El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado el recurso presentado por un profesor de Educación Física y ha declarado su derecho a la jubilación por incapacidad permanente. La sentencia anula la resolución de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León que había denegado la jubilación solicitada por el funcionario.
El caso comenzó en noviembre de 2021 cuando el profesor de Educación Física en el IES Francisco Giner de los Ríos de Segovia inició un largo periplo de bajas médicas a causa de un deterioro progresivo de su salud. Los diagnósticos médicos apuntaban a un cuadro complejo: fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y trastornos psicológicos graves que afectaban a su vida diaria y a su capacidad laboral.
La negativa de la Seguridad Social
Ante esta situación, la Inspección Médica de Segovia, en abril de 2023, sugirió a la Consejería de Educación abrir un expediente de jubilación por incapacidad permanente, dado que las posibilidades de mejoría eran escasas. El procedimiento se puso en marcha y el caso pasó al Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Segovia. Sin embargo, en mayo de ese mismo año, el EVI emitió un dictamen desfavorable: concluyó que el docente no estaba afectado por una lesión o patología irreversible que le impidiera totalmente ejercer su profesión.
Pese a las alegaciones del profesor y la presentación de informes médicos propios, el dictamen fue ratificado y, finalmente, el 22 de noviembre de 2023, la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación dictó una resolución firme: denegar la jubilación solicitada por incapacidad permanente.
Lejos de resignarse, el profesor decidió acudir a los tribunales. En enero de 2024 interpuso un recurso contencioso-administrativo en León contra la decisión de la Administración autonómica. En mayo de ese mismo año, su defensa formalizó la demanda, insistiendo en que sus patologías eran crónicas, invalidantes y que la resolución administrativa carecía de motivación suficiente.
La Junta de Castilla y León, por su parte, se opuso al recurso en junio de 2024, defendiendo la validez de los dictámenes médicos oficiales, a los que la ley otorga carácter vinculante. El proceso avanzó con la práctica de pruebas y la presentación de conclusiones por ambas partes. Para entonces, el informe pericial forense aportado por la defensa era contundente: el profesor no tenía capacidad residual para desempeñar sus tareas como docente, ni desde el punto de vista físico ni psicológico.
Un cuadro clínico irreversible
El TSJ de Castilla y León ha estimado íntegramente el recurso interpuesto por el docente y ha anulado la resolución administrativa de noviembre de 2023, al considerarla contraria al ordenamiento jurídico. En su lugar, el tribunal ha declarado acreditado que el demandante se encuentra en situación de incapacidad permanente para el desempeño de las funciones propias del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria al que pertenece.
La sentencia es especialmente contundente al señalar que los informes oficiales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que habían servido de base a la negativa inicial, no lograron desvirtuar las pruebas presentadas por el propio recurrente. El peritaje médico-forense, ratificado en sede judicial, describía un cuadro clínico irreversible, que, en conjunto, impedían de manera total y definitiva la continuidad del profesor en el aula.
En consecuencia, el tribunal no solo ha reconocido su derecho a la jubilación por incapacidad, sino que además ha impuesto las costas procesales a la Administración autonómica, un gesto que refuerza la idea de que la negativa previa fue infundada.
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