El tráfico de drogas, la principal actividad del crimen organizado en España durante 2024: “Se está observando un cambio”

El crimen organizado y la delincuencia grave se mantienen como una de las amenazas para la seguridad y bienestar de los ciudadanos. Así se desprende del Informe Anual de Seguridad Nacional 2024, aprobado en abril y dado a conocer este jueves por el Gobierno. En lo que respecta al crimen organizado, el texto subraya que mantiene una prevalencia de actividades criminales relativas a los tráficos ilícitos, especialmente de cannábicos y de cocaína, seguidas, en menor medida, por actividades delictivas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

“Aunque durante un tiempo se ha mantenido por parte de los grupos de crimen organizado una tendencia hacia la policriminalidad, aprovechando las infraestructuras y logística existentes para simultanear la comisión de diferentes actividades delictivas, en los últimos años se está observando un cambio, con un predominio de la especialización en una única actividad ilícita”, añade el informe.

Este documento pone el foco en el modus operandi de estas organizaciones criminales, que tienden a actuar en un entorno delictivo interconectado, mostrando una notable agilidad y capacidad de adaptación, lo que les permite aprovechar los cambios que se producen en el entorno y operar de manera efectiva y duradera. Así, “la transnacionalidad y el uso de herramientas TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) continúan siendo elementos clave en la lucha contra esta amenaza”.

El crimen organizado se nutre de las nuevas tecnologías para expandir su influencia, optimizar sus actividades y actuar con mayor impunidad. La motivación principal de estas formas de criminalidad es la obtención de “beneficios financieros” que, en ocasiones, son reinvertidos con el fin de continuar, facilitar o ampliar sus actividades delictivas. “Las organizaciones siguen recurriendo, en gran medida, a medios para facilitar la delincuencia, como la corrupción, la violencia, el blanqueo de capitales o el uso indebido de estructuras empresariales legales”.

El Gobierno se hace eco de la alerta de determinados Servicios de Inteligencia Hostiles (SIH, que) estarían utilizando y apoyándose en estructuras criminales para el desarrollo de acciones que obedecen a sus intereses, facilitando “la comisión de actividades ilícitas a gran escala”.

Por otro lado, el Ejecutivo informa de que la invasión de Rusia a Ucrania ha influido en el ámbito de la criminalidad organizada y, especialmente, de la que opera en estos países. “Los recursos, relaciones, sectores de influencia y canales a través de los que llevan a cabo sus actividades están siendo aprovechados por estructuras de poder rusas, que se han visto privadas de sus canales de actuación habituales. Para darles soporte, además de continuar con sus actividades tradicionales, las organizaciones criminales colaboran realizando movimientos de dinero, de bienes y servicios para evadir sanciones, así como participando en actividades de sabotaje”.

En cuando al tráfico de drogas, y particularmente de cocaína, “se mantiene como una de las mayores amenazas para la salud y seguridad de los ciudadanos, así como para la integridad de las instituciones públicas y privadas”. La tendencia alcista iniciada en 2020 en las incautaciones de cocaína en España, con la vía marítima a través de contenedores como principal forma de entrada, parece estabilizarse en el año 2024, siendo los puertos de Barcelona, Valencia, Algeciras y Vigo los de mayor afectación por este fenómeno.

El informe confirma que la ruta atlántica es la principal vía de entrada a territorio español, oculta entre o en la carga legal o bien en el interior de la estructura de los contenedores. “En octubre de 2024 se registró el mayor alijo en contenedor detectado hasta la fecha en España y el segundo en Europa, con más de 13 toneladas de cocaína incautada en el puerto de Algeciras procedente de Ecuador”. Por otro lado, se consolida la ruta marítima de traslado de cocaína desde Sudamérica y Centroamérica hacia el Golfo de Guinea, por lo que los itinerarios que transitan por la zona norte de África Occidental siguen siendo un punto de especial interés en la lucha contra el tráfico de esta sustancia hacia Europa a través de España.

Con respecto a la marihuana, los datos provisionales indican una disminución de las cantidades incautadas con respecto a 2023, año en que experimentaron un abrupto descenso (-59%). En cuanto a las plantas de cannabis, los datos indican un ligero aumento respecto a las cantidades incautadas en 2023, periodo en el que también se produjo un descenso con respecto al año anterior (-49%). Siguen prevaleciendo los cultivos en la modalidad indoor, llegando a prácticamente desaparecer la modalidad outdoor en algunas comunidades autónomas. Asimismo, “continúa siendo común el uso del cultivo y tráfico de marihuana como financiación de otras actividades ilícitas, y su combinación con otros tráficos, especialmente el de hachís, pero también el de otras sustancias químicas, en algunos casos incluso drogas de síntesis y nuevas sustancias psicoactivas (NPS, por sus siglas en inglés)”.

En relación con tráfico de hachís, la vía marítima permanece como la principal vía de entrada, mediante el uso de todo tipo de embarcaciones. También existe un importante tráfico por carretera desde los ferris de Almería y Cádiz hacia Francia y el resto de Europa. Los datos provisionales indican un descenso en la cantidad aprehendida respecto a 2023.

Por otro lado, el informe subraya la reducción en las cantidades de hachís incautado, que coincide con la implantación del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar. Si bien, este hecho contrasta con el aumento de la violencia ejercida por los grupos organizados que actúan en esta área geográfica del Campo de Gibraltar, bien para la protección de su carga o bien para interferir en las funciones de las autoridades competentes, lo que llegó a ocasionar el fallecimiento de varios miembros de la Guardia Civil y un “aumento en la sensación de inseguridad”, una situación que ha obligado a llevar a cabo un mayor esfuerzo en la preservación de la seguridad en la zona.