120.000 euros y era propietario de cuatro inmuebles en Barcelona y Lleida. Además, quedó acreditado que sus familiares más directos -mujer, hijas y nieto- residían en España, y que su esposa presentó la declaración de IRPF en territorio español durante el mismo ejercicio.
La sentencia destacó la falta de pruebas que acreditasen una vida fiscal real en Andorra y la claridad de los vínculos con España. El tribunal reprochó que “no se niega la residencia andorrana, sino que deba la misma prevalecer” sin haber demostrado tributación efectiva en el Principado, ya que el jubilado “se limita a afirmar la aserción, sin remitir a ningún patrimonio probatorio”.
El Convenio de Doble Imposición
El tribunal calificó la conducta del contribuyente como negligente y sancionable, al considerar que “la totalidad de elementos que determinan la residencia fiscal española son conocidos al recurrente” y que “la ausencia de tributación por la renta mundial, ante cualquier jurisdicción, no podía escapar a un contribuyente muy mínimamente diligente”.
La resolución judicial se basó en el artículo 9 de la Ley del IRPF y en el Convenio de Doble Imposición con Andorra, que establecen los criterios para determinar la residencia fiscal. El centro de intereses vitales se define por la localización de las relaciones personales y económicas más estrechas, lo que en este caso llevó a los tribunales a considerar que el jubilado debía tributar en España pese a su residencia formal en Andorra.
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