“Temen denunciar, les paran hasta 10 veces al día”: la violencia policial en Lavapiés, el pan de cada día de muchos jóvenes migrantes

La presencia policial en la madrileña Plaza Tirso de Molina, uno de los espacios más concurridos del barrio de Lavapiés por su amplia variedad de comercios, bares y locales, es tan frecuente como las identificaciones que los agentes realizan a personas migrantes y racializadas, según han denunciado diferentes organizaciones sociales, que aseguran que estos controles responden a criterios discriminatorios. El pasado miércoles 4, sin embargo, una de esas identificaciones policiales acabó con un joven africano tendido en el suelo, esposado e inconsciente, tal y como mostraron las imágenes que grabaron varios testigos.

En los videos se puede observar, explican desde la Fundación Raíces, cómo a pesar de que el joven “se mostró tranquilo y no opuso en ningún momento resistencia, fue violentamente reducido por agentes municipales contra el suelo”, y a consecuencia de ello, perdió el conocimiento, quedó tendido en la calle y fue llevado “en estado inconsciente” al furgón policial. “Es terrible que este joven sintiera que iba a morir, más aún después de todo lo sufrido en su país de origen y tras ser protegido en España y esforzarse tanto para tener un futuro aquí como mêtre y modelo”, explica a Infobae España Lourdes Reyzábal, presidenta de la fundación, quien además asegura que esta “no es la primera vez” que se dan este tipo de actuaciones policiales contra jóvenes migrantes a los que la organización atiende.

Después de pasar una noche en el calabozo, la fundación solicitó la puesta en libertad del joven a través de un habeas corpus, un procedimiento que protege el derecho fundamental de cualquier persona a no ser detenida de manera arbitraria o ilegal, y el jueves 5 una jueza ordenó su puesta en libertad. “Tras tomarle declaración y observar las fotografías y grabaciones aportadas, la jueza consideró que el joven fue ilegalmente detenido, por entender que los agentes municipales se extralimitaron en su actuar”, añade la organización, dedicada a la protección y defensa de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social, especialmente aquellos de origen migrante.

Tras salir de comisaría, explican, el joven tuvo que acudir al hospital por los fuertes dolores que presentaba, además de dificultad respiratoria y limitación para mover un brazo que requirió de tratamiento médico, y ahora se plantea la posibilidad de denunciar lo ocurrido.

No es un caso aislado

La Fundación Raíces asegura que este no es un caso aislado, pues “recibe constantemente relatos de menores y jóvenes sobre actuaciones desproporcionadas por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, controles que, además, añaden, se dirigen en mayor medida “contra una parte muy concreta y vulnerable de la población, siempre bajo excusas preventivas de seguridad, pero que, en realidad, no están legitimadas”, explica la abogada del joven, Carmen Ordóñez.

Muchos de los jóvenes migrantes que reportan controles e identificaciones policiales con uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, “no se atreven a denunciar por miedo a represalias”, señala por su parte Reyzábal. “Temen que les vayan a denegar los papeles y que la Policía les acuse de delitos como atentado a la autoridad o resistencia durante esas intervenciones”, porque tener antecedentes policiales puede dificultar el proceso de regularización de los menores migrantes no acompañados. “Algunos chavales nos cuentan que la policía les ha parado [para identificarles] hasta 10 veces en un mismo día”, añade.

En el caso del joven detenido en Lavapiés, a pesar de que “tiene el proceso de regularización hecho”, trabaja y no cuenta con antecedentes penales, el miedo sigue presente. “La brutal detención que sufrió le ha hecho revivir muchas cosas y pasarlo muy mal. Más allá de las contusiones físicas, está hecho polvo a nivel psicológico”, aclara Reyzábal.

La Fundación Raíces atiende tanto a niños, niñas y adolescentes migrantes que han llegado solos a España, sin su familia, como a quienes una vez cumplen los 18 años se ven obligados a salir del sistema de protección y “se quedan en la calle”. La mayoría de estos menores, recuerda la organización, huyen de sus países de origen debido a situaciones de violencia, conflictos armados o condiciones de extrema vulnerabilidad y buscan en España nuevas oportunidades.

Cabe también recordar que cuando un migrante desembarca en costas españolas y alega ser menor de edad pero no cuenta con un documento que lo acredite o se sospecha que puede ser un adulto, la Administración comprueba si es cierto o no mediante una prueba ósea que determina su edad, unos exámenes muy criticados por su amplio margen de error de dos años y cuyos resultados suelen demorarse mucho, lo cual deja a muchas personas en un limbo. La edad es determinante para su futuro, ya que si se trata de una persona adulta y carece de documentos, será expulsada, mientras que si es un menor, debe ser protegido por el Estado.

“Son moneda de cambio”

La mayoría de los menores migrantes no acompañados se encuentra actualmente en Canarias, cuyo Gobierno tutela a más de 5.000, por lo que sus centros se encuentran saturados, al igual que Ceuta y Melilla. Y aunque el pasado mes de marzo el Gobierno central aprobó un decreto que modifica los criterios de distribución de estos menores entre las comunidades autónomas, con el objetivo de aliviar la presión en los territorios más tensionados, las regiones siguen sin ponerse de acuerdo.

En ese sentido, Reyzábal denuncia que desde hace mucho tiempo los menores migrantes “son moneda de cambio política y no solo entre nuestros propios partidos, sino también entre distintos países”, de forma que recuerda que en 2021 se produjo un salto masivo a la valla de Ceuta en un contexto de tensiones diplomáticas entre España y Marruecos, provocado por la acogida en territorio español del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para recibir tratamiento médico.

Por todo ello, desde la Fundación Raíces reclaman a las autoridades políticas que cumplan “tanto con los ordenamientos jurídicos internos como con los tratados internacionales” como la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas para dar protección a los menores migrantes que llegan al país. “No puede ser que sean nuestras propias administraciones las que una y otra vez vulneran los derechos de estos niños. El Estado debe protegerlos y escucharlos, porque cuando se garantizan sus derechos -reciben protección, formación y acompañamiento-, su vida cambia”, evitando así la exclusión social.