La activista española Reyes Rigo llega a un acuerdo con la Fiscalía de Israel para volver a España tras “morder a una funcionaria”

Reyes Rigo, la mallorquina de 56 años que la semana pasada fue interceptada junto a centenares de activistas por Israel cuando estaba a bordo de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales, es a día de hoy la única española que queda retenida en el país. El motivo, según describió la Policía, ha sido la presunta agresión a un guardia de la prisión de Ketziot este pasado domingo. Este martes 7 llegaron los 48 españoles de la flotilla, todos menos ella, en total 49.

Ahora Rigo podrá regresar a España tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía del Distrito del Neguev. El pacto, que admite agresión de carácter leve y en defensa propia contra una funcionaria de prisiones, permitirá que Rigo sea deportada una vez que su familia abone una multa. Según la Agencia EFE, la cantidad a pagar será de aproximadamente 2.600 euros.

La noticia del acuerdo ha sido confirmada por Europa Press, de acuerdo con el consulado español en Israel, que ha trasladado la información al hermano de la activista y ha llegado al medio a través de la concejal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, quien también viajó en la flotilla junto a Rigo y ha seguido de cerca su situación. El proceso de deportación, sin embargo, aún depende de trámites prácticos. La familia de la activista está a la espera de contactar con el abogado que la representa en Israel y de abonar la multa impuesta. Solo entonces quedará en firme su repatriación a España.

La Policía de Israel confirmó este viernes, en un comunicado publicado en la red social X, que había presentado cargos formales contra ella, solicitando prisión preventiva. Según detallaron en la publicación, la acusación se produjo tras una investigación realizada por la comisaría de Shavei Shalom, que concluyó con la presentación del caso ante el Tribunal de Primera Instancia de Beer Sheva.

De acuerdo con la versión israelí, la activista se negó a entrar en su celda en la prisión de Ketziot y “agredió a una guardia mordiéndole la mano, causándole lesiones”. El incidente supuso la apertura de un procedimiento penal independiente que retrasó su deportación, en contraste con el resto de ciudadanos españoles. Al volver, los activistas denunciaron haber sido víctimas de violencia “contundente” y “torturas” por parte de las fuerzas de seguridad israelíes durante su arresto. Además, también negaron haber presenciado la supuesta agresión, como aseguró la activista Sofía Buchó.

El Ministerio de Exteriores israelí difundió ese mismo día un mensaje en el que calificó el suceso como parte de una “provocación Hamas-Sumud”, una expresión utilizada por las autoridades israelíes para referirse a la iniciativa de la flotilla. El Gobierno israelí aseguró que la trabajadora médica sufrió “lesiones menores” y que se llamó a la policía para intervenir y “encargarse” de la detenida. Israel tenía previsto deportar a Rigo el lunes, aunque tras el incidente, su proceso de expulsión quedó aplazado. Además, la activista mallorquina, se habría negado a firmar un documento reconociendo así que habrían entrado en aguas israelíes.