
La mayoría proeuropea que confirmó el segundo mandato de Ursula von der Leyen nació frágil y ahora corre el peligro de desmembrarse tras los reiterados acercamientos del Partido Popular Europeo con la extrema derecha y los intentos de la dirigente germana de diluir la agenda verde.
El último ejemplo es la decisión de retirar de las negociaciones el Green Clamins Directive, la iniciativa de la Comisión Europea para combatir el ‘ecopostureo’, es decir, obliga a las empresas a verificar sus afirmaciones engañosas para hacer creer a los consumidores que sus productos son sostenibles. Una vez más, el Ejecutivo de Von der Leyen ha cedido ante las demandas de su Partido Popular Europeo, liderado por Manfred Webber, y las presiones de los grupos de extrema derecha, lo que ha provocado el enfado de los socios de la coalición, formada por los socialistas, liberales y verdes, de quien Von der Leyen depende para aprobar leyes en el Parlamento Europeo. “Esto no es formulación de políticas. Es sabotaje político”, han criticado desde el grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D), el segundo más numeroso tras el del PPE.
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Valérie Hayer, líder de la familia política de los liberales, tachó de “inaceptable” y vergonzoso” que el PPE haya decidido “abruptamente” suspender las negociaciones y solicitar la retirada del texto. “Paralizar las negociaciones y pedir la retirada en medio del proceso es un escándalo institucional sin precedentes”, denunció.
El movimiento de la Comisión tuvo lugar días antes de la reunión entre eurodiputados y la presidencia polaca del Consejo de la UE (trílogo), donde se esperaba se diese a luz a la propuesta antes de su adopción formal. Según una información del medio Politico, dos días antes de que la Comisión anunciara que iba a eliminar la Directiva, el PPE envió una carta a la Comisión indicando que quería que la ley se eliminara. El hecho de que la Comisión apenas mostrase resistencia, alimentó la sensación entre el bloque de centroizquierda de que el PPE controla no solo el Parlamento, sino también la Comisión.
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La propuesta fue anunciada el pasado 2023, durante la primera legislatura de Von der Leyen, pero el escenario político desde entonces ha cambiado mucho. Primero, la nueva aritmética parlamentaria ofrece a los populares una mayoría alternativa formada por los grupos de extrema derecha Conservadores y Reformistas y los Patriotas por Europa (al que pertenece Vox). Segundo, porque los objetivos del Ejecutivo Comunitario, que cuentan con 14 comisarios del PPE, están enfocados en la simplificación, aunque esto sea a costa de los compromisos medioambientales.
Y esto es precisamente el argumento que utiliza Bruselas para retirar de por sorpresa la iniciativa. Según afirmó a los medios la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, la normativa era “demasiado ambiciosa” en materia medioambiental, ya que establecía obligaciones para las microempresas que contradecían el plan ómnibus que sobre simplificación y desregulación de Von der Leyen para reimpulsar la competitividad de las empresas europeas. El paquete legislativo que presentó la dirigente comunitaria al comienzo del mandato implicó una serie de medidas que recortaron drásticamente el contenido y el alcance de las leyes.
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La deriva de Von der Leyen en la agenda verde y los derechos de los migrantes
El hartazgo de los socios de coalición llega también por otra serie de iniciativas donde el PPE se ha apoyado en los votos en Estrasburgo de la bautizada ‘mayoría Venezuela’, el plan para retrasar un año la ley contra la deforestación o la iniciativa para establecer un grupo de seguimiento de los fondos concedidos por la Comisión a los grupos de presión y ONG ecologistas. Liberales y socialdemócratas pidieron que la comisión, de acordarse esta iniciativa, no solo pusiese el foco en las ONG. “[El PPE] está derribando descaradamente las estructuras de la sociedad civil”, criticó García.
Más allá de las votaciones en la Eurocámara, socialdemócratas y liberales critican la hoja de ruta que está tomando la Comisión Europea, contraria a las directrices acordadas al principio de la legislatura. Esta deriva también se puede ver en materia migratoria, donde Von der Leyen ha decidido seguir el modelo que propugnan Viktor Orbán y Meloni con los centros de deportación y asilo en países extracomunitarios, similar al controvertido plan Ruanda que impulsó el Gobierno británico de Boris Johnson. “El objetivo está claro: el grupo del PPE quiere socavar políticas como el Pacto Verde o el Pacto de Asilo y Migración que ellos mismos votaron a favor en la legislatura anterior”.
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En la Eurocámara, los populares confían en su ventaja para poder decidir en quién apoyarse en la Eurocámara según qué iniciativa pretende sacar adelante la Comisión. Pero la mayoría alternativa es, ante todo, volátil y aunque permite sortear el bloqueo de las formaciones tradicionales, la dirigente germana necesita de socialdemócratas, liberales y verdes para aprobar el nuevo presupuesto de cara a 2027. La presidenta de S&D coincide con el PPE y la Comisión por crear un presupuesto que refuerce la Defensa, pero marca como línea roja recortar en políticas tradicionales: “Lo que pone en riesgo la supervivencia de Europa es recortar pensiones, sanidad pública y recursos sociales”, señaló García.
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