El suicidio de una niña de 14 años en Sevilla inicia una investigación al colegio por no activar los protocolos de acoso

La Junta de Andalucía ha remitido a la Fiscalía toda la documentación recopilada en torno al suicidio de una alumna de 14 años, llamada Sandra Peña, que había denunciado sufrir acoso escolar en el colegio concertado Las Irlandesas de Loreto, en Sevilla. La Inspección educativa ha determinado que el centro no activó los protocolos obligatorios de acoso escolar ni de conductas autolíticas, pese a tener conocimiento de la situación de la menor. Esta falta de actuación ha llevado a la Consejería de Desarrollo Educativo a abrir un expediente administrativo con el fin de depurar posibles responsabilidades.

Según ha confirmado el departamento que dirige Patricia del Pozo, los centros concertados están sujetos a las mismas obligaciones que los públicos en la aplicación de los protocolos de prevención e intervención ante el acoso escolar y las conductas suicidas. No obstante, al no ser funcionarios los trabajadores de los concertados, el procedimiento exige la emisión de requerimientos específicos, lo que puede alargar los plazos administrativos. La Consejería insiste en que la prioridad en estos momentos es esclarecer los hechos y garantizar que no se repitan situaciones similares en otros centros educativos andaluces.

La Inspección detecta fallos en la respuesta del colegio

La Inspección educativa se desplazó este miércoles hasta el colegio Las Irlandesas de Loreto, ubicado en el barrio de Heliópolis, para recabar información directa sobre lo ocurrido. Un día después, los técnicos concluyeron que, aunque el centro adoptó “una serie de medidas”, no activó formalmente ninguno de los dos protocolos que debían haberse puesto en marcha. Estas herramientas están diseñadas para garantizar la protección inmediata de los alumnos en riesgo, establecer un seguimiento psicopedagógico y coordinar la intervención con los servicios sociales y sanitarios, cuando sea necesario.

El hallazgo de la Inspección ha sido considerado “grave” por la Junta, que subraya la obligación de todos los centros, sean públicos o concertados, de actuar con rapidez ante cualquier indicio de acoso o conducta autolítica. En este caso, la madre de la menor había informado a la dirección del colegio de que su hija estaba siendo objeto de burlas e insultos por parte de un grupo de compañeras y que ya había intentado quitarse la vida anteriormente. Pese a esa advertencia, el colegio no activó los mecanismos oficiales previstos por la normativa educativa andaluza.

Una tragedia bajo investigación judicial y educativa

El pasado martes, la adolescente se arrojó desde el balcón de su domicilio familiar en Sevilla, un suceso que desde el primer momento fue investigado por la Policía Nacional como un posible suicidio. Los agentes encontraron indicios que apuntaban a que la menor sufría acoso escolar, aunque no existían denuncias previas ante las autoridades policiales.

Las informaciones difundidas por medios locales recogen el testimonio de fuentes del entorno familiar, que aseguran que la joven llevaba tiempo siendo objeto de humillaciones y comentarios vejatorios por parte de un grupo de alumnas de su clase, centrados principalmente en su aspecto físico. La madre, tras comunicarlo a la dirección del centro, esperaba que se adoptaran medidas de protección y mediación, algo que, según los resultados de la Inspección, no se produjo en la forma establecida por la normativa.

El colegio Las Irlandesas de Loreto publicó un comunicado en su página web el miércoles, antes de que se conocieran las conclusiones de la investigación. En esa nota, el centro asegura estar “profundamente consternado por el fallecimiento de la alumna” y afirma que “la principal preocupación y todos nuestros esfuerzos están puestos en acompañar a nuestro alumnado y a la familia de nuestra alumna”. No se hace referencia expresa a los protocolos ni a las medidas adoptadas en su momento.