
El aborto es un derecho, pero antes fue delito, tabú y práctica de riesgo en la clandestinidad. Hasta 1985, con la reforma del artículo 417 bis del Código Penal, no se despenalizó la interrupción del embarazo. Eso sí, solo en tres supuestos: violación, malformación del feto y riesgo para la salud física o psíquica de la madre. Las españolas tuvieron que esperar 25 años para que les perteneciera la decisión de tener hijos y cuándo tenerlos. La Ley de Aborto de 2010 cambió los supuestos por los plazos y concedió, por fin, el derecho -aunque a día de hoy siga sin estar del todo garantizado-. Pero, que antes estuviera perseguido por las autoridades no implica que no se practicara. De hecho, no era nada fuera de lo común y las españolas que no podían pagar los vuelos a Londres, encontraron donde hacerlo en España.
La historia de las mujeres que no podían interrumpir su embarazo ni practicarlo y, aun así, lo hicieron, la recoge la periodista Paula Boira Nacher en Un aborto, 8000 pesetas (Libros del K.O., 2025). Después de escuchar una entrevista en televisión a Consuelo Catalá, la primera presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), Boira decidió contar el funcionamiento de las redes clandestinas que surgieron para dar alternativas seguras durante los últimos años del franquismo y los primeros de La Transición.
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Las había que no tenían otro remedio más que recurrir al perejil, la cuchara o los objetos punzantes -los remedios caseros-; las que cogían aviones fuera de España, solas o acompañadas; y las que, con una buena suma de pesetas de por medio, podían acudir a cínicas ginecológicas de confianza. Pero, si algo caracteriza sus los testimonios es el miedo, pero también la impotencia. “Me decían ‘Es que claro, y yo lo pasé mal, pero no por el hecho de que abortar, sino por las condiciones las que me obligaron a hacerlo’. Al final, te ibas a casa de alguien que no conocías a que te hiciera algo que ni siquiera sabes cómo se hacía”, explica Boira en conversación con Infobae.
Boira explica que durante el franquismo había clínicas ginecológicas que interrumpían embarazos, pero eran escasas, con técnicas rudimentarias y dolorosas, y, por supuesto, estaban solo al alcance de unas pocas mujeres por sus precios. “Yo lo que me he encontrado son historias de terror”, apunta. La situación no empezó a cambiar hasta los años 70, cuando nacen redes clandestinas que médicos, médicas y enfermeras regentaban en la sombra.
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El “método Karman”
Estos grupos activistas aplicaban el “método Karman”, que funciona de forma similar al que se practica hoy en día, que consiste en la aspiración, aunque entonces se llevaba a cabo de forma rudimentaria. En el libro, Boira se centra en el caso de uno de estos espacios en Valencia, cuyo funcionamiento y sistema se imitó en Sevilla. “Cuando se les hace la interrupción del embarazo, se les obligaba a firmar un consentimiento; por una parte, para salvarse un poco de ellos, en el sentido de que las penas de prisión eran mucho más bajas si la mujer había consentido; y por otra, para que estas mujeres tomen conciencia de que lo que están haciendo de alguna manera es algo que no solo les repercute a ellas, sino que es un problema que tienen muchas mujeres”, explica la periodista que habla de la construcción de una “colectividad individual”. De este modo, se trasmitía la conciencia de que se trataba de una lucha, una larga y lenta, cuyos frutos recogen las mujeres del siglo XXI.
La culpa que no se pierde
Han pasado 40 años desde que se despenalizó el aborto en los supuestos de violación, malformación del feto y riesgo para la madre. Y desde hace 25 años, se puede abortar sin tener que justificar la razón, pero sigue siendo tabú. Sigue perteneciendo al mundo del silencio, donde habita todo aquello que existe pero que no se menciona. “La vergüenza sigue estando en nosotras”, sostiene Boira, que asegura que no es fácil “ponerle voz”: “Obviamente, la interrupción del embarazo es algo privado, es una cuestión médica, pero creo que también tenemos que empezar a concebirlo como algo político, porque al final un derecho que parece que no se usa pero que hay que reivindicar que sí hacemos uso de ello, que es algo que cambia nuestras vidas, que nos ayuda y que nos empodera”.
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