
El líder popular Alberto Núñez Feijóo ha propuesto esta mañana al portavoz del Grupo Parlamentario del PP en las Cortes Valencianas, Juan Francisco Pérez Llorca, como sucesor de Carlos Mazón al frente del gobierno de la región. Una semana después de que este último anunciara su dimisión, tras enfrentarse al dolor e indignación de los familiares de los 229 fallecidos en el funeral de Estado por la DANA y el mismo día que el president en funciones declara en las Corts en la comisión de investigación, ya hay sentencia. Se barajaron nombre como el del presidente de la diputación de Valencia, Vicent Mompó; o el de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Otra de las preferencias, también por Vox, estaba en el ‘número dos’ de Mazón, Pérez Llorca. Y así ha sido.
Desde la dirección nacional del PP ha contado con el respaldo unánime de los tres presidentes provinciales. El PPVC le transmitirá ahora a Vox la decisión, así como al resto de grupos de las Corts de cara al pleno de investidura que se convocará próximamente.
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La realidad es que Pérez Llorca, además de ser el portavoz del PP en las Cortes también es alcalde del municipio de Finestrat desde 2015, diputado autonómico y secretario general de los populares valencianos. También la mano derecha de Mazón, que por este motivo, ha contado con su beneplácito. Este mismo martes, el president en funciones ha asegurado que Pérez Llorca es un “extraordinario candidato”.
Empresario en sus inicios, militante del PP desde 2003, durante dos décadas ha escalado paso a paso en la estructura provincial y regional, comenzando como concejal en este municipio, que tiene unos nueve mil habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Tras la victoria del PP en la siguiente legislatura, asumió la responsabilidad de urbanismo y, en 2015, sustituyó a Honorato Algado al frente del Ayuntamiento. Ese mismo año se convirtió también en diputado provincial en Alicante, cargo que renovó en 2019. Su ascenso orgánico llegó de la mano de Carlos Mazón, primero en la provincia y después en el conjunto del PPCV, donde fue nombrado vicesecretario de organización en 2021 y secretario general en 2023, tras la victoria del PP en las autonómicas.
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Al igual que ha ocurrido con el entorno político de Mazón -como Mompó-, el futuro nuevo president también está llamado a declarar por la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la tragedia del 29 de octubre de 2024, Nuria Ruiz Tobarra. El pasado viernes citó al político en calidad de testigo para declarar el próximo 21 de noviembre a las 9.30 horas.
Su “afable” relación con Vox
Una de sus claves políticas es la relación fluida que ha mantenido con Vox desde la llegada de esta formación al tablero autonómico. Fue uno de los artífices del pacto que permitió la investidura de Mazón en 2023 y, posteriormente, participó en las negociaciones que allanaron la aprobación de los Presupuestos autonómicos. En aquel momento, Mazón tuvo que asumir públicamente varias de las exigencias de la formación de extrema derecha, lo que generó tensiones en la dirección nacional del PP.
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Ese entendimiento, sin embargo, es visto ahora como un aval de estabilidad en un contexto en el que Vox tiene la llave de la investidura y ha reiterado su disposición a condicionar su apoyo a medidas contra la agenda climática europea y la inmigración irregular. Sin embargo, el partido de ultraderecha no ha querido pronunciarse sobre sus siguientes pasos. El secretario de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado que “se han enterado por los medios y, por el momento, “el PP no le ha informado de esta decisión”.
“Vox no entra en decidir al candidato: nuestra única preocupación es negociar directamente con la persona que designe el PP, porque será esa la persona que deba comprometerse y cumplir con todos los acuerdos que alcance con Vox”, ha informado la ultraderecha.
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En el escenario más favorable, si las negociaciones avanzan sin sobresaltos, el pleno de investidura podría celebrarse a finales de noviembre y la Comunidad Valenciana tendría nuevo president el día 24. Si las conversaciones se atascan, la ley concede dos meses desde la dimisión de Mazón para alcanzar un acuerdo. Si al término de ese plazo no hubiera candidato investido, se abriría el camino hacia unas elecciones que podrían retrasarse hasta primavera.
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