Carles Puigdemont ha vuelto a mover ficha en su pulso con la justicia española. La defensa del expresidente de la Generalitat ha solicitado la recusación de tres magistrados conservadores del Tribunal Constitucional (TC), lo que supone, en la práctica, un freno inmediato al trámite de su recurso contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la ley de amnistía. Según adelantó El Confidencial, el incidente procesal afecta a Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y José María Macías, cuya participación en las deliberaciones es rechazada por considerar que no ofrecen garantías de imparcialidad.
Con esta maniobra, el recurso de Puigdemont —que debía resolverse en los próximos días— queda en suspenso y arrastra un retraso mínimo de un mes, en tanto se resuelva la recusación planteada. Fuentes jurídicas citadas por El Confidencial confirman que el Pleno del TC tenía previsto admitir a trámite este martes el recurso de amparo, así como denegar la medida cautelarísima solicitada por su abogado, Gonzalo Boye, para suspender la orden de detención nacional que todavía pesa sobre él. Ahora, el escenario cambia por completo.
Críticas a la imparcialidad de los magistrados
El escrito de recusación detalla los motivos que, a juicio de la defensa, ponen en duda la neutralidad de los tres magistrados.
En el caso de Enrique Arnaldo, se subrayan sus posicionamientos previos en relación con el procés y con el propio Puigdemont. La defensa recuerda que en su libro Tiempo de Constitución. Límites, controles y contrapesos del poder, el magistrado lamenta el “devenir constitucionalista en Cataluña” y llega a firmar un manifiesto en el que se califica al expresidente de “golpista e indecente”, reclamando que sobre él recaiga “todo el peso de la ley”. Para los abogados, estas manifestaciones hacen evidente una animadversión que compromete su objetividad.
Respecto a Concepción Espejel, se incide en su proximidad al Partido Popular y en su trayectoria en la Audiencia Nacional, donde firmó un voto particular en causas relacionadas con el procés. “Muestra su prejuicio evidente sobre el carácter delictivo de la organización del referéndum de autodeterminación de Cataluña celebrado el 1 de octubre de 2017”, se recoge en el escrito.
En el caso de José María Macías, la defensa pone el acento en sus declaraciones públicas contra la ley de amnistía, así como en su cercanía al magistrado del Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa principal contra Puigdemont. También se recuerda que, en su etapa como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), realizó manifestaciones que evidencian su falta de neutralidad.
Puigdemont recuerda que situaciones similares ya obligaron a apartar a magistrados como Antonio Narváez o Cándido Conde-Pumpido en recursos previos, tras prosperar las recusaciones planteadas contra ellos.
Una estrategia de dilación con impacto político
Más allá de lo jurídico, la iniciativa tiene consecuencias políticas y procesales. La decisión de recusar a los tres magistrados suspende el calendario previsto por el TC, que contemplaba resolver en breve no solo el recurso de Puigdemont, sino también avanzar en la tramitación de otros recursos de amparo relacionados con la amnistía.
El abogado del expresidente, Gonzalo Boye, ha reclamado expresamente que se suspenda la orden de detención nacional, al entender que carece de “respaldo en una condena firme”. Además, denuncia que la negativa del Supremo a aplicar la amnistía en el caso de la malversación forma parte de “una estrategia de resistencia judicial” que, según la defensa, vulnera el principio de separación de poderes.
En paralelo, el TC tiene pendiente pronunciarse sobre los recursos ya presentados por Oriol Junqueras y otros líderes del procés, admitidos a trámite antes que el de Puigdemont. Las fuentes consultadas por El Confidencial señalan que la intención del tribunal es resolverlos antes de que finalice el año o, como muy tarde, a comienzos de 2026.
El Constitucional se enfrenta, además, a un horizonte condicionado por la justicia europea. El propio tribunal considera oportuno esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las impugnaciones contra la ley de amnistía formuladas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. El fallo del TJUE, previsto para finales de año, podría marcar la pauta y condicionar directamente la resolución de los recursos presentados en España.
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