
Sarah Morris, ciudadana británica de 50 años y residente en Stoke-on-Trent (Reino Unido) ha sido condenada a prisión tras descubrirse que recibía una pensión por discapacidad severa al tiempo que participaba activamente en carreras de atletismo.
Según informan desde La Dépêche, todo comenzó en 2005 con un diagnóstico de esclerosis múltiple, una enfermedad incurable que puede afectar gravemente la movilidad y la autonomía de quienes la padecen. Tras el diagnóstico, la administración concedió a Morris una prestación para adultos con discapacidad, basada en la naturaleza y la gravedad de su afección.
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Alegó un deterioro de su salud, aunque corría numerosas maratones
Quince años más tarde, en 2020, Morris decidió comunicar a las autoridades una supuesta agravación de su estado de salud. En sus declaraciones aseguró que le resultaba imposible cocinar de pie y que sufría pérdidas recurrentes del equilibrio hasta tal punto que temía por su seguridad incluso para salir de casa. Basándose en este relato de incapacidad, el Estado británico le aprobó una pensión por discapacidad severa, un subsidio de cuantía sensiblemente superior al que percibía hasta entonces.
El relato de Morris ante la administración contrastaba, sin embargo, con su presencia pública. Aunque su enfermedad es real, omitió la información sobre una parte significativa de su vida: su pertenencia activa a un club de carreras, el Stone Master Marathoners, conocido por organizar regularmente maratones de cinco y diez kilómetros. Entre 2019 y 2022, la británica participó en 73 carreras, una cifra que no pasó inadvertida cuando los investigadores acudieron a su perfil de Facebook y se toparon con decenas de imágenes que la mostraban cruzando metas, enfundada en ropa deportiva y en pleno movimiento. Si se busca defraudar para obtener una pensión por incapacidad grave, quizás no es muy buena idea tener pruebas públicas de que, en realidad, se tiene un grado de autonomía y movilidad muy superior al que se alega.
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Ocho meses de prisión por fraude
El caso llamó la atención de las autoridades, que establecieron entonces una vigilancia presencial para comprobar hasta qué punto la situación declarada por Morris coincidía con la realidad. La investigación culminó en 2024 en una condena a ocho meses de prisión por falsedad en la declaración para la obtención de prestaciones públicas.
Esta semana, el tribunal volvió a citar a Morris para exigirle la devolución, en un plazo máximo de 28 días, de un total de 22.386 libras - unos 26.000 euros - percibidas en concepto de ayudas por discapacidad severa. En la resolución, la justicia británica advertía de que, en caso de no afrontar el reembolso, la sanción se traduciría en nueve meses de prisión.
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El caso Sarah Morris pone de relieve las dificultades para ajustar la protección social a realidades complejas como la esclerosis múltiple, una enfermedad que puede manifestarse con síntomas variables y periodos de mejoría. El tribunal dejó constancia expresa de que la mujer sufre, efectivamente, la enfermedad crónica, pero calificó su conducta como una omisión voluntaria de información relevante a la administración, especialmente cuando la prestación otorgada depende de la gravedad real de la incapacidad. No es que mintiese sobre su enfermedad, sino sobre la gravedad de la misma. Al final, el haber publicado aquellas imágenes en redes sociales y el haber participado en tal número de maratones jugaron un papel central en la decisión judicial.
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