El juicio por la trama eólica de Castilla y León reúne a más de 80 testigos y 20 peritos: “La verdadera intención de estos funcionarios y empresarios era hacer caja”

El pasado 15 de septiembre comenzó el juicio de la trama eólica en Castilla y León, considerado el mayor caso de corrupción en la región, y se extenderá hasta enero de 2026 debido a la complejidad y el volumen de la causa con más de 11.000 folios. A lo largo de estos meses está previsto que comparezcan 84 testigos y una veintena de peritos en más de 40 sesiones. La Audiencia Provincial de Valladolid debe esclarecer si antiguos altos cargos de la Junta favorecieron a empresarios y recibieron pagos irregulares por la adjudicación de parques eólicos. Según la investigación, la red habría desviado decenas de millones de euros durante la tramitación de licencias para la instalación de estos parques entre 2000 y 2014.

Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación popular en el proceso, espera que el juicio permita esclarecer lo sucedido durante los años investigados y, si se confirman responsabilidades, “conlleve sanciones ejemplares”. La organización denuncia que funcionarios públicos, en colaboración con empresarios privados, justificaron su actuación bajo el argumento de “mejorar la competitividad industrial de Castilla y León y fomentar las energías renovables”, aunque en realidad buscaron obtener beneficios personales. “La verdadera intención de estos funcionarios y empresarios era hacer caja”, señala Luis Oviedo, presidente de la Federación de Ecologistas en Acción Castilla y León, en diálogo con Infobae España.

Estas prácticas, añade, “aumentaron los costes de construcción de los parques eólicos y ese sobrecoste se reflejó en la factura que abonan los consumidores”.

Aunque Castilla y León, región donde gobierna el Partido Popular desde hace casi cuatro décadas, no suele ocupar los titulares de los medios de comunicación nacionales, esta supuesta trama evidencia que tampoco ha quedado al margen de los grandes casos de corrupción que han marcado la política y la gestión pública en España en las últimas décadas, recuerda Oviedo. “Parece que todo pasaba en la Comunidad Valenciana o en Madrid con casos como la Gürtel y la Púnica a los que se enfrentó el PP, o el PSOE en Andalucía con el caso de los ERES, pero también se han dado aquí, en Castilla y León, aunque a una escala diferente”.

El hecho de que el juicio se celebre ahora, después de tantos años, no solo se explica por la complejidad de la investigación, advierte Oviedo, sino también por las limitaciones de los juzgados de instrucción en España para afrontar macrocausas, porque “la actuación se vuelve difícil y se prolonga mucho en el tiempo”. Esto también da lugar, explica, a que los propios acusados presenten alegaciones indebidas o que incluso algunas conductas delictivas puedan prescribir, por lo que Ecologistas en Acción considera necesario tanto reforzar los juzgados encargados de este tipo de causas como agilizar los mecanismos de cooperación internacional para rastrear fondos.

Cabe recordar que la investigación sobre esta presunta trama de corrupción comenzó tras la presentación de un informe por parte de la Agencia Tributaria ante la Fiscalía en diciembre de 2014, al observar posibles irregularidades en la concesión de permisos para poner en marcha parques eólicos en la región, informa la agencia Efe. Las acusaciones contra los encausados se centran en un sistema establecido para retirar a los servicios territoriales de Industria la capacidad de autorizar parques eólicos y concentrar la decisión en la Viceconsejería, de la que se ocupaba en el momento de los hechos uno de los procesados, Rafael Delgado, según fuentes jurídicas.

El procedimiento implicaba exigir que en cada proyecto participara una empresa de Castilla y León seleccionada por la Consejería. Estas compañías adquirían participaciones a precios reducidos y, después de obtener la autorización correspondiente, vendían esas participaciones a los promotores originales, obteniendo así una ganancia que llegaba a los 250.000 euros por cada megavatio autorizado.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para Rafael Delgado penas que alcanzan los 36 años y medio de prisión, además de multas que superan los 236 millones de euros e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Para los demás acusados, las peticiones oscilan entre seis y doce años de cárcel, junto a multas y responsabilidades civiles próximas a los 19 millones de euros. El pasado 17 de septiembre fue rechazada la petición de nulidad del proceso que reclamaban las defensas.

(Con información de la agencia Efe)