La Generalitat Valenciana ha desvelado finalmente este miércoles el contenido de los documentos que el presidente autonómico, Carlos Mazón, firmó el 29 de octubre de 2024 mientras almorzaba en el restaurante El Ventorro junto a la periodista Maribel Vilaplana, en plena jornada de la devastadora DANA que se cobró 229 vidas y arrasó decenas de municipios de la provincia de Valencia. Según ha confirmado el Ejecutivo autonómico, el sobre que Mazón recibió aquel día contenía resoluciones oficiales de becas a deportistas de élite que requerían su firma urgente antes de que expirara el plazo administrativo establecido.
De acuerdo con fuentes de Presidencia de la Generalitat consultadas por El País, un ordenanza del Palau fue el encargado de trasladar la documentación al restaurante, aunque fue el propio propietario del establecimiento quien entregó el sobre en mano al jefe del Consell. Mazón procedió a rubricar los documentos durante la comida, según corroboran los testimonios y registros oficiales.
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La Dirección General de Deporte había solicitado la firma inmediata de la tercera lista parcial de deportistas de élite de 2024, cuya publicación resultaba imprescindible para que los alumnos beneficiarios pudieran solicitar, antes del 31 de octubre, la exención de la asignatura de Educación Física o la convalidación de una optativa en sus respectivos centros educativos.
Una firma necesaria para publicar la lista completa
La Consejería de Educación y Deporte mantiene desde hace años regulado un calendario estricto que obliga a publicar antes de final de octubre las resoluciones que afectan a los deportistas de élite en formación. Sin embargo, la primera lista publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) el mismo día 29 de octubre, cuando el temporal descargaba sobre la provincia, apareció incompleta por error administrativo: incluía únicamente el listado de Alta Competición, quedando fuera los denominados Deportistas de Élite Promoción, categoría que agrupa principalmente a menores de edad y estudiantes que compatibilizan sus estudios con la práctica deportiva de alto nivel.
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El fallo obligó a la Dirección General a reemitir de forma urgente la resolución completa, que requería la firma personal del president. La Generalitat sostiene que esa rúbrica era indispensable para poder publicar la lista corregida en el DOCV y garantizar así que los beneficiarios no perdieran su derecho. De hecho, la resolución completa se publicó esa misma tarde del 29 de octubre, pocas horas después de que Mazón firmara los documentos en el restaurante de la localidad valenciana.
Fuentes del Ejecutivo insisten en que se trató de un procedimiento administrativo ordinario y que el envío se realizó “con carácter de urgencia técnica” debido a la inminencia del cierre del plazo. Desde Presidencia recalcan, además, que no tenía ninguna relación con la emergencia meteorológica ni con las actuaciones que en ese momento desplegaban los servicios de emergencia en las comarcas afectadas por la riada.
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La aclaración llega tras la declaración de Vilaplana en el juzgado
El detalle del sobre firmado por Mazón ha sido objeto de debate en los últimos días, después de que la periodista Maribel Vilaplana relatara el episodio durante su declaración como testigo este lunes en el Juzgado de Instrucción número 4 de Catarroja, donde se investigan las posibles responsabilidades en la gestión de la DANA. Vilaplana explicó que, al comienzo del almuerzo, pasadas las tres de la tarde, el propietario del restaurante se acercó a la mesa y entregó al presidente un sobre grande “con documentos para firmar”, que Mazón rubricó en ese momento.
El testimonio llevó a la acusación popular, ejercida por Acció Cultural del País Valencià (ACPV), a solicitar a la jueza Nuria Ruiz Tobarra que requiriera a la Generalitat una copia de los documentos firmados por el president durante aquella comida. El colectivo sospechaba que pudieran tratarse de documentos vinculados a la emergencia o relacionados con las actuaciones de los dos ex altos cargos investigados en la causa: Salomé Pradas, entonces consellera de Justicia e Interior, y su número dos durante la crisis, Emilio Argüeso.
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ACPV argumentó en su escrito que “la firma del president solo es requerida para decretos ley, decretos de Gobierno o decretos de Presidencia tasados, que en ningún caso justificarían la necesidad de recabarla a las 15.00 horas”. Por ello, solicitó al juzgado comprobar la naturaleza de los documentos para descartar que estuviesen ligados a las decisiones adoptadas en el marco de la catástrofe.
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