Nuevo giro en el caso Josep Santacana y Arantxa Sánchez Vicario: un juez ordena el embargo del yate de la expareja

La disputa judicial entre Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido, Josep Santacana, suma un nuevo capítulo relevante con la reciente orden de embargo preventivo del yate RA, embarcación que ambos compartieron y que ahora queda definitivamente precintada en el Puerto del Fórum en Barcelona. La orden judicial responde a la condena por alzamiento de bienes e insolvencia punible agravada, donde Santacana fue declarado cooperador necesario y, como consecuencia, sentenciado a tres años y tres meses de prisión, además del pago de una responsabilidad civil que supera los 6,6 millones de euros.

La historia del yate RA comenzó a ganar relevancia poco después de que el empresario presentara la demanda de divorcio ante los tribunales de Miami a finales de 2017. Consciente del interés económico que podía suscitar el patrimonio aún existente en Barcelona, la exmedallista olímpica centró parte de sus esfuerzos en recuperar la embarcación, que en ese momento permanecía atracada en el Puerto del Fórum.

La extenista, tras retomar la relación con su familia después de años de distanciamiento, contactó con ellos para verificar la localización del yate. Según comprobó Vanitatis por entonces, la embarcación permanecía en el puerto. Sin embargo, desapareció tras confirmarse públicamente su localización.

Desde entonces, el destino del RA quedó sin esclarecer hasta el pasado mes de mayo, cuando la autoridad judicial localizó y decretó el precinto y embargo preventivo de la nave, según Vanitatis. El auto judicial, fechado el 8 de mayo de 2025 y dictada por el Juzgado de lo Penal número 25 de Barcelona, describe detalladamente el entramado de sociedades a través del cual Santacana conservaría la titularidad real del yate y responde a una solicitud registrada en la sede judicial, aunque no se especifica el demandante.

Josep Santancana, declarado insolvente

En palabras de la magistrada, “Josep Santacana fue condenado como cooperador necesario de un delito de alzamiento de bienes/insolvencia punible grave”. La jueza recuerda en su auto que la causa, impulsada por el Banco de Luxemburgo contra la extenista y su exmarido, concluyó con un acuerdo de conformidad, en el que ella evitó ingresar en prisión y él recibió una condena de cárcel y la obligación de abonar una elevada indemnización.

La situación financiera de Santacana también ha quedado detallada en el proceso. Según la resolución, fue declarado insolvente en octubre de 2021, aunque se mantiene como titular efectivo del yate RA a través de sociedades interpuestas. “La parte solicitante ha aportado documentación que acredita, sin perjuicio de lo que pueda resultar de ulterior prueba, la titularidad del yate RA por parte de Josep Santacana Blanch, a través de la sociedad interpuesta Blue Moon Marine Services LLC, cuyas acciones detenta un testaferro, Jonathan Eckhard”, detalla el auto. La resolución añade que sobre la embarcación pesa una hipoteca procedente de All Reserve LLC, otra sociedad igualmente vinculada a Santacana. Ambas firmas tienen domicilio en Florida.

Actualmente, el yate, construido en 1989 y con 25 metros de eslora, se encuentra a la venta. La magistrada ordena “el inmediato precinto de la embarcación RA, de forma que no pueda salir del puerto ni ser desplazada de su actual amarre”. El acceso a la embarcación queda limitado exclusivamente a personas expresamente designadas por el juzgado. De esta manera, el embargo funciona como garantía para cubrir la responsabilidad civil que recae sobre Santacana.

Además, la jueza extiende la medida al embargo preventivo de las participaciones de Blue Moon Marine Services LLC y All Reserve LLC, así como del crédito que la primera empresa mantiene sobre la segunda. Estas actuaciones revelan la compleja arquitectura societaria con la que Santacana habría gestionado bienes y patrimonio durante su matrimonio, estructura que también se examina en la causa de divorcio aún abierta en los tribunales de Miami. En ese proceso, Sánchez Vicario intenta probar lo que ya se ha acreditado en España: que su exmarido fue quien gestionó su fortuna y, según la acusación, la dilapidó.

La representación legal de Sánchez Vicario corre a cargo del penalista Borja Vives Iborra, mientras que Santacana cuenta con la defensa de Juan Segarra, del despacho de Pau Molins. La extenista pretende esclarecer el destino de los fondos generados durante su carrera y obtener la recuperación, al menos parcial, de sus beneficios. La sentencia que condenó a Santacana todavía se encuentra pendiente de recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Mientras tanto, la disputa legal continúa abierta en España y Estados Unidos y el RA, emblema de la pugna por el patrimonio, permanece precintado en la Costa Brava.