La Fiscalía del Distrito del Néguev ha presentado cargos y ha solicitado prisión preventiva contra Reyes Rigo, la ciudadana española retenida en Israel, tras un incidente en la prisión de Ketziot. Según el comunicado oficial, Rigo, de unos 50 años, está acusada de agredir a una funcionaria pública durante un altercado dentro del centro penitenciario.
La investigación, desarrollada por la comisaría de Shavei Shalom, concluyó que la acusada se negó a ingresar en su celda y “mordió la mano a una guardia de la prisión, causándole lesiones”, según recoge el escrito publicado en la cuenta de X de la Policía de Israel. “La ciudadana española fue imputada por resistencia y agresión a la autoridad”, asegura el comunicado.
Hace una semana, la Policía de Israel afirmó en un comunicado que “las investigaciones siguen en curso para determinar las circunstancias del incidente”. Desde el Gobierno español se garantizó que Reyes Rigo recibiría la protección consular y diplomática correspondiente. Ahora, tendrá que enfrentarse a la Justicia.
Prisión preventiva para Reyes Rigo
La activista española iba a ser deportada el pasado miércoles, según las primeras previsiones. Posteriormente, la salida del país se pospuso hasta este viernes 10 de octubre, momento en que la Policía israelí optó por presentar cargos formales contra ella. Según el relato de la fuerza de seguridad, la detenida agredió a una funcionaria y se mostró contraria a obedecer las instrucciones durante el proceso.
El escrito de acusación indica que la acusada se negó a ingresar en su celda y mordió la mano de una guardia, causándole lesiones de consideración. Además, el texto subraya que “la Policía de Israel actuará con firmeza ante cualquier ataque contra símbolos del Estado y funcionarios públicos, y llevará a los responsables ante la justicia”. En el mismo documento se especifica que la activista opuso resistencia ante la seguridad.
A raíz de estos hechos, el caso ha quedado en manos del Tribunal de Beer Sheva, que ahora debe decidir cuál será el futuro inmediato de la ciudadana española detenida en Israel, mientras continúa la investigación sobre lo sucedido en la prisión de Ketziot.
Se enfrenta a cinco posibles años de cárcel
En el escenario más grave, la investigación podría derivar en un juicio y desembocar en una condena por agresión. El artículo 381 de la Ley Penal 5737-1977 de Israel contempla penas de hasta tres años de prisión por agresión, que pueden incrementarse a cinco años si la víctima es un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, situación que podría aplicarse en este caso.
No obstante, la complejidad del caso es evidente y añade incertidumbre al proceso legal en curso. La detención se produjo en lo que Israel califica como una ‘zona de exclusión’, aunque se trate de aguas internacionales, lo que sitúa los arrestos en un limbo legal por la ausencia de consenso internacional sobre la jurisdicción. Si el tribunal no califica los hechos como agresión grave, el proceso podría resolverse mediante deportación o, incluso, permitiendo que la condena se cumpla en España.
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