España ha registrado la peor temporada de incendios de la última década, con un total de 341.203 hectáreas calcinadas hasta el 7 de septiembre, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Ante este escenario, bomberos y agentes forestales han convocado una manifestación este miércoles 24 de septiembre en Valladolid para exigir una mayor protección de los bosques y la mejora de las condiciones laborales en el sector. La protesta, prevista a las 12:00 horas en la Cúpula Milenio de la Delegación de Gobierno de Castilla y León, busca “movilizar a la sociedad”, puesto que la mala gestión de las autoridades en la extinción de los incendios, aseguran, repercute en toda la población.
“No se convoca solamente al colectivo de extinción de incendios, sino a toda la sociedad, porque la mala gestión y la precariedad [del sector] la sufre toda la sociedad, no sólo un colectivo”, ha indicado el portavoz del Sindicato Profesional de Agentes Medioambientales de UGT de Servicios Públicos, Javier García, quien subraya la necesidad de mejorar la estabilidad laboral, aumentar los recursos disponibles y avanzar en las condiciones del sector, según las declaraciones recogidas por Europa Press. Asimismo, defiende un modelo de gestión forestal centrado en la conservación y protección de los montes, por encima de los intereses económicos, y apuesta por un servicio de extinción de incendios exclusivamente público.
Desde UGT también insisten en la implementación “real” de las leyes básicas tanto de bomberos forestales como de agentes medioambientales y destacan la importancia de asegurar contratos estables en el sector. Asimismo, remarcan la necesidad de que los turnos de trabajo no excedan las doce horas.
Por su parte, Carlos Martín, coordinador de bomberos forestales de CCOO, explicó que la elección de Valladolid como escenario de la protesta obedece a la evidencia de una estructura organizativa deficiente en la provincia. En ese sentido, informó que cerca del 40% de los aproximadamente 23.000 bomberos forestales pierde su empleo en septiembre y octubre, dejando importantes labores pendientes durante el invierno.
“Sabemos que no se ejecutan en torno a más de un 15-16% de las labores preventivas que se deberían de ejecutar para proteger pueblos, infraestructuras o simplemente zonas de oportunidad para tener mayor seguridad a la hora de intervenir en incendios forestales”, ha denunciado Martín.
Por otro lado, Juan María Antón, portavoz de UGT, criticó el modelo de gestión forestal en Castilla y León, al que considera inadecuado y más vinculado a intereses privados que a la protección ambiental. Sostiene que la descentralización de competencias hacia las comunidades autónomas ha debilitado la labor de los agentes ambientales y ha afectado negativamente a la vigilancia de los montes. Antón también defendió la necesidad de reforzar el empleo público en el sector y de establecer una planificación orientada al futuro.
Los incendios “no son una moda pasajera”
Al haber transcurrido ya unas semanas desde que se dieron por extinguidos los últimos incendios en el país -aunque aún hay algunos activos como el de Pantón, en Lugo-, Jorge Nieto, coordinador de agentes forestales de CCOO, explicó que la convocatoria de la manifestación también busca mantener la atención pública sobre el problema, más allá de situaciones puntuales. “Las modas son pasajeras, pero los incendios no”, indicó.
También criticó que en algunas comunidades autónomas como Castilla y León se llevan aplicando las mismas estrategias durante dos décadas, sin introducir cambios que mejoren la prevención y extinción de incendios. Por eso el colectivo insiste en la necesidad de que haya un giro en el modelo de gestión y confía en que esa transformación se extienda a aquellas comunidades que siguen esquemas similares.
Gestión directa
Los sindicatos han explicado que en Castilla y León cerca del 30% de los profesionales depende de la labor de entre 30 y 35 empresas privadas, si bien el dispositivo de extinción de incendios de la Región de Murcia también está en manos de una empresa privada, mientras que la Comunidad de Madrid emplea un sistema mixto entre gestión pública y privada. Frente a estas fórmulas, los portavoces volvieron a defender la gestión directa y pública del servicio, con ejemplos como los de Extremadura y Cantabria.
(Con información de Europa Press)
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