Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE y al que la UCO atribuye el amaño de contratos públicos dentro del llamado ‘caso Koldo’, ha pedido este viernes en el registro del Congreso la indemnización que le corresponde por haber sido diputado. El régimen de protección social de los parlamentarios establece que, tras dejar el escaño, los diputados tiene derecho a solicitar una indemnización de una mensualidad por cada año de mandato y hasta un máximo de veinticuatro mensualidades (dos años), el equivalente del subsidio de paro de los trabajadores asalariados.
En el caso de Santos Cerdán, fue elegido diputado por primera vez el 21 de mayo de 2019. Presentó su renuncia el pasado lunes 16 de mayo. El ya exdiputado dejó así de estar aforado y no será investigado por el Tribunal Supremo. Ese mismo lunes también tramitó su baja voluntaria del PSOE, un partido para el que empezó a trabajar como concejal del Ayuntamiento Milagro, en Navarra, en 1999.
Ahora le corresponderá una indemnización de seis mensualidades de 3.142,14 euros cada una, lo que supone un total de 18.853,84 euros. Eso sí, esta indemnización es incompatible con la percepción de cualquier otra retribución, sea del sector público o privado, y por ello se abona mes a mes. El ex dirigente socialista ha contado a su círculo privado que solicitaría la indemnización porque tras el escándalo que supuso el informe de la UCO que le acusaba de amañar contratos, se ha quedado sin ingresos al perder su cargo público y su puesto de dirección en el PSOE.
Además, Cerdán también ha aprovechado su visita al Congreso para presentar su declaración final de bienes. Esto es algo que todos los diputados tienen la obligación de hacer cuando dejan su escaño para que se vea con qué patrimonio empezaron el día que comenzaron su andadura pública y con qué patrimonio terminan.
Aplazamiento de su declaración
Santos Cerdán ha tenido una mañana muy ocupada. Su abogado ha pedido al Tribunal Supremo que aplace su declaración prevista para el próximo 25 de junio y fije una nueva fecha en julio. Alega “el volumen y la complejidad” de la causa que se instruye, en la que se investiga la supuesta trama de corrupción que también salpica a José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes. Si el magistrado Leopoldo Puente insiste en mantener la fecha de la comparecencia, Cerdán se acogerá a su derecho a no declarar. Cerdán se ha personado en la causa, después de que el juez advirtiera de la existencia de indicios “consistentes” de su implicación en la trama por la que también se investiga a Ábalos y a Koldo García.
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