Viento de cola para las pymes: el 60% prevé vender más este año, pero la excesiva regulación frena su crecimiento

El crecimiento económico de España en los dos últimos años se ha visto reflejado en las pequeñas y medianas empresas (pymes), y esta buena evolución hace que un 91,9% de ellas prevea aumentar o mantener sus ventas este año; un 94% su personal y un 96,7% sus inversiones, según se desprende del Informe pyme 2025, que han elaborado conjuntamente el Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (Faedpyme).

Otro de los objetivos del 74,9% de las pymes es crecer y su motivación para hacerlo es conseguir mayor rentabilidad, eficiencia y productividad, además de una mejor reputación. Prefieren hacerlo de forma independiente, con recursos propios, en vez de dar entrada a fondos de inversión y nuevos accionistas o recurrir a fusiones y adquisiciones con otras sociedades, señala el estudio.

A pesar de su dimensión, las pymes ya representan el 99,8% del tejido empresarial español y generan seis de cada diez puestos de trabajo. Por ello, “el incremento de su tamaño y de su productividad no es ni puede ser solo un objetivo económico más, sino un imperativo clave, urgente para asegurar la competitividad y la estabilidad social de nuestro país en un contexto global incierto”, ha asegurado el presidente del Consejo General de Economistas, Miguel Ángel Vázquez Taín.

El deseo de las pymes de ganar músculo se ve frenado por “barreras regulatorias”, que se lo impiden, indica el informe. Sus directivos aseguran que los principales lastres que ralentizan su crecimiento se derivan de las normativas laborales, incluidas las cargas sociales, las obligaciones fiscales, la burocracia y los trámites administrativos. Mientras que en el plano institucional, “el clima político, la falta de ayudas públicas a la inversión y el sistema financiero son factores que limitan su desarrollo”.

También consideran “especialmente desfavorables” la burocracia, las obligaciones legales y la falta de estabilidad política y seguridad jurídica, que se agrava en las microempresas.

“El informe muestra claramente que la excesiva burocracia, la fragmentación regulatoria y las dificultades de acceso a la financiación siguen actuando como unos pesados lastres”, incide Vázquez Taín. Advierte de que “no hay que olvidar que, según el Banco de España, cada incremento del 10% en nuevas regulaciones puede reducir en un 0,5% el empleo en empresas de menos de 10 trabajadores”. Por ello, incide en que “si queremos que nuestras pymes puedan competir en igualdad de condiciones, necesitamos un marco más ágil, estable y orientado al crecimiento”.

La internacionalización es otro de los propósitos que se han marcado las pequeñas y medianas empresas en los últimos años y que ha dado como resultado que el 20% de ellas realice ventas al exterior. De media, supone el 26,2% de su facturación y las más exportadoras son las de mayor tamaño y las del sector industrial.

También están volcadas en la innovación de productos y servicios, y lo consideran un pilar esencial de su crecimiento. Por lo que el 69,6% de ellas ha innovado este año, lo que supone un aumento sobre el 64,9% que lo hizo el año pasado. También se han incrementado las que innovan en procesos, hasta el 69,1% de 2025, frente al 65,9% de 2024.

Con estos datos, Antonio Duréndez y Francisco Manuel Somohano, coordinadores del informe consideran que “es urgente favorecer un marco que incentive la dimensión empresarial sin penalizar la flexibilidad propia de la pyme. Esto no podemos dejarlo en el terreno de las ideas o las buenas intenciones”.

En la misma línea se pronuncia Salvador Marín, director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas y coordinador el informe, para quien la pyme debe ser el centro de las políticas económicas, tanto a nivel de la UE como de España, ya que “si la mayoría de ellas admite que su tamaño limita su productividad, debemos actuar ya sin más excusas”.

Para ello, ha lanzado algunas propuestas como simplificar y derogar normas que detraen recursos de las pymes que podrían dedicarse a temas de negocio y desarrollo y mejorar “de una vez por todas” el acceso a su financiación.