El enfrentamiento entre los ministerios de Economía (Carlos Cuerpo) y Ciencia, Innovación y Universidades (Diana Morant) ha generado un retraso en la aprobación del real decreto que busca poner barreras a la creación de universidades privadas en España.
La ministra Diana Morant intentó que la reforma avanzará en el Consejo de Ministros recurriendo a una maniobra inusual: incluirla fuera del orden del día, un movimiento que descubre la prisa del Ministerio de Universidades porque el decreto vea la luz.
Sin embargo, el choque interno entre ambos ministerios pospuso el visto bueno a la reforma. Tanto Economía como Universidades niegan cualquier tensión y aseguran que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos transcurrió “muy bien”, según apunta ABC.
En cambio, fuentes cercanas al encontronazo afirman que “Cuerpo hizo de Cuerpo”, aludiendo al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la dilación del proceso.
Economía cuestiona los criterios de la reforma
El Ministerio de Economía ya había expresado sus discrepancias sobre la nueva norma de Morant para paliar los llamados “chiringuitos educativos”, como los describió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Entre los puntos que generan más dudas destacan: mínimo 4.500 estudiantes matriculados, oferta de titulaciones en al menos tres ramas del conocimiento, residencia en España del 75% del profesorado para universidades virtuales y experiencia previa en gestión universitaria.
Según defiende Economía, “existen universidades que pueden considerarse de calidad, pero por tener un modelo formativo más especializado, no cumplirían con muchos de estos criterios”.
Además, sugieren que “se debería justificar en mayor medida cuáles son los aspectos que han llevado a fijar los umbrales y qué medidas se han tenido en cuenta en relación con los posibles efectos indeseados de dichos umbrales”, cuestionando así las bases del decreto.
Requisitos estrictos y retroactividad
El real decreto endurece las condiciones para la apertura y mantenimiento de universidades privadas, con el objetivo de preservar “el elevado nivel de calidad y de excelencia en la docencia y en la investigación”, según el Gobierno. Entre las exigencias más relevantes figuran:
- Número mínimo de alumnos: 4.500 a los seis años, bajo amenaza de cierre si no se alcanza.
- Oferta académica: 10 títulos de Grado, 6 de Máster y 3 programas de Doctorado en al menos tres de las cinco ramas del conocimiento.
- Personal docente investigador con un mínimo de dos publicaciones en los tres años previos.
- Captación del 2 % del presupuesto anual en investigación.
- Alojamiento para al menos el 10 % del alumnado de Grado.
- Para universidades online, el 75 % del profesorado debe residir en España o la UE.
El decreto introduce retroactividad, afectando tanto a universidades de nueva creación como a las ya existentes, que tendrán tres años para adaptarse. Asimismo, la creación y reconocimiento de campus online dejará de ser competencia de las comunidades autónomas y pasará a manos del Estado, una medida que podría generar tensiones con partidos independentistas.
Impacto sobre las universidades privadas
Por la parte que les toca, el cumplimiento de estos requisitos sería muy difícil para un 34% de las universidades privadas actuales, lo que afectaría a 14 campus privados y dos públicos, dejando a 30.272 alumnos fuera del sistema.
Entre las universidades privadas que no alcanzarían los umbrales se encuentran:
- Madrileñas: Cunef, Esic, Internacional de la Empresa, Udit y Villanueva.
- Canarias: Universidad del Atlántico Medio, Universidad Europea de Canarias y Fernando Pessoa.
- Otras: Santa Teresa de Jesús de Ávila, San Jorge de Zaragoza y Abat Oliva CEU de Barcelona.
¿Autoridad de Universidades por encima del TC?
El Ministerio de Universidades se reserva la última palabra para autorizar la apertura de nuevas universidades, lo que, según las comunidades gobernadas por el PP, supone una invasión de competencias autonómica que podría comprometer la autonomía universitaria (artículo 27.10 de la Constitución).
Además, esto anticipa un conflicto que ya tuvo lugar en abril, cuando el decreto se presentó por primera vez, pero el Tribunal Constitucional (TC) lo tumbó.
Del mismo modo, cualquier proyecto de apertura de una universidad requerirá dos informes vinculantes: uno elaborado por la ANECA o la agencia autonómica correspondiente, y otro definitivo del Ministerio, que evaluará especialmente la sostenibilidad económica antes de elevarlo a la Conferencia General de Política Universitaria.
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