El juez Peinado ‘mata’ por error a la mujer de Pedro Sánchez en su último escrito: “La última fue en el tanatorio por la muerte de Begoña Gómez”

El juez instructor de la causa contra Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha presentado este martes una exposición razonada para pedir al Tribunal Supremo la imputación del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

En el escrito de 34 páginas (lleno de faltas de ortografía y de puntuación) da todos los argumentos que considera para la futura imputación del ministro. Sin embargo, en uno de los puntos que trata, en lo que parece un error, habla de la muerte de Begoña Gómez, e incluso de un supuesto tanatorio.

La “muerte” de Begoña Gómez

El juez utiliza la declaración del Bolaños como si punto fuerte para basar su argumentación, por lo que utiliza uno de los apartados para relatar lo que el ministro declaró en su presencia.

En un momento, en el que se está hablando de Cristina Álvarez, asesora en Moncloa de la mujer del presidente, relata la relación que ha tenido con ella. Tras asegurar que no conocía las funciones que tenía Álvarez, ni la conocía personalmente, ya que solo sabía que había una persona que la acompañaba siempre, el juez se detiene para explicar el último lugar en el que se habrían visto.

“La última fue en el tanatorio por la muerte de la Sra. Begoña Gómez”, asegura tajante el instructor en su escrito, al que ha tenido acceso Infobae España, dando a entender que la mujer de Pedro Sánchez habría fallecido y sus allegados participaron en su tanatorio.

¿Por qué pide la imputación de Bolaños?

Según el escrito del juez, solicita para Bolaños la imputación por un delito de falso testimonio y otro de malversación. El primero es por una incongruencia que tuvo con uno de los testigos, Raúl Díaz Silva.

El ministro fue preguntado por Peinado en varias ocasiones de quién fue la persona concreta que propuso o realizó el nombramiento Álvarez, a lo que el Ministro respondió que “no conocía el nombre de dicha persona”. Tras una comprobación realizada en ese mismo momento, recabando información, Bolaños acabó asegurando que la contratación la llevó a cabo Raúl Díaz Silva.

Ante este conocimiento, Silva fue llamado para declarar como testigo el 14 y 28 de mayo de 2025. En sus declaraciones el declarante dijo que él “no había sido quien realizó el nombramiento”. Esta diferencia entre ambos testigos es razón suficiente para el juez para solicitar la imputación del ministro, al considerar que si declaración bajo juramento fue “incierta”, “lo que le atribuye, indiciariamente la condición de investigado en un delito de falso testimonio“.

“Siendo el investigado, Félix Bolaños García, Ministro de Justicia, y, por tanto, el Notario Mayor del Reino, nos encontramos ante el paradigma de un oxímoron cuando, estando bajo juramento y en una diligencia judicial, su testimonio, en una actitud totalmente proterva, no se ajusta a la realidad", explica. Por esta razón, Peinado razona que “debe ser considerado como un testimonio falso y lo que constituye el indicio principal, para que se eleve esta Exposición razonada por el delito de falso testimonio en causa Judicial, además de por el delito de Malversación de fondos públicos”.

Sobre el delito de malversación, lo argumenta en que Álvarez habría incurrido de forma indiciaria en este delito, y esto significaría que Bolaños también. Al tener este delito “la consideración de un delito de carácter permanente”, todas las personas “que tuvieren bajo su responsabilidad la administración del correcto destino del patrimonio público, si no llevan a cabo, las actuaciones necesarias para evitar que se continúe, dando un destino distinto al que es propio para los caudales públicos, deben ser consideradas participes en dicho delito”.

Al haber sido Bolaños el Secretario general de la Presidencia desde el día 9 de junio de 2018, hasta el día 12 de julio de 2021, para más tarde ocupar dos ministerios diferentes, “se encuentra en cargos de máxima responsabilidad” y por lo tanto tenía bajo “su responsabilidad” a Álvarez, lo que para el juez es suficiente para “tener la condición de investigado en un hipotético delito de malversación”.