Un capitán de la UCO denuncia que cuatro compañeros filtraban datos, fabricaban pruebas y cobraban mordidas en las tramas de hidrocarburos

La Audiencia Nacional instruye o juzga en estos momentos media docena de causas en las que operadores de productos petrolíferos (y sus directivos) están imputados por defraudar más de 600 millones de euros en el impuesto del IVA. Algunas de estas causas están siendo, además, el escenario de una guerra soterrada entre miembros de la UCO de la Guardia Civil, la unidad de élite que precisamente lleva la investigación de muchas de estas tramas de hidrocarburos. Un capitán de la Benemérita, Juan Sánchez Yepes, que formó parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO entre enero de 2008 y julio de 2022, ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en la que denuncia a varios compañeros por fabricar pruebas y cobrar mordidas de empresarios del sector.

Sánchez Yepes está imputado en la Audiencia Nacional (diligencias previas 100/2021) precisamente por facilitar información confidencial a un conocido empresario del sector de hidrocarburos (también imputado) y por recibir, presuntamente, pagos y sobornos de la trama. Está defendido por el abogado Jacobo Teijelo, letrado de Santos Cerdán y acusado por algunos medios de trabajar como ‘fontanero’ del PSOE. Sánchez Yepes, a través de Teijelo, defiende su inocencia (ya ha sido apartado de la UCO) y pide la nulidad de su caso, una pieza separada del ‘caso Gaslow’ al que algunos quiere vincular a otra causa, el ‘caso Villafuel’, en la que aparecen involucrados Víctor de Aldama y Koldo García.

La telaraña que relaciona a todas estas causas es compleja. En primer lugar, Sánchez Yepes denuncia que otro capitán de la UCO (que ha sido testigo perito en otro juicio por fraude al IVA que actualmente se está juzgando en la Audiencia contra directivos del Grupo Hafesa) fabricó causas paralelas, ocultó pruebas clave e incurrió en duplicidad de atestados con el fin de proteger a otros mandos de esta unidad. El dueño de Hafesa es Alejandro Hamlyn, imputado, que no se ha presentado al juicio porque reside en Dubai. Él es el famoso empresario que aparece en el video con Leire Díez, Jacobo Teijelo y Javier Pérez Dolset en el que la ‘fontanera’ del PSOE le pide pruebas inculpatorias contra el actual jefe de la UCO.

El escrito que ha presentado el capitán Sánchez Yepes ha sorprendido a los investigados del ‘caso Hafesa’, ya que el oficial no tiene relación con la causa, pero aun así ha acusado de irregularidades a otro oficial de la UCO que investigó el presunto fraude de los directivos de Hafesa. Sánchez Yepes asegura que este comandante habría presentado dos atestados con idéntico contenido, autoría y fecha. Ambos documentos citan a la misma veintena de personas físicas y jurídicas y habrían sido utilizados de forma paralela en causas diferentes.

Es decir, que las pruebas utilizadas en la causa ‘DP 100/2021’ (el caso Gaslow, del que deriva la pieza separada de Sánchez Yepes), como escuchas, registros y documentos, proceden íntegramente de otro procedimiento (’DP 35/2019′, el caso Gold Petroleum). “Esta reutilización no autorizada vulneraría de lleno los artículos 588 bis i) y 579 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que, de confirmarse, podría conllevar la nulidad de todas las actuaciones”, señala el abogado Teijelo.

El enchufe de una pareja

En su escrito, Jacobo Teijelo niega rotundamente que su defendido, el capitán Juan Sánchez Yepes, actuase como informador de los investigados, uno de los delitos por los que está imputado en una pieza separada. Al contrario, afirma que existen múltiples pruebas documentales que acreditan que otros agentes de la Guardia Civil sí accedían a bases de datos y facilitaban información reservada. Entre ellos se citan, con nombres y apellidos, a L.H, Ó.V.V. y F. G.S.R. Estos agentes asesoraban “en técnicas de contravigilancia e investigaciones, y en el caso de uno de ellos, trabajando de modo estable asesorándoles y redactando escritos técnicos en sus avatares jurídicos”.

También se menciona la implicación de Juan Vicente Bonilla, ex jefe del Grupo de Fuentes de la UCO y actualmente alto cargo en la Consejería de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Bonilla, bajo el alias ‘Roberto Alcázar’, mantuvo conversaciones con uno de sus confidentes, el empresario José Luis Caramés, también imputado y cuya información sirvió para que el PP presentase una querella en 2022 en la Fiscalía Anticorrupción que dio origen al ‘caso Koldo’. La situación se agrava al comprobarse que la pareja del capitán Bonilla trabajaba para Gaslow, empresa clave en la causa, “lo que refuerza las sospechas de conflicto de intereses”.

La verdad es que las tramas de hidrocarburos están siendo el escenario ideal de sospechas y acusaciones cruzadas. En este caso, un ex capitán de la UCO ya imputado salpicando a compañeros de la unidad, que de momento no están siendo investigados. Otro empresario del sector de los hidrocarburos, también imputado y ex confidente de la UCO, denunció en octubre de 2023 ante la Fiscalía Anticorrupción que esta unidad de élite de la Guardia Civil no mostró ningún interés en la información comprometida que podría ofrecer sobre un teniente coronel de la Benemérita y que, en cambio, le coaccionaron para que sí entregara “información falsa e interesada” contra otro oficial, precisamente contra Sánchez Yepes.

El juez contesta

“Lo que está claro es que el presente procedimiento se ha desarrollado sin viso alguno de ilegalidad o manipulación por la UCO”: el juez Santiago Pedraz (titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional) ya ha respondido al capitán Juan Sánchez Yepes que no ha detectado ninguna irregularidad por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y ha rechazado la nulidad del ‘caso Gaslow’.

“No hay vulneración de derecho fundamental alguno ni infracción de norma esencial de procedimiento, pues en lo que respecta a las presentes diligencias se ha seguido el debido proceso”, subraya el magistrado.